La noticia se esparció tan rápido como la explosión en la vivienda del periodista de investigación panameño Rolando Rodríguez del diario La Prensa. Afortunadamente, con la misma velocidad emergieron los apoyos de prácticamente todos los sectores de la sociedad, comenzando, como es lógico, por todos los gremios de prensa, desde el oeste, en Chiriquí, hasta el este, en Colón, pasando por Veraguas y Panamá.
Pero no se quedó allí. Un póster variopinto dio cuenta de la unidad del país en repudio de este acto de terrorismo -no hay otra forma de calificar este hecho- y, en correspondencia directa, de la defensa del ejercicio de las libertades de expresión y de prensa y de la vida misma, en primer lugar. Los pronunciamientos del presidente de la República, de la presidenta de la Asamblea Nacional, del Ministerio Público, y de la Defensoría del Pueblo, que solicitó medidas de protección para el reportero y su familia, fueron expeditos.
Dentro de la línea de investigación en Comunicación del CIEPS, desde 2019 hemos venido documentando y analizando los hechos que vulneran las libertades de expresión y de prensa en el país; asimismo, hemos colaborado con diversas organizaciones internacionales encargadas de elaborar los índices y barómetros que dan cuenta de su estado en Panamá. Por solicitud del Fórum de Periodistas y el apoyo de la Unión Europea en 2025 publicamos el Estudio sobre las Libertades de Expresión y de Prensa en Panamá.
Ello nos permite subrayar, sin ambages, como lo hizo Rolando Rodríguez en la conferencia de prensa que ofreció el diario La Prensa junto al presidente y director editorial de ese medio, que este atentado marca un hito en la historia reciente de Panamá. Hubo un antes, hay un hoy y debería haber un después donde no haya espacio para la impunidad.
En concordancia con el artículo 13 de la Convención Americana de la Organización de Estados Americanos, en Panamá el derecho a la libertad de expresión está sujeto a responsabilidades ulteriores cuando se atente contra la reputación o la honra de las personas. En el país, tales responsabilidades han sido establecidas tanto por la vía penal, a través de la tipificación de la calumnia y la injuria, como por la vía civil, mediante el proceso por daños y perjuicios. Hasta ahora, como destacó Rodríguez, las acciones para inhibir la publicación de reportajes sobre casos de corrupción se llevaban a cabo en los tribunales.
En este sentido, en su informe de 2024 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE) expresó su preocupación por la continua activación de procesos judiciales y acciones legales contra periodistas y medios de comunicación que exponen asuntos de interés público.
Sin embargo, en los últimos barómetros que miden el estado de las libertades de expresión y de prensa, Panamá aparece entre los países del hemisferio mejor valorados. Durante dos años consecutivos, el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa elaborado por la SIP (2024, 2025) ha incluido a Panamá entre los países de baja restricción dentro de las Américas.
En su último informe, la organización Reporteros sin Fronteras destacó que los periodistas panameños trabajaban en un entorno relativamente estable, que las agresiones eran muy escasas, y que la principal amenaza hacia la profesión provenía del entorno judicial.
En 2023, sin embargo, un informe la RELE destacó la emergencia de un problema, presente en otros países de la región: la hostilidad hacia medios y periodistas, la cual fue particularmente notoria durante la cobertura de las movilizaciones sociales de ese año.
Lo sucedido este sábado sobrepasa, y con creces, las acciones que han podido ser documentadas anteriormente en contra el derecho a la libertad de expresión, que también incluye el que tienen las audiencias de estar informadas.
Como dijo el reportero en sus primeras declaraciones públicas, el atentado que sufrió no fue solamente en su contra, sino que opera como acicate para causar temor entre el resto de los medios y periodistas con el fin último de generar autocensura. Sin embargo, a juzgar por la reacción de la sociedad panameña, el efecto fue el contrario: 33 medios de comunicación, entre locales y extranjeros, se aliaron para replicar y difundir la investigación en la que trabajaba el reportero. Asimismo, distintas organizaciones de medios convocaron a una manifestación de rechazo a la agresión sufrida por Rodríguez frente a la sede del diario La Prensa.
Se ha marcado un hito en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa en Panamá. Su futuro no debería desligarse de la tradición que, con sus altas y sus bajas, ha privado en el país. Para ello, la actuación diligente y certera por parte de los organismos de investigación y de justicia es un imperativo.
