Negociando políticas económicas en tiempos de pandemia

El COVID-19 podría representar un golpe al Producto Interno Bruto global de por lo menos la misma magnitud de la Gran Recesión del 2007-08 (te Velde, 2020; IMF, 2020). En Panamá este impacto ya se está viendo reflejado en el descenso del tráfico por el Canal y en el uso de servicios portuarios, la reducción de tráfico aéreo, la caída del sector turístico, la postergación de proyectos de infraestructura, la disminución en los gastos de consumo y el incremento del desempleo. Por su parte, esta desaceleración económica implicaría un derrumbe en la ya limitada capacidad del gobierno panameño de recaudar impuestos (IFECI, 2019), y disminuiría las contribuciones de las empresas estatales al Presupuesto General del Estado.

Medidas económicas

El Gobierno se ha comprometido a reenfocar sus gastos para reforzar la resiliencia sanitaria nacional y responder al COVID-19. Estas medidas en su mayoría representan retos logísticos y administrativos, pero cuentan con objetivos razonablemente claros y la voluntad política para ser resueltos. Por otra parte, se han anunciado medidas económicas que en su mayoría no han sido utilizadas en Panamá en los últimos 30 años. Por su relativa novedad, su proceso de implementación tendría que reducir los efectos económicos del COVID-19 y, al mismo tiempo, redefinir las reglas del juego para el uso de estas medidas, y cuál sería la relación más efectiva entre el sector público, el sector privado y las onegés para lidiar con la pandemia.

El estado de emergencia declarado este pasado 13 de marzo sirve al Ejecutivo como fundamento para flexibilizar las decisiones de cómo, cuándo, dónde y para quién utilizar los fondos públicos. Por ejemplo, esta medida ayudaría de manera casi directa a levantar la demanda y oferta a corto plazo, al flexibilizar el proceso de contrataciones públicas y las reglas del déficit fiscal. El Órgano Ejecutivo ya ha ordenado la eliminación de aranceles de productos higiénicos y ha comenzado a implementar un programa de libretas de alimentación y medicinas por 50 millones de dólares.

Renegociando la relación entre lo público y lo privado

Por otra parte, las medidas que pudiesen revigorizar la demanda y oferta agregada a mediano y largo plazo han sido menos directas. En particular, el gobierno ha optado, hasta ahora, por posicionarse como un agente facilitador de las actividades del sector financiero. Este es el caso de la eliminación de la restricción del uso de la provisión dinámica, o las reservas que mantienen los bancos como parte de su manejo prudencial. Esta provisión representa más de $1,200 millones. Este no es un dinero que el gobierno ha transferido a los bancos (o sea que no sale del bolsillo del contribuyente ni proviene de la deuda pública), sino fondos que los bancos tenían guardados como resultado de una acción consensuada entre ellos y la Superintendencia de Bancos para enfrentar situaciones de emergencia como esta. A diferencia de la clara intervención en el mercado de comercio al por menor (ordenando, por ejemplo, cierres de locales de entretenimiento, o monitoreando y multando prácticas de especulación de precios), el gobierno ha respetado la tradición de autorregulación e independencia de la banca panameña que para algunos se sustenta en la falta de un banco central y en la creencia en que “lo que es bueno para el sector bancario es bueno para el país”. A nivel mundial, esta no sería la primera vez que el sector financiero y el gobierno han tenido que renegociar sus roles en el sistema de mercado. Más recientemente, las lecciones de las medidas tomadas durante la Gran Recesión de 2007-2008 pudiesen darnos pistas de las políticas más efectivas que podrían activar la demanda y crear incentivos para lograr cambios en nuestro aparato productivo (Solimano, 2017).

Finalmente, el gobierno busca delinear directrices de cómo, cuánto, y para quién serían los recursos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP). Existen tres posibilidades (no mutuamente excluyentes):

• Incrementar las reservas disponibles para bancos y negocios. Esto lograría que los bancos otorguen y extiendan líneas de créditos y los negocios puedan seguir pagando sus costos fijos y mantener a su personal en planilla. Las lecciones de la reciente Gran Recesión del 2007-2008 nos alertan de la necesidad de estas medidas, pero no serían suficientes. Dado el incierto entorno económico, hay una alta probabilidad de que los bancos no encuentren a quién otorgar estos créditos y que los negocios prefieran usar ese dinero para aumentar sus reservas (Mazzucato, 2017).
• Distribuir fondos directamente a los ciudadanos más necesitados. Esta medida podría levantar el consumo agregado, en particular en un país con tan alto nivel de desigualdad de ingresos, y proveer incentivos para diversificar la economía de cuidados de adultos mayores y niños. Para implementar este programa, el gobierno pudiese utilizar los sistemas existentes para seleccionar y distribuir los fondos de la Red de Oportunidades, “120 a los 65” y el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), entre otros, reduciendo considerablemente los costos de arranque de este programa. Aunque necesarias, estas medidas requerirán de una política de salida clara con criterios transparentes para ayudar a decidir cuándo y cómo deben dejar de ser implementadas.
• Activar el sector de organizaciones sin fines de lucro. Ausente hasta ahora en la narrativa política y en los medios de comunicación, en Panamá existe un tejido de organizaciones sin fines de lucro comprometidas a crear un retorno social con sus acciones. Estas organizaciones han sido debilitadas por restricciones políticas, legales y monetarias en los últimos 50 años. En un contexto de limitados canales disponibles para llegar de manera inmediata pero estratégica a la mayor cantidad de panameños posible, esta sería una oportunidad para fortalecer el poder de ejecución de estas organizaciones y utilizar las relaciones de confianza que han venido creando con una gran variedad de grupos sociales, étnicos, de género y laborales. Las onegés pudiesen recibir fondos para implementar programas de, por ejemplo, apoyo socioemocional, bienestar social y reinserción laboral, sin consideraciones de clientelismo político, ni la restricción de tener que producir ganancias o utilidades al final del proyecto.

El valor de la democracia

El COVID-19 afectará el nivel de actividades económicas a corto y largo plazo. En los próximos meses, las reglas del juego y el rol del sector público en actividades comerciales y financieras serán replanteadas. Cuán permanentes sean estos cambios dependerá de la severidad del impacto económico y su longitud. A falta de recursos y por la gravedad de la pandemia, es poco probable que el gobierno pueda monitorear formalmente el impacto de estas medidas económicas o involucrar a un sector amplio de la población en procesos de deliberación. Como ciudadanos, desde donde estemos, debemos examinar cada nueva acción propuesta y cuestionar constantemente quiénes se benefician directa e indirectamente de ellas; cómo ayudan a levantar la oferta y demanda agregada y cómo redefinen la relación entre el sector privado, el sector público y las oenegés.

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Referencias

ICEFI, 2019. Perfiles macrofiscales de Centroamérica No. 12. Disponible aquí.

IMF, 2020. IMF Managing Director Kristalina Georgieva’s Statement Following a G20 Ministerial Call on the Coronavirus Emergency. Disponible aquí.

Mazzucato, M. 2018. The value of everything: Making and taking in the global economy. Public Affairs.

Solimano, A. 2017. Élites económicas, crisis y el capitalismo del siglo XXI. La alternativa de la democracia económica.  Fondo de Cultura Económica.

te Velde, D. 2020. The economic impact of coronavirus: five lessons and challenge. Overseas Development Institute. Disponible aquí.