En el más reciente Informe de Calidad de Vida “Panamá, ¡cuéntame!”, publicado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), los datos nos hablan de un país en deterioro: el 47% de los panameños no come los tres golpes al día; casi 140 mil estudiantes no lograron matricularse en ninguna institución educativa en 2024; y el 70% de los panameños tiene un salario mensual por debajo de los $800, a pesar de que el costo de vida se encuentra por encima de los $1,000. Los delitos, los homicidios y la violencia doméstica crecen cada año.

La realidad es triste y difícil, pero no es nada nuevo. Nos hemos acostumbrado a la malnutrición, al agotamiento permanente, a la pobreza multidimensional que afecta nuestra salud física y mental, nuestras relaciones familiares, nuestra educación y nuestra capacidad de planificar una vida plena. Aguantamos lo que hay y aguantamos lo que viene, como dice Residente.

Pero ¿por qué? ¿Por qué aguantamos tanto? ¿Por qué normalizamos sobrevivir cada día, entendiendo que tenemos derecho a mucho más?

La filósofa Hannah Arendt escribió en su obra Los orígenes del totalitarismo (1951) que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) exige que estos derechos, que son de naturaleza política y social, sean garantizados y defendidos por los Estados-nación que firmaron la declaración, los mismos Estados-nación que se fundan en los principios de soberanía nacional y territorial. De ahí surge una contradicción que nos interroga todos los días: ¿cómo se pueden garantizar derechos que son externos a nuestra propia trayectoria democrática, que no han sido completamente incorporados al marco jurídico y aún menos integrados a la conciencia popular? ¿En qué contexto político son dados y garantizados estos derechos y cómo se logra materializarlos?

Para Arendt, la respuesta a la contradicción entre derechos universales y soberanía nacional yace en el concepto jurídico-político del “derecho a tener derechos”. Para poder gozar de nuestros derechos, primero debemos reconocernos como sujetos políticos con la capacidad de reclamarlos, saber que podemos exigir más.

Cada ser humano forma parte de una comunidad política, el Estado, y es dentro de esa comunidad donde podemos expresar nuestros reclamos por los derechos que consideramos que nos corresponden: el derecho al agua, a la vivienda, a la alimentación, a la seguridad y muchos más.

Ser sujeto político se entiende hoy bajo el concepto de ciudadanía. Sin embargo, este concepto es excluyente: no concede los mismos derechos a toda la población ni tampoco en todo momento. Excluye a los extranjeros, a los menores de edad, a las personas mayores o con discapacidades cognitivas, a los detenidos y a varios otros grupos marginalizados, por lo que los derechos humanos cesan de ser universales y se vuelven jerarquizados. Se da una categorización del ser ciudadano.

Arendt busca romper con esta jerarquización cuando dice que cualquier ser humano, por el simple hecho de existir, puede reclamar derechos. El Estado podrá categorizar a los ciudadanos; sin embargo, si integramos ese primer derecho a tener derechos, podremos concebir una ciudadanía independiente del Estado mismo. Una ciudadanía que sea capaz de materializar sus derechos.

Al expandir este concepto fuera del marco jurídico, hacia el terreno político-social, entendemos que la ciudadanía no consiste solamente en tener una cédula de identidad o en participar en elecciones cada cinco años, sino que se trata de una identidad con agencia dentro de una comunidad política que nos convoca a accionar.

¿Qué mecanismos podríamos implementar para promover una participación ciudadana que rebase los espacios limitados que hoy en día se proveen y que son insuficientes? Desde abril ha quedado pausado el proyecto de ley 313, que descentraliza la administración pública, proyecto que busca aumentar los espacios para que los ciudadanos se involucren.

Pero, si contabilizamos la asistencia actual a las audiencias y consultas de participación ciudadana, vemos que son pocas las personas presentes en estos procesos. Los mecanismos actuales pueden y deben fortalecerse, pero no son suficientes para impulsar una ciudadanía con mayor presencia en el desarrollo del país.

Son muchas las razones por las que los panameños no participan, empezando por el entendimiento de qué es la democracia. Solo el 16% de la población considera que la democracia implica procesos electorales y participación ciudadana; el resto considera que la democracia tiene que ver con estamentos de seguridad (31%), con igualdad (31%) y con libertad (22%) (Barómetro de las Américas, LAPOP Lab, 2025/2026). Esta es una visión totalmente liberal de la ciudadanía, una que exige cumplimiento por parte de las instituciones, pero en la que los ciudadanos no asumen una participación activa o directa en los procesos democráticos.

Simultáneamente, observamos una pésima opinión de esas mismas instituciones: las peor valoradas de todo el país son el Gobierno (11.5%), la Asamblea Nacional (12.1%) y los partidos políticos (10.8%) (Encuesta de Ciudadanía y Derechos, CIEPS, 2025).

Hay un descontento generalizado con las instituciones gubernamentales actuales, las mismas que no cumplen con garantizar nuestros derechos, por lo que no podemos esperar que de ahí venga la solución. Tampoco tenemos una perspectiva de la democracia que sea participativa o integradora; la ciudadanía no se siente con el derecho o con la responsabilidad de hacer algo.

Las respuestas deberán aparecer en el proceso de una toma de conciencia, un tanto lenta pero ampliada, de que la democracia y la participación ciudadana concreta se logran cuando los ciudadanos ocupan el espacio que no se les ha dado, pero que les corresponde; cuando la ciudadanía entra al escenario político y deja de ser espectadora.

El pueblo tiene un rol que jugar en las transformaciones de las reglas que lo siguen condicionando a valores del siglo pasado. Para superar el estancamiento en el que nos encontramos desde hace décadas, un estancamiento que se alimenta de la creciente desigualdad y de la pobreza multidimensional que hace estragos en la mayoría de la población, esta misma mayoría debe empezar por dejar de aguantar y comenzar a adueñarse del rol social que le toca, entender que tiene derecho a tener derechos y exigirlos.

La autora es socióloga e investigadora asociada del CIEPS.