{"id":18547,"date":"2019-05-02T21:21:45","date_gmt":"2019-05-02T21:21:45","guid":{"rendered":"https:\/\/cieps.org.pa\/?p=18547"},"modified":"2026-08-18T00:58:30","modified_gmt":"2026-08-18T00:58:30","slug":"derechos-humanos-grandes-ausentes-de-los-planes-de-gobierno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cieps.org.pa\/staging\/derechos-humanos-grandes-ausentes-de-los-planes-de-gobierno\/","title":{"rendered":"Derechos humanos: grandes ausentes de los planes de gobierno"},"content":{"rendered":"

Para cualquier sociedad democr\u00e1tica, las elecciones son una gran oportunidad de reafirmar importantes principios y discursos que permitan al electorado sentirse representado o identificado. En este sentido, los derechos humanos, que son la base de los valores democr\u00e1ticos, deber\u00edan tener un papel central en las campa\u00f1as electorales, toda vez que forman parte de la relaci\u00f3n ciudadano\u2013Estado que se manifiesta al momento de la elecci\u00f3n. La responsabilidad de proteger estos derechos (y por ende, su vulneraci\u00f3n) recae enteramente en el Estado, y a pesar de que el pa\u00eds a\u00fan enfrenta grandes y numerosos desaf\u00edos en esta tem\u00e1tica, no fue lo suficientemente abordada durante esta campa\u00f1a electoral.<\/p>\n

La intenci\u00f3n de este art\u00edculo no es dar cuenta de la integralidad de los planes de gobierno o de los derechos humanos, sino sintetizar el esp\u00edritu en el cual las distintas candidaturas han abordado el tema.<\/p>\n

Las candidaturas y los derechos humanos<\/strong><\/p>\n

El inter\u00e9s y la prioridad acordada por las candidaturas en torno a los derechos humanos es altamente variable. A modo de ilustraci\u00f3n, el t\u00e9rmino \u201cderechos humanos\u201d aparece 2 veces en el plan de gobierno de Marco Ameglio, 3 en el de Ricardo Lombana, 4 en los de R\u00f3mulo Roux y Ana Matilde G\u00f3mez, 7 en los de Laurentino Cortizo y Jos\u00e9 Isabel Bland\u00f3n, y 55 en el de Sa\u00fal M\u00e9ndez, quien evidentemente hace un uso m\u00e1s intensivo del concepto.<\/p>\n

En general, la mayor\u00eda de las candidaturas apuntan a cumplir con los compromisos internacionales existentes en materia de derechos humanos; sin embargo, Jos\u00e9 Isabel Bland\u00f3n propone \u201ctrazar el camino desde Panam\u00e1\u201d (p.7), una posici\u00f3n que muestra algo de recelo frente al sistema internacional de derechos humanos, pues coincide con lo expresado por los movimientos antiderechos que han surgido en el pa\u00eds. Por su parte, Laurentino Cortizo propone revisar los compromisos ratificados en materia de migraci\u00f3n (p. 41), mientras Marco Ameglio propone la revisi\u00f3n de tratados en general, lo que podr\u00eda incluir documentos relativos a los derechos humanos (p.17). Ameglio tambi\u00e9n propone la cooperaci\u00f3n directa con Singapur y la presidencia de Brasil (p.29 y 60), gobiernos notoriamente violadores de derechos humanos. Solamente Sa\u00fal M\u00e9ndez (p. 196) propone adquirir mayores compromisos mediante la ratificaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n 169 sobre pueblos ind\u00edgenas<\/em>, de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT).<\/p>\n

La Defensor\u00eda del Pueblo solamente es citada en los compromisos de Ricardo Lombana, que propone asignarle un observatorio de violencia medi\u00e1tica, y en el de Ana Matilde G\u00f3mez, quien propone fortalecer a la instituci\u00f3n. Pero en general, la Defensor\u00eda del Pueblo, que es la encargada de velar por los derechos humanos en Panam\u00e1, est\u00e1 ausente en los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia.<\/p>\n

Derechos civiles y pol\u00edticos: poca limitaci\u00f3n al poder del Estado<\/strong><\/p>\n

Los derechos civiles y pol\u00edticos (a menudo llamados \u201cderechos de primera generaci\u00f3n\u201d por haber sido los primeros en transcribirse en normas jur\u00eddicas), fueron concebidos para limitar el poder del Estado hacia el ciudadano, e incluyen el derecho a la expresi\u00f3n, al voto, a la libertad religiosa, a un juicio justo, a no sufrir discriminaci\u00f3n, entre otros.<\/p>\n

En este sentido, Ricardo Lombana propone \u201cblindar a los ciudadanos de los abusos del poder\u201d (p.30), pero no deja claro a qu\u00e9 tipos de abuso se refiere, ni especifica qu\u00e9 tipo de medidas aplicar\u00eda para evitarlos. Laurentino Cortizo pretende imponer l\u00edmites al Consejo de Seguridad (p. 37), mientras Jos\u00e9 Isabel Bland\u00f3n menciona garant\u00edas de no desaparici\u00f3n y medidas contra el tr\u00e1fico de personas (p.30). Este \u00faltimo, al igual que Cortizo (p. 37) y M\u00e9ndez (p. 117), propone mejorar la infraestructura penitenciaria en cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales. Sobre este mismo tema, resulta preocupante la propuesta de R\u00f3mulo Roux de instaurar un servicio policial penitenciario (p. 31), lo que ser\u00eda un retroceso, ya que toda la pol\u00edtica penitenciaria moderna reposa sobre una administraci\u00f3n civil de la detenci\u00f3n que ofrece mayores garant\u00edas y resguarda los derechos humanos. Adem\u00e1s, Roux propone considerar a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes \u201cno solamente como sujetos de derecho sino tambi\u00e9n de responsabilidades\u201d (p.8), lo que tiende a reproducir los prejuicios habituales que criminalizan a la juventud, tal como ha sido se\u00f1alado por el Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o en su \u00faltimo informe sobre Panam\u00e1 (2017).<\/p>\n

Algunos planes de gobierno proponen la intensificaci\u00f3n o el aumento de las fuerzas de seguridad (Cortizo, p. 38 y Roux, p. 31), sin que queden claras las garant\u00edas disponibles en caso de abusos, y a pesar de que el Comit\u00e9 para la Prevenci\u00f3n de la Tortura ha se\u00f1alado que existen preocupantes arbitrariedades y acciones discriminatorias por parte de estas fuerzas.<\/p>\n

Tanto R\u00f3mulo Roux (p.8) como Ricardo Lombana (p.19) proponen el aumento de las penas de c\u00e1rcel, a pesar de que ning\u00fan estudio ha demostrado un efecto disuasivo en este tipo de medidas, y ninguno de los dos candidatos ha propuesto soluciones al consecuente aumento del hacinamiento en las c\u00e1rceles paname\u00f1as. Jos\u00e9 Isabel Bland\u00f3n propone instalar c\u00e1maras de seguridad (p.29), mientras R\u00f3mulo Roux habla de drones, sin entrar en detalles sobre la garant\u00eda del derecho a la privacidad.<\/p>\n

La expresi\u00f3n \u201ccerteza del castigo\u201d, presente en la mayor\u00eda de los planes, revela en los candidatos una concepci\u00f3n punitiva, pues parecen preferir una \u201ccerteza del castigo\u201d a una \u201ccerteza de la justicia\u201d. Al contrario de esta filosof\u00eda, Sa\u00fal M\u00e9ndez propone combatir las violaciones de derechos humanos a manos de agentes estatales, as\u00ed como la reestructuraci\u00f3n de los \u00f3rganos de seguridad para este fin (p. 112 y 117).<\/p>\n

Servicios p\u00fablicos: \u00bfimpulsar la econom\u00eda o promover los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales?<\/strong><\/p>\n

Los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales, tambi\u00e9n llamados derechos de segunda generaci\u00f3n, son los relativos a las condiciones de vida, tales como educaci\u00f3n, salud, trabajo, agua, vivienda, seguridad social, alimentaci\u00f3n y cultura.<\/p>\n

Para Ana Matilde G\u00f3mez, la salud es un derecho humano (p. 5). Jos\u00e9 Isabel Bland\u00f3n habla de derechos sociales como derechos humanos (p. 31), y Sa\u00fal M\u00e9ndez concibe todas las pol\u00edticas sociales (alimentaci\u00f3n, salud, vivienda, movilidad, deporte, educaci\u00f3n, agua, cultura, entre otros) como derechos que deben ser garantizados por el Estado.<\/p>\n

Sin embargo, la mayor\u00eda de los planes de gobierno mencionan estos servicios sin un enfoque en DDHH. El ejemplo m\u00e1s claro es la educaci\u00f3n, que en los planes de gobierno aparece entendida principalmente como un instrumento para suplir mano de obra cualificada al mercado de trabajo: \u201cque genere profesionales, mano de obra calificada y prepare para el trabajo\u201d (Cortizo, p. 14); \u201cmaterias que sean de utilidad local\u201d (Ameglio, p. 34); \u201cmodelo basado en competencias\u201d (Roux, p. 9); \u201cformar el capital humano para responder a la demanda y los perfiles de empleabilidad\u201d (Bland\u00f3n, p. 16). A simple vista, estas visiones no garantizar\u00edan una pol\u00edtica educativa basada en DDHH; es decir, disponible (infraestructura adecuada y suficiente; personal debidamente capacitado y remunerado), accesible (no-discriminaci\u00f3n, accesibilidad material y econ\u00f3mica), aceptable (relevante, de buena calidad, culturalmente apropiada) y adaptable (que responda a los cambios de la sociedad y a las necesidades de los estudiantes). En este sentido, una propuesta interesante y enmarcada en los derechos humanos es la de formar profesores biling\u00fces en espa\u00f1ol e idiomas ind\u00edgenas, planteada por Ana Matilde G\u00f3mez (p.5) y Sa\u00fal M\u00e9ndez (p.198).<\/p>\n

En cuanto al derecho laboral, R\u00f3mulo Roux propone una mayor flexibilizaci\u00f3n del trabajo (p. 47), lo cual suele significar su precarizaci\u00f3n. A la inversa, Sa\u00fal M\u00e9ndez (p. 42) propone aumentar los derechos laborales para permitir el acceso a un empleo digno: disminuci\u00f3n de horarios, eliminaci\u00f3n del trabajo infantil, aumento de la baja de maternidad e instauraci\u00f3n de la baja de paternidad.<\/p>\n

Algunos de los candidatos proponen extender la cobertura de la seguridad social a trabajadores informales (Bland\u00f3n, p.10; \u00a0G\u00f3mez, p.7), tambi\u00e9n a amas de casa (Bland\u00f3n, p.10) e incluso a todas las mujeres independientemente de su situaci\u00f3n laboral, como lo ha propuesto Sa\u00fal M\u00e9ndez (p.185), quien tambi\u00e9n propone profundizar dicha seguridad social implementando un seguro de desempleo (p. 44).<\/p>\n

Los llamados derechos \u201cde tercera y cuarta generaci\u00f3n\u201d<\/strong><\/p>\n

Finalmente, los derechos de tercera y cuarta generaci\u00f3n se refieren a los relacionados con preocupaciones m\u00e1s recientes en la historia de la humanidad: el derecho a la paz, a un ambiente sano, al desarrollo, a la libre determinaci\u00f3n de los pueblos, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas discriminadas, entre otros. El matrimonio igualitario ha sido objeto de debates recientes en Panam\u00e1, con lo cual la ciudadan\u00eda ha podido conocer las posturas de los distintos candidatos, que adem\u00e1s quedan claras en sus planes de gobierno: ninguno se compromete con este avance, y 2 candidatos (Ameglio y Bland\u00f3n) se han opuesto abiertamente. En cuanto al derecho a la comunicaci\u00f3n, resulta interesante que el candidato Sa\u00fal M\u00e9ndez propone plantear el derecho al internet (p. 180).<\/p>\n

El medio ambiente es un tema explorado en todos los planes de gobierno con un enfoque de gesti\u00f3n de recursos naturales, a excepci\u00f3n del de Sa\u00fal M\u00e9ndez (p. 57), quien lo plantea como una condici\u00f3n fundamental para la sostenibilidad de la vida humana. Adicionalmente, existen propuestas contradictorias en cuanto a la miner\u00eda; por ejemplo, R\u00f3mulo Roux (p.28) y Laurentino Cortizo (p. 48) proponen continuar con este tipo de extracci\u00f3n, pero no hacen referencia a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas.<\/p>\n

En cuanto a la paridad de g\u00e9nero, esta con frecuencia es vista como un medio para producir mayores riquezas, pero no como condici\u00f3n para la democracia y para el libre ejercicio de derechos: \u201ccontribuye al crecimiento econ\u00f3mico\u201d, \u201cbeneficios econ\u00f3micos y sociales\u201d, \u201cpresencia de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones mejoran las empresas y por ende, la econom\u00eda del pa\u00eds\u201d (Cortizo, p. 98); \u201ccrear condiciones para una mayor y mejor participaci\u00f3n en actividades productivas, el desarrollo social y la pol\u00edtica\u201d (Roux, p. 46); \u201cincrementar la participaci\u00f3n femenina en el mercado laboral\u201d (Bland\u00f3n, p. 16). En cuanto a la representaci\u00f3n institucional, ninguno de los candidatos se compromete a impulsar cuotas electorales, a pesar de que estas han sido identificadas como un instrumento necesario para lograr la paridad en el \u00f3rgano legislativo. R\u00f3mulo Roux (p. 47) y Jos\u00e9 Isabel Bland\u00f3n (p. 37) se comprometen a gobiernos paritarios, mientras Laurentino Cortizo (p. 100) y Ana Matilde G\u00f3mez (p. 7) proponen la creaci\u00f3n del Ministerio de la Mujer.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n <\/strong>
\nEn general, 6 de los 7 planes de gobierno denotan poco inter\u00e9s en el fortalecimiento de derechos civiles y pol\u00edticos. En cuanto a derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales, todos los candidatos se comprometen a fortalecer servicios b\u00e1sicos como la educaci\u00f3n, el agua, la salud o la seguridad social, pero a menudo, estos no son concebidos como derechos, sino como formas de dinamizar la econom\u00eda. Los derechos de tercera y cuarta generaci\u00f3n son con frecuencia abordados con terminolog\u00eda tan vaga y superficial, que dif\u00edcilmente se puede considerar que sean tomados en serio por las candidaturas. Parece que las demandas y debates existentes sobre el avance de ciertos derechos humanos, se han vuelto a quedar sin una representaci\u00f3n en las candidaturas.<\/p>\n<\/div>

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