Última actualización: jueves 2 de julio de 2020

Populismo 1 – Pandemia 0

Durante las últimas dos semanas, las proyecciones económicas para América Latina han empeorado. El World Economic Outlook ha revisado su estimación de la caída del PIB de la región, colocándolo ahora a un 9.4% para 2020. Al mismo tiempo, anticipan que la recuperación empezará en 2021. En este contexto, las respuestas de los ciudadanos a las acciones de sus gobernantes han sido diversas, a pesar de una tendencia general en la región de no poder identificar planes y medidas para responder a las necesidades diferenciadas de grupos vulnerables.

Se han hecho varias críticas a López Obrador en México y a Bolsonaro en Brasil por su manejo de la crisis del coronavirus. En ambos la reacción fue, en el mejor de los casos, tardía y se utilizó la imagen presidencial para difundir información que desincentivó el distanciamiento social durante la pandemia. López Obrador habló de mantener el contacto físico y los abrazos, en tanto que Bolsonaro desestimó el virus al presentarlo como una gripe común para la que los brasileros tenían especial resistencia.

Como resultado, los dos países han experimentado un aumento exponencial de los contagios. A pesar de los altos niveles de contagio, se reportan limitados números de pruebas y que la información oficial sobre los casos es superior a la reportada. Brasil cuenta ya con 1,400,000 casos y casi 70,000 muertes. Por su parte, México ha reportado alrededor de 230,000 casos y 30,000  muertes.

A pesar de este cuadro, esta semana apareció una encuesta donde la aprobación de la gestión de López Obrador aparece por encima del 68%, mientras que Bolsonaro mantiene una aprobación estable. Es una agenda de investigación siempre vigente el de qué modo los liderazgos populistas reemplazan el prototipo del votante racional que calcula sus beneficios y estima la mejor opción, en esencia un mito para la ciencia política, desplegando en su lugar lógicas de vinculación política que pueden desafiar cualquier análisis.

Sea también este un llamado a evitar el error de señalar a los seguidores de estos liderazgos como masas desordenadas e ignorantes, justo la forma en que Gino Germani abordó el populismo de Perón, y que marcó toda una postura en las ciencias sociales. Sea este un llamado a entender que los mecanismos de conexión política de estos liderazgos son complejos, relativamente estables, y que están en nuestros sistemas políticos para quedarse.

Medidas diferenciadas para los más vulnerables
Las afectaciones económicas por el nuevo coronavirus en conjunto con el alargue de las medidas de confinamiento están generando más afectación en grupos vulnerables, en particular su alimentación, vivienda, salud física y salud mental.

La mayoría de los gobiernos están haciendo esfuerzos para satisfacer las necesidades bajo una política generalizada que no está considerando las necesidades particulares de los grupos. Sin embargo, algunos se han apegado a los lineamientos y recomendaciones de los organismos internacionales a los que pertenecen para establecer planes de acción incluyentes.  Al respecto, se destacan:

  • Costa Rica: Donde se han diseñado planes específicos para atender a distintos grupos como el plan para atención de las poblaciones indígenas (ver mediadas de América Latina en este Monitor). Igualmente, el gobierno ha entendido el tema de los cuidados como un trabajo que realizan las mujeres y ha establecido un apoyo económico de $171 para mujeres jefas de hogar que tienen a su cuidado personas dependientes.
  • Chile ha aumentado el ingreso de emergencia de  $247 a $493 y ha diseñado una página web con las políticas establecidas en distintas áreas de forma organizada. Dentro de las medidas diferenciadas están, la ampliación de la cobertura de la protección del empleo y mejora el seguro de cesantía. Asimismo, en materia de cuidados se han diseñado estrategias dirigidas a la atención de personas adultas mayores que se encuentran realizando actividades de cuidados.

Actualización del jueves 18 de junio

Una crisis total
A 113 días del primer caso confirmado de COVID-19 en América Latina, nuestro entendimiento sobre la naturaleza y posibles consecuencias de esta pandemia ha cambiado significativamente.  En términos económicos, los organismos internacionales como la Cepal y el FMI han dejado de describir la situación en términos de una crisis de oferta y demanda, y han recalcado que la raíz del problema no es financiero. En su lugar, se ha comenzado a entender que esta es una crisis total que afectará la composición demográfica de los países de América Latina, su capacidad de explotar sus recursos existentes y que exigirá replantear los modelos integración regional, de productividad y de protección social existentes. Por su parte, cualquier plan económico debe considerar que la pandemia será de larga duración (por lo menos dos años), que puede incrementar el número de personas viviendo en condiciones de pobreza en 4.4 puntos porcentuales.

Respuesta gubernamental
Las más recientes cifras de los montos que los gobiernos han movilizado para enfrentar la crisis nos dan una indicación de la seriedad del reto. La figura 1 muestra el rango del peso de esta inversión (entre el el 0 y el 10% del PIB). Países como República Dominicana muestran un bajo porcentaje de inversión fiscal, pero cuentan con herramientas monetarias que países como Panamá, Ecuador y El Salvador no tienen.

En el caso de Panamá, la proporción del gasto gubernamental anunciado en relación al PIB incrementó significativamente en menos de 30 días (del 3.5% al 6.36%). Sin embargo, este anuncio o compromiso de gasto aún no se ha traducido en el tipo de plan estratégico económico y social que sería necesario para enfrentar este tipo de crisis total. Igualmente, la ausencia de políticas monetarias en Panamá muestran la preferencia del país de mantenerse en una situación donde tienen menos herramientas de políticas públicas para enfrentar crisis como estas.

Figura 1. Porcentaje de gasto fiscal como proporción del PIB. Países de América Latina. Fuente: Fondo Monetario Internacional y Elgin. et al., (2020)

Igualmente, Panamá es uno de los países que más se ha beneficiado de las facilidades de financiamiento de emergencia del FMI, no solo en América Latina como lo muestra el cuadro 1, sino también a nivel mundial.

Cuadro 1. Financiamiento de emergencia del FMI Países de América Latina (seleccionados) Fuente: FMI, 2020.

Basados en estas nuevas apreciaciones de la crisis, comienza a emerger un consenso sobre la necesidad de:

  • Reformas tributarias (p.e., sistema progresivo de impuestos e impuestos al patrimonio) que vengan acompañados de colaboraciones internacionales para crear una base de datos sobre la riqueza offshore,
  • Repensar el papel de las políticas monetarias, nuestro entendimiento del endeudamiento y los beneficios de la dolarización,
  • Reformar las redes de protección social de manera que no se mantengan paralelas a procesos de desarrollos productivos.

Integración regional
El sistema de integración centroamericana (SICA) sigue coordinando acciones comerciales y financieras para apoyar a sus países miembros. Por ejemplo, ha gestionado para que diferentes socios (como Socios  para  el  Desarrollo,  Unión  Europea  y  la Cooperación Financiera Alemana a través del KfW), a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, pongan a disposición $350 millones al sector financiero para el financiamiento de MIPYMES afectadas por el COVID. Igualmente, SICA ha sido el centro de negociaciones para asegurar que el transporte terrestre en la región no se detenga, llegando a acordar una serie de “Lineamientos de bioseguridad ante COVID-19  para  el  transporte  de carga  terrestre  centroamericano”.  Estos lineamientos responden en parte a las medidas que impuestas unilateralmente por Costa Rica,  restringiendo significativamente el transporte terrestre comercial. Estas medidas llegaron a exacerbar la caída en las operaciones comerciales interregionales centroamericanas. Estas operaciones cayeron en un 17.9% entre finales de febrero e inicios de junio. Esta baja fue más pronunciada en Panamá, al 31.5%.

Negociaciones políticas
En democracia se requiere que existan diferencias en torno al cómo se distribuyen los recursos de un gobierno, quién recibe qué, cuándo y por qué; pero basado en un consenso en torno las reglas de juego que definen el marco de competencia política (al punto de tener provisiones constitucionales en torno a cómo se deben transformar esas leyes). Esta semana tanto en Chile como en Venezuela se han planteado negociaciones y acuerdos entre gobierno y oposición para poder consolidar planes de acción de los respectivos gobiernos en medio de la pandemia. En el caso chileno el escenario de las negociaciones fue el congreso, en tanto que en el caso venezolano la misma fue impulsada por una agencia internacional como la Organización Panamericana de la Salud, con el propósito de luego utilizar un dinero bloqueado por España. Ambas negociaciones revelan cómo los gobiernos pueden tener condiciones y escenarios de negociación y disputa política diferentes en medio de la crisis acaecida con el coronavirus, y cómo eso puede hablar de la calidad de la democracia en ambos casos.

Actualización del jueves 4 de junio

REAPERTURAS

Desde principios de mayo, se han anunciado planes de reapertura económica en América Latina. En la mayoría de estos países, la reapertura ha comenzado a tomar efecto desde la tercera semana de mayo. Este nuevo periodo de la pandemia ha recibido diferentes etiquetas oficiales, como  “nueva normalidad”, “covidianidad”  y cuarentena dinámica, como lo indica este reporte de CNN.

El índice de restrictividad y los estimados de desplazamientos comunitarios nos indican que esta reapertura se está aplicando de manera gradual, con un potencial de varias olas de avances y retrocesos en los próximos meses.

La figura 1 muestra el Índice de restrictividad de Medidas Covid-19 elaborado por el Our World in Data de la Universidad de Oxford (ver aquí para más información sobre este índice). La figura muestra el promedio de restrictividad para América Latina del 1 de marzo al 21 de mayo del 2020, cuando tenemos las últimas cifras comparativas para la región. El nivel de restricción aumentó un 700% del 1 de marzo al 1 de abril, manteniéndose comparativamente estable hasta el 21 de mayo. Sin embargo, se han dado ligeros cambios en el nivel de restrictividad en estos dos últimos meses como respuesta a nuevos brotes. La figura 2 muestra este mismo índice pero solo para abril y mayo. Podemos observar mini ciclos de restrictividad, en particular entre finales de abril y mayo y entre el 15 de mayo y 21 de mayo.

La figura 3 muestra cambios en movilidad comunitaria hacia supermercados y farmacias de el 1 de marzo al 26 de mayo (ver aquí para más información sobre este índice). Esta movilidad sufrió su caída más severa en las primeras semanas de abril, y se ha venido recuperando levemente desde entonces, pero mostrando claros ciclos de avances y retrocesos.  

Protección social con enfoque de derechos humanos

Los desafíos sociales y económicos que trae aparejado el nuevo coronavirus han puesto de manifiesto la necesidad de que los Estados den una respuesta desde una mirada de la protección social de los grupos más vulnerables con enfoque de derechos humanos.  Sin embargo, pese a notables  esfuerzos de algunos países de América Latina, las respuestas sociales y económicas han sido insuficientes ante las demandas y las necesidades de una población, que desde antes de la pandemia, vivía en condiciones de profundas de desigualdad.

Durante la pandemia, esta población,  que ha visto mermadas sus posibilidades de obtener ingresos para la subsistencia, junto con la exigencia de grupos de sectores económicos con poder, han hecho presión a los Estados para el levantamiento de la cuarentena, mediante salidas por bloques de actividades económicas y sociales, con algunas medidas sanitarias de prevención, sin que dichos Estados  tengan garantía de una efectiva protección en la salud, porque aún no se ha encontrado una vacuna para el nuevo coronavirus.

Frente a esta realidad, aumenta la vulnerabilidad de personas pobres, que no tienen servicios básicos satisfechos como el agua, medios de transporte, entre otros; de mujeres,  con hijos e hijas o personas enfermas a su cuidado,  que al ver las escuelas y guarderías cerradas, tienen que buscar apoyo en otras personas de la familia o en su defecto dejar de trabajar, para poder cuidarles; así como personas adultas mayores y con enfermedades crónicas que queden en casa y que ante la salida de sus familiares, están mayormente expuestos.

Es preciso que los Estados, paralelamente a las salidas, diseñen medidas de protección social para los sectores más vulnerables de la población. 

Elecciones y pandemia

En América Latina solo han tenido lugar durante la pandemia las elecciones legislativas de Surinam, ya que el resto de países ha aplazado o suspendido sus fechas electorales. Luego de años de gobierno el Partido Nacional Democrático del presidente Bouterse parecía perder el control del parlamento surinamés, pero se ha suspendido el proceso de conteo de votos entre denuncias de robo y quema de urnas.  Sería muy aventurado tomar al país como signo de algo, pero conviene advertir que el contexto puede significar la aceleración de cambios políticos que suelen tomar más tiempo, todo esto con ocasión de golpes de legitimidad generados por denuncias de corrupción o la percepción de inacción, entre otras razones. Asimismo, que en algunos lugares puede haber resistencia de parte de los gobiernos frente a permitir el desarrollo de contiendas electorales competitivas y libres, y que es necesario que los actores políticos y sociales se ocupen de blindar la legitimidad y garantías del proceso electoral en cada país.

Actualización del jueves 21 de mayo de 2020

ECONOMÍA
La relación entre medidas fiscales e indicadores de producción y endeudamiento nacional

Los gobiernos latinoamericanos han anunciado o adoptado medidas para mitigar los efectos negativos de los controles de salud pública en la economía y para mantener el bienestar social. Estas medidas utilizan herramientas  fiscales, monetarias, macroprudenciales y financieras, y están dirigidas a hogares, personas que trabajan, empresas, sistemas de salud y bancos. Un estudio reciente de 166 países (Elgin et al. 2020) indica que mientras más alto el PIB por persona del país, más alto es el peso y alcance de estas medidas. En el caso de América Latina, si nos enfocamos solamente en las medidas fiscales (sin tomar en cuenta, por ejemplo, políticas de tipo de cambio que países como Panamá, El Salvador y Ecuador no pueden implementar), vemos que existe poca correlación entre el PIB por persona y el peso de estas medidas. 

Por una parte, como se observa en la figura 1, Perú, Brasil y Paraguay han anunciado o están implementando las medidas fiscales de más peso en América Latina. República Dominicana tiene uno  de los planes fiscales de menos peso, pero ha implementado una agresiva política monetaria. 

La pregunta es si en América Latina este peso está relacionado al nivel de producción por país, como  el estudio sugiere que sucede a nivel mundial. 

La figura 2 muestra un diagrama de dispersión explorando la relación entre PIB por persona en 2018 ($ PPI) (las cifras del Banco Mundial más recientes que permiten comparaciones internacionales ) y el peso de las medidas fiscales. A pesar de mostrar una relación positiva, como se espera, tiene un bajo coeficiente de correlación (0.15), lo que sugiere que son otros factores los que pueden explicar las diferencias entre el peso de estas medidas. Otro factor que pudiese explicar la capacidad de los países de enfrentar medidas fiscales es el peso de la deuda en términos del PIB.  La figura 3 muestra la correlación entre estas medidas y el nivel de endeudamiento. Nuevamente, a pesar de mostrar la relación esperada (negativa), tiene un bajo coeficiente de correlación (0.21). Cuando realizamos un análisis similar tomando en cuenta todas las medidas económicas (fiscales, monetarias, financieras, etc), la baja correlación se mantiene.  Estos resultados son solamente  indicativos, pero sugieren que dinámicas políticas y sociales están jugando un rol crucial en determinar el peso y alcance de estas medidas fiscales.

DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos parten del principio de la universalidad, es decir, del reconocimiento de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Sin embargo, la realidad es que no todas las personas en la sociedad se encuentran en el mismo terreno de igualdad. Por ello, es necesario que se desarrollen políticas diferenciadas en materia de derechos humanos, para lograr una equidad en ese terreno desigual, entre quienes por diversas situaciones no gozan o ven limitados el goce de los derechos civiles y políticos, pero sobre todo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.  

A casi tres meses de iniciadas las medidas restrictivas por  la cuarentena para enfrentar el nuevo coronavirus, y pese a decenas de guías, orientaciones y directrices de las agencias de organismos regionales y globales que procuran la promoción y protección de los derechos humanos, son muy pocos los países que se han priorizado estos derechos o han atendido el llamado de organismos internacionales a que las políticas públicas consideren las necesidades particulares de grupos poblaciones históricamente en situación de riesgo: mujeres, migrantes, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, niñez y adolescencia, adultos y adultas mayores, población LGBTI, personas privadas de libertad y en extrema pobreza. En esta actualización, se hace el llamado de dos de estos grupos:

  • Población LGBTI
    En este sentido, llama la atención, la ausencia  generalizada de políticas que  incluyan a la población LGBTI. En particular,  la población trans no ha sido reconocida por la mayoría de los Estados como personas en grado de vulnerabilidad para recibir apoyos económicos o sociales. Este grupo,  en condiciones regulares, viven en condiciones precarias de subsistencia, producto de su nulo reconocimiento habitual en la sociedad, las que se agravan en medio de la crisis. En el caso de Panamá, que posee  la medida de salida por género, constan denuncias en medios de comunicación social a nivel internacional sobre el sometimiento a abuso policial y a la dificultad de poder acudir a establecimientos  por sus productos de primera necesidad. Se destaca a países como Argentina y Uruguay, quienes de manera expresa, les han reconocido sus derechos, tanto en los apoyos económicos, y, como en el caso de Uruguay, respecto de los tratamientos médicos hormonales.Por otro lado, vale mencionar como algo positivo que el día 17 de mayo, día internacional contra la homofobia, 54 países, de los cuales 12  son de América Latina, se comprometieron mediante la adopción de  la  Declaración sobre el impacto de #COVID19 en personas #LGBTI a contemplar medidas que le respeten, reconozcan e incluyan sus derechos. Se espera que esto pueda ser materializado en acciones positivas.
  • Personas con discapacidad:
    Otro de los grupos que han sido poco contemplados en la región, han sido las personas con discapacidad, quienes tienen necesidades especiales diversas, que pueden agravarse en el confinamiento y en la imposibilidad de tener los recursos económicos para satisfacerlas.   Se reconoce el esfuerzo de México, quien ha convocado a un diverso grupo de entidades y organizaciones que atienden temas de personas con discapacidad, y que han hecho un esfuerzo  conjunto de medidas básicas para proteger la salud de la población con discapacidad.Finalmente, es importante la participación de la sociedad civil como actores clave de impulso del reconocimiento e inclusión de los grupos más vulnerables en las medidas adoptadas por los Estados. Y en el sentido inverso, es importante que los Estados realicen sus planes de acción con la inclusión y participación más amplia de la sociedad para que todos los grupos sociales puedan ser contemplados y haya una búsqueda común de la satisfacción de sus necesidades vitales para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica producto del nuevo coronavirus.

ASPECTOS POLÍTICOS
Los retos de una democracia desgastada durante el COVID-19
Los dos principales estudios de opinión latinoamericanos, Latinobarómetro y Barómetro de las Américas, han visto descender en los últimos años las cifras de apoyo y satisfacción con la democracia en la Región. Las demandas sociales no resueltas han erosionado la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y sus instituciones, y como consecuencia han aparecido experiencias con inclinaciones autoritarias que interpretan esa insatisfacción y pérdida de legitimidad. En ese contexto tiene lugar la pandemia del COVID-19, que en un primer momento parecía poner en pausa las deudas democráticas y la ola de acciones colectivas de descontento que el 2019. Sin embargo, en lugar de congelar los desafíos existentes ahora parece más bien haber acentuado algunos de los limitantes democráticos del contexto, y revelar retos que también se suman a los existentes.

Incapacidad institucional
En primer lugar, se ha revelado la incapacidad institucional para atender los desafíos sanitarios y sociales que la pandemia trae consigo. No sólo la desnudez de un sistema hospitalario que ha recibido el embate de los recortes públicos en esa área, sino también las limitaciones para proteger social y económicamente amplios sectores de la población que dependen de la economía informal y que vive del día a día. Diversos programas han sido desarrollados con distintos niveles de éxito, pero en lugares como Colombia se han revelado los problemas para ejecutar un programa de asistencia social de emergencia.

Salud versus economía
En segunda instancia, algunos países han revelado las tensiones propias de ser democracias cuyos gobiernos dependen de importantes actores económicos para ser elegidos o sostenidos en el poder. Un grupo de estos actores han cuestionado las medidas de cuarentena y/o algunas de las medidas de emergencia para garantizar el gasto necesario durante la pandemia, y con ello se ha presentado un dilema de salud versus economía que no existe y que se asemeja más a la exigencia de una dinámica económica a costa de las vidas de los más vulnerables. La Cámara de Comercio chilena fue muy crítica de la cuarentena parcial, para luego ver cómo el crecimiento de contagios y muertes ha hecho necesario recurrir a una cuarentena más estricta.

Circulación y validez de información
En tercer lugar se han expuesto las dificultades por información libre y contrastada en torno a la expansión del contagio. No solo en países con regímenes de baja calidad de la democracia como Nicaragua y Venezuela, sino también en aquellos que han decidido una postura política en torno a la pandemia y que pueden controlar el número de pruebas realizadas, como México y Brasil. Un cuarto elemento revelado ha sido la puesta en cuestión de los criterios de validez de la información utilizada para tomar las acciones y políticas públicas desde los gobiernos. Los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y México han discutido las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y algunos sectores políticos de gobierno u oposición han tomado como bandera una postura anticientífica que denuncia el intento de control ciudadano y el uso de vacunas, y que incluso promueve medicamentos aún no aprobados para uso en los pacientes de COVID-19. Esta visión conspirativa combinada con intereses políticos se convierte en una amenaza futura a toda discusión de la esfera pública.

Denuncias por corrupción
Finalmente la corrupción. Han salido a la luz numerosas denuncias por sobrecostos en compras públicas o contratos públicos con intereses cuestionados, siendo el último de los casos Bolivia. Los gobiernos han reaccionado negando el acto de corrupción, anunciando luego mano dura contra ella y en ocasiones llegando a renuncias de funcionarios y/o apertura de investigaciones judiciales, pero la percepción del fenómeno es creciente y negativa para la legitimidad del sistema.

En conclusión, el desgaste democrático no se ha congelado. Los desafíos democráticos de la Región siguen presentes tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, y de hecho se han acentuado y revelado algunos retos nuevos. El problema seguirá girando en torno a la pérdida de la confianza ciudadana en esos sistemas, y cómo recuperar y desarrollar sistemas de competencia política que defiendan un escenario de deliberación pública montado sobre condiciones sociales y económicas que produzcan legitimidad y confianza.

Actualización del 14 de mayo de 2020

En los últimos dos meses, el nivel de rigurosidad de las medidas gubernamentales ha variado entre los países de América Latina significativamente. Our World in Data, de la Universidad de Oxford, ha elaborado un índice que mide este nivel considerando las siguientes variables:

  1. Intensidad de los cierres de escuela
  2. Nivel de cierre de lugares de empleos
  3. Cancelación de eventos públicos
  4. Restricciones de aglomeraciones
  5. Reducción de servicios de transporte público
  6. Tipos de campañas de información
  7. Medidas de quedarse en casa
  8. Restricciones de movimientos dentro del país
  9. Controles de viajes internacionales
  10. Tipo de cuarentenas para personas que lleguen de otros países
  11. Políticas de aplicación de pruebas del covid-19
  12. Políticas de monitoreo de personas con covid-19

Evaluando la intensidad cada variable entre 0 al 3, en la mayoría de los casos, o 0 al 2 en otros, Our World in Data estima un índice del 0 al 100 donde cada variable tiene el mismo peso. Mientras más rigurosidad, más alto el índice. Los resultados de este ejercicio reflejan los de nuestro monitoreo (ver figura 1).

Nicaragua no supera los 14 puntos, mientras que Argentina y Honduras llegan a 96. Por su parte, México y Cuba redoblaron sus restricciones de marzo a abril.

Las cifras sugieren que no hay la correlación esperada entre niveles de rigurosidad y muertes por millón de personas. Costa Rica tiene uno de los más bajos índices de rigurosidad, y al mismo tiempo uno de los niveles más bajos de muerte por millón de personas (1.37). Argentina, con un alto nivel de rigurosidad, reporta 7.06 muertes por millón de personas.

Por otra parte, los datos de movilidad local de Google, sugieren que los anuncios oficiales y decretos pueden contrastar con las acciones de los residentes del país (ver Figura 2). Panamá, con un relativamente bajo nivel de rigurosidad según el índice de Our World in Data, muestra uno de las más altas reducciones en movilidad.  Aunque estas cifras provienen de personas que utilizan teléfonos celulares, tienen data y usan Google maps, nos dan un vistazo indicativo del nivel de distanciamiento social. Por ejemplo, la reducción de movilidad es un 42% más alta en Panamá en comparación que Costa Rica. Esto sugeriría que el nivel de desaceleración económica en Panamá ha sido mucho mayor que en el de su país vecino al oeste. Según este informe, las mayores desaceleraciones económicas en América Latina se está dando en Ecuador y Bolivia.

Actualización del 7 de mayo de 2020

Entrando a la segunda ola de cuarentena
Luego de dos meses del primer caso de COVID-19 en América Latina, muchos países han comenzado a relajar o planificar la relajación de las medidas de distanciamiento social y económico. Esto implica una nueva serie de retos de vigilancia, monitoreo y distanciamiento utilizando nuevas tecnologías. Mientras que la población estaba obligada a permanecer en casa, las decisiones de quién estaba cumpliendo con los diversos decretos limitando la libertad de movimiento eran relativamente simples. Al incrementar el número de personas que pueden transitar libremente y regresar a sus trabajos, se requerirá de uso de tecnologías de rastreo y monitoreo que serán manejadas a discreción de un personal especializado de salud y seguridad que tomarán decisiones inmediatas sobre el estado de salud y el nivel de restricciones a imponer sobre los ciudadanos.

Evolución de medidas y colaboración regional
En la última semana, se han reducido el número de anuncios de nuevas medidas económicas. En su lugar, los gobiernos han estado ajustando propuestas, completando planes para el mediano y largo plazo, y madurando el proceso de implementación de programas anunciados anteriormente.

Por su parte, países como Ecuador y Argentina han comenzado a enfrentar los retos  relacionados a la disminución de ingresos tributarios y el incremento de la deuda pública y privada. Como se muestra en el cuadro de aspectos políticos, el gobierno ecuatoriano, esperanzado por cifras de una entrada de capital neta de alrededor de $450 millones el mes de abril, propuso subir impuestos a compañías exportadoras. Estas compañías, por su parte, han expresado su incapacidad de hacer frente a una carga tributaria adicional.

A pesar de una narrativa a favor de soluciones regionales, las acciones de los bloques de integración han sido mixtas. Por una parte, la negociación conjunta en el marco del Sistema de Integración de Centroamérica para la compra de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario se ha extendido con el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, como parte de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Pero Argentina ha señalado que para proteger su economía no seguiría participando las negociaciones de tratados de libre comercio que lidera Mercosur.

Actualización del 30 de abril de 2020

El primer caso de COVID-19 en América Latina se detectó en un hombre de 61 años en Brasil el 26 de febrero de 2020. Hace solo un mes, la Cepal estimaba que los efectos del distanciamiento físico y económico para paliar los efectos de este virus en la salud pública causaría que el PIB regional cayese en un 1.8% en el 2020. Hace una semana, este escenario fue revisado a un 5.3%.

La importancia de redes de protección social y económica
Durante los últimos dos meses, los gobiernos latinoamericanos han utilizado sus redes existentes de protección social (por ejemplo, transferencias condicionadas, subsidios, seguros de desempleo y hasta cambios en las regulaciones de pensiones privadas) para reducir los efectos de la pandemia en más de 600 millones de personas. Sin estas redes, América Latina hubiese enfrentado una inmediata crisis social.

Países como Colombia, El Salvador y Panamá han distribuido a domicilio o utilizado oficinas temporales, bolsas y bonos de alimentos y medicina, mayormente para las personas que están fuera de estas redes. Esta medida ha tenido resultados mixtos, revelando las debilidades administrativas y logísticas gubernamentales, así como la naturaleza de las relaciones comunitarias que los gobiernos centrales y municipales mantienen con sus ciudadanos. En Panamá, los problemas con esta distribución han creado tensiones en diversos barrios del distrito de Panamá y en Colón, con cierres de calles y enfrentamientos con la policía. El 29 de abril, el Presidente Laurentino Cortizo anunció la activación de un vale digital que sustituirá los bonos en papel y elimina la necesidad de su distribución física. En ciudades de Colombia, como Santa Marta y Cali, se han suspendido estas entregas por los efectos que pudieran estar teniendo en los niveles de contagio. En Bogotá, la alcaldesa Claudia López calificó esta forma de distribución de apoyo como una forma de clientelismo, creando espacio para mal manejo de fondos.

Casi todos los países que estamos monitoreando, a excepción de Haití y Nicaragua, han creado fondos o pagos para las personas que han perdido sus empleos. Países como Ecuador, que tampoco han creado fondos especiales para este grupo de personas, cuenta con la herramienta del seguro de desempleo. Recientemente, Panamá anunció la extensión del bono de alimentos y medicamentos a personas que han perdido sus trabajos y se han registrado en el Ministerio de Trabajo.

Por último, hasta el momento ningún país de América Latina ha anunciado un plan económico ni social a mediano o largo plazo para enfrentar la vida con el COVID-19.

Medidas diferenciadas para grupos vulnerables
Los países de la región han ido dando respuestas a las necesidades particulares de los grupos vulnerables, adoptando medidas diferenciadas con enfoque de derechos humanos y de género adicionales a las transferencias monetarias. Destacan en este sentido países como Argentina, que desde el inicio de la contingencia incorporó un catálogo de derechos y servicios esenciales a la ciudadanía, así como de medidas económicas, incluyendo a todos los grupos de manera organizada, clara y con actualización periódica.

Posteriormente, otros países han ido estableciendo y comunicando guías organizadas dirigidas a grupos específicos, disponiendo de canales de apoyo interinstitucional para dar respuesta a sus necesidades. Entre estos países están Costa Rica, Bolivia, Brasil y Paraguay. Otros han emitido medidas aisladas, que si bien no abordan los problemas de forma integral, al menos contemplan algunas acciones.

Vale la pena mencionar que han sido pocos los países que han adoptado medidas socioeconómicas que incluyan a la población migrante, desplazada y refugiada, a la población indígena y a la población LGBTI. En particular, la población trans vive distintas situaciones de precariedad previas a la pandemia. De hecho, Human Rights Watch envió una carta al presidente de Panamá con la finalidad de solicitar protección para esta población durante la cuarentena, haciendo un reporte de 12 casos de discriminación.

Medidas con enfoque de género
Si bien se valora como buenas prácticas la implementación de medidas con enfoque de género a partir de lineamientos, planes, o bien, acciones específicas, se observa una carencia de interseccionalidad y de una perspectiva de género en la mayoría de los países. En algunos casos, las medidas destinadas a un grupo generan situaciones de peligro para la vida de niñas y de mujeres. Por ejemplo, en la mayoría de los países las medidas de excarcelación de personas privadas de libertad no contemplan la negación de este beneficio a victimarios de violencia doméstica, violaciones sexuales, homicidios o de femicidio. Esto ignora que las víctimas sobrevivientes de estos delitos pueden volver a encontrarse en situaciones de riesgo. Un ejemplo notorio es el caso de Honduras, donde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas ha advertido sobre  la posibilidad de que se liberen a personas que estuvieron implicadas en la muerte de la lideresa Berta Cáceres hace menos de 4 años, poniendo en riesgo a sus familiares  e incluso a grupos de mujeres organizadas que la defendieron.

Centros penitenciarios
Esta última semana  se han generado tensiones  a nivel de los centros penitenciarios de algunos países, ya que la población penitenciaria exige medidas de seguridad y de excarcelación frente al avance del nuevo coronavirus. Tal es el caso del Complejo Penitenciario Federal de la ciudad de Buenos Aires en Argentina cuando se conoció el primer caso de coronavirus, y los penales Miguel Castro Castro en Lima y en la cárcel de la ciudad andina de Huancayo, también en Perú.

Derechos culturales durante la pandemia
Esta semana hemos incluido una nueva sección con medidas y proyectos que buscan proteger los derechos culturales. Entre las acciones del sector cultural en América Latina, vale la pena destacar el redireccionamiento de enfoque y esfuerzos de los artistas en Buenos Aires. En menos de dos meses, estos se han hecho cargo de un centro de vacunación y otro de cuarentena. En el Teatro Colón están utilizando los recursos existentes para hacer máscaras de protección para los voluntarios. En Panamá, el vale digital incluye explícitamente a artistas registrados en el Ministerio de Cultura.

Actualización del 22 de abril de 2020

  • Panamá está implementando medidas económicas para la población en general que buscan aliviar de manera indirecta los efectos del distanciamiento físico y económico. Las moratorias a pagos de servicios públicos y los llamados a que los bancos discutan con sus clientes los términos de a préstamos ayudan a reducir los gastos de trabajadores que han perdido sus trabajos o enfrentan incertidumbre laboral, pero no resuelven directamente la falta de ingresos.  Países como Guatemala, Costa Rica y El Salvador están ofreciendo efectivo a trabajadores que han sido afectados por el distanciamiento económico.
  • Por otra parte, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional han comenzado a alertar sobre la necesidad de que los gobiernos planteen con más claridad para qué usarán los recursos y las facilidades crediticias que están buscando movilizar en el mercado internacional. Entre los bloques económicos e iniciativas de integración regional, SICA se distingue por un plan de acción que llama a la cooperación regional y moviliza fondos para ayudar a los países miembros a enfrentar la crisis.
  • Anticipando altos niveles de deuda y austeridad, el G20 ha propuesto un alivio temporal o condonar la deuda de los países más pobres, en los que se incluiría Honduras y Haití.
  • Los organismos internacionales y regionales en materia de Derechos Humanos han continuado exhortando a los Estados a basar sus actuaciones en los estándares en materia de derechos humanos y para ello les han convocado, a través de sus diferentes agencias, a conferencias virtuales en ánimos de poner en conocimiento las distintas medidas adoptadas y aquellas que se siguen implementando.