El 29 de octubre en la tarde, mientras cubría acciones de protesta en las inmediaciones de la Asamblea Nacional de Diputados, agentes de la Policía Nacional detuvieron al periodista Juan Cajar, de La Estrella de Panamá, junto con 5 jóvenes manifestantes. Antes de la medianoche Cajar fue liberado, y 3 días después, el 2 de noviembre, la Policía desistió de los cargos por “alteración del orden público” que había formulado en su contra.

Según un comunicado emitido por el ente del Ministerio de Seguridad, el reportero había sido detenido por encontrarse entre el grupo de manifestantes y no portar una identificación visible, como el resto de los periodistas que cubrían los hechos. No obstante, videos que circularon en las redes sociales, y que fueron difundidos por La Estrella de Panamá, desmintieron esa versión.

Luego del desistimiento de la acusación, las autoridades policiales admitieron “que se equivocaron, que se confundieron”, según el testimonio de Orestes Arenas, abogado de la Universidad de Panamá, quien asistió a Cajar en su condición de docente de la Escuela de Relaciones Internacionales.

La detención de Cajar, quien labora en el periódico más antiguo del país, se produjo ocho días después de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo , reafirmara el compromiso de su gobierno con la defensa de las libertades de prensa y expresión, al convertirse en el quinto Jefe de Estado panameño en ratificar con su firma la Declaración de Chapultepec, y el primero de la región en suscribir la Declaración de Salta, documentos que constituyen la base principista de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La firma de estas declaraciones se produjo el 21 de octubre en el Palacio de Las Garzas y formó parte del acto inaugural de las 76° Asamblea anual de la SIP, evento en el que se presentó el Índice Chapultepec, una herramienta de medición desarrollada por esta organización para calibrar el estado de las libertades de prensa y expresión en 22 países de América, de acuerdo con los principios de las mencionadas declaraciones, adoptadas por la institución en 1994 y 2018, respectivamente.

En el Índice Chapultepec se evalúan los factores que influyen sobre las libertades de expresión y de prensa en cuatro dimensiones: ciudadanía informada y con libertad de expresión, ejercicio del periodismo, violencia e impunidad, y control de los medios. Asimismo, se valora la influencia que pueden ejercer los poderes públicos sobre ellas.

Con base en una metodología diseñada por expertos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, el Índice analizó el período comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020 por medio de una amplia consulta con un grupo de analistas compuesto por directores de medios, periodistas, abogados, académicos y líderes sociales.

¿Qué dice el Índice sobre Panamá?

De acuerdo con el informe, en Panamá prevalece un clima favorable a la libertad de expresión, pero con restricciones parciales. Se ubica ligeramente sobre la mitad del conjunto de países analizados con 55 puntos, de un total de 100 posibles. Esta categoría es compartida por la mayoría de los países centroamericanos, con las excepciones de Costa Rica, que está en una mejor posición con 76,75 puntos, y de Nicaragua, que, con apenas 16, revela un indicativo de severas restricciones.

En líneas generales, y siguiendo el informe, puede afirmarse que los medios de comunicación y periodistas trabajan en un clima de libertad en Panamá, un país con graves asimetrías sociales que, de acuerdo con el Banco Mundial, exhibió importantes tasas de crecimiento económico durante los últimos años, con algunos efectos en el descenso de los índices de pobreza, aunque con altos índices de corrupción, según la ONG Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de Transparencia Internacional.

Sobre este último fenómeno, el Informe revela que durante la pandemia, la divulgación de algunos datos de presunta corrupción en la compra de equipos médicos ocasionó la destitución de la ministra de salud y la suspensión de las conferencias de prensa de ese despacho, lo cual limitó las libertades informativas, aunque posteriormente fueron restituidas. Según la encuesta del CIEPS sobre el impacto del coronavirus en la conducta y la opinión pública, realizada en el mes de junio, la corrupción se ubicó como el primer problema del país, seguido por la desigualdad.

El grupo de jóvenes que convocó la movilización del 29 de octubre lo hizo para protestar por la distribución de recursos propuesta por la Asamblea Nacional, una institución que ha sido cuestionada por hechos de corrupción y algunos de cuyos miembros, de acuerdo con los expertos consultados para la elaboración del Índice Chapultepec, han manifestado comportamientos que constituyen una amenaza a las libertades de expresión y de prensa. Sin embargo, en esta oportunidad las restricciones a la prensa provinieron del órgano Ejecutivo, por medio de un ente del ministerio de Seguridad Pública, aunque el estamento policial finalmente desistió del proceso en contra del periodista.

En este sentido, vale acotar que, aunque de los tres entornos analizados en el Índice Chapultepec (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el Ejecutivo es el peor calificado por los consultados, los resultados igualmente revelan que este no ejerce una fuerte influencia sobre las dimensiones analizadas, entre ellas el ejercicio del periodismo.

Luego del desistimiento judicial, el editor de La Estrella de Panamá ponderó como positiva la acción de la fuerza pública. No obstante, los gremios periodísticos y asociaciones de prensa hicieron notar en un comunicado que, aunque el presidente Laurentino Cortizo había solicitado la inmediata liberación de Cajar, “la orden no fue inmediatamente acatada por el director de la Policía Nacional”. Esta afirmación resuena con las reflexiones de García Rendón, investigador del CIEPS, quien alerta sobre el papel protagónico de control que se ha dado a las fuerzas de seguridad en medio de la pandemia, y a la vez llama la atención sobre las garantías en el ejercicio de los derechos fundamentales, cuyo descuido significaría el descuido de la propia democracia.

Los compromisos de Panamá

En su artículo diecinueve, la declaración universal de los derechos humanos establece la necesidad de proteger la libertad de expresión como un derecho fundamental. De la misma forma, en su artículo decimotercero, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, conocida como el Pacto de San José, consagra los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión.

El derecho a la libertad de expresión, sin embargo, no solo es un derecho humano que debe ser protegido, sino que constituye un cimiento para la democracia, ya que solo por medio del pleno ejercicio de la libertad de expresión e información, que garantiza la libre circulación de ideas, es posible la defensa de otros derechos fundamentales. Es el pleno ejercicio de las libertades de expresión y de prensa lo que posibilita el escrutinio y el control de la gestión pública, la deliberación pública informada y la vigilancia del poder o de las presiones que pudiesen ejercer los intereses corporativos sobre los gobiernos que administran el Estado.

Al inicio de su mandato, en septiembre de 2019, el presidente Cortizo se reunió con los miembros del Consejo Nacional de Periodismo, quienes destacaron que esa visita era la primera en producirse en una década. En este encuentro, el primer mandatario “se comprometió a cumplir con los principios universales de una prensa libre y libertad de expresión, tal como establece la Declaración de Chapultepec, promovida por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y suscrita por Panamá”.

Un año después, el 21 de octubre, el Jefe del Estado panameño firmó esta Declaración, junto con la de Salta, con uno de los Lápices Inmortales hechos a propósito de una campaña que, además de honrar la vida de más de 500 periodistas asesinados en las últimas décadas en América, busca crear conciencia acerca de la necesidad de garantizar su protección y de salvaguardar las libertades de expresión y de prensa en la región. En ese acto estuvo presente Eduardo Quirós, Presidente del Grupo Editorial El Siglo – La Estrella (GESE) y vicepresidente de la SIP, quien destacó que Cortizo, durante su gestión como ministro de Estado en el año 2005, había firmado el proyecto de ley para derogar las denominadas “leyes mordaza” de la década de los 70.

El artículo cuarto de la Declaración de Chapultepec reza textualmente:
“El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.”

En el contexto de la crisis económica, que pudiera agudizarse en los meses por venir, causando más movilizaciones, vale la pena subrayar una recomendación hecha por Quirós en cuanto a la necesidad de intensificar la capacitación de los uniformados en la forma en que deben ser atendidas las protestas pacíficas y, en general, en materia de derechos humanos. La recomendación pudiera extenderse a otros funcionarios que en ocasiones ejercen acciones para impedir la cobertura de asuntos de interés público. Además de las Declaraciones de la SIP, refrendadas por el Jefe del Estado, se debe recordar que, formalmente, las disposiciones relativas a las libertades de expresión y de prensa establecidas en el artículo decimotercero de la Convención Americana, son de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados que la han ratificado, entre los que se cuenta Panamá.