En el artículo anterior expusimos que las protestas y movilizaciones en Colombia han tenido como telón de fondo, más que una propuesta de reforma tributaria ya desestimada, la respuesta del gobierno a las deudas y conflictos sociales postergados. Entre ellos, las demandas al sistema frente al conflicto armado y el presentar discursivamente a las guerrillas como el único problema del país, o cómo desde hace más de dos años el gobierno de Duque ya había optado por enfrentar el descontento social con una violencia cada vez mayor, violando los protocolos de derechos humanos. En esta ocasión describiremos quiénes son, cómo funcionan y cómo están organizados los actores de la protesta, el desarrollo de la violencia estatal durante las manifestaciones y qué implicaciones tiene para la democracia del país y la región.

Ni masas desorganizadas ni actores de una conspiración mundial
Luego de las marchas de 2019, las organizaciones sindicales y sociales que participaban decidieron organizarse en el Comité Nacional del Paro, un consejo compuesto por representantes de cada colectivo. Para entonces, este ente parecía aglutinar, aun con ausencias, a los actores de la movilización. Sin embargo, en el caso de las movilizaciones actuales no es así, a tal punto que pareciera no haber control sobre lo sucedido en varias de las ciudades del país. ¿Quiénes son entonces los actores de estas movilizaciones y cómo se organizan?

Lo primero que se debe advertir es que no ha habido un único actor en las movilizaciones. La idea del gobierno de que las protestas son conducidas por una conspiración interna del candidato de oposición, Gustavo Petro, o por una externa del comunismo internacional, es sin duda la respuesta más fácil y errada[1]. Las organizaciones y grupos que forman parte del paro son múltiples,  diversas, y no responden a un solo actor o interés. Algunos reportes hablan de actores con características que varían incluso entre barrios de una misma ciudad[2], lo que de hecho complica los escenarios de diálogo, si es que hubiera un interés del gobierno de Duque por entablarlo[3].

En segundo lugar, lo anterior tampoco implica que sean masas desorganizadas; por el contrario, los reportes en las zonas de movilización revelan múltiples combos, o grupos con organizaciones horizontales y con demandas diversas. En Cali estos combos lograron establecer bloqueos en vías principales por un tiempo considerable, lo que solo es posible al tener un tejido organizativo mayor que el de una protesta espontánea.

En tercera instancia, a medida que pasa el tiempo, la organización y el funcionamiento de estos combos ha evolucionado y ha exigido algún tipo de desarrollo. No es lo mismo el momento inicial en que confluye un descontento orgánico y casi espontáneo frente a la reforma tributaria, que el momento actual donde los costos de movilización se han elevado. Esta movilización posterior demanda condiciones de alimentación, atención médica y logística general, que solo es posible para los grupos con acceso a recursos organizativos. En otras palabras, mantener un bloqueo o una protesta en zonas de violencia estatal marcada exige mayores recursos. En algunos casos, estos costos han sido cubiertos por medio de donaciones y colectas de dinero entre las comunidades protagonistas[4], pero en otros casos permiten vislumbrar la presencia de actores que instrumentalizan los bloqueos y manifestaciones[5]. En este sentido, se puede considerar un abanico amplio que va desde la delincuencia común que ha cobrado peajes en los bloqueos[6], hasta la afirmación (aún no comprobada) de que existen células de actores ilegales que forman parte de los habituales escenarios de adoctrinamiento guerrillero urbano[7].

Queda claro que no existe un único actor controlado o dirigido, sino que existen combos con niveles de organización cada vez más complejos para sostener la protesta en un contexto violento.  Mientras en algunos casos la organización proviene de la colaboración comunitaria, también obliga a concebir la existencia de vínculos con organizaciones ilegales en otros casos.

Represión y violencia estatal
Existe un problema con la descripción de lo sucedido en las actuales movilizaciones y protestas en Colombia. Tanto la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo están dirigidas por funcionarios cercanos al gobierno de Duque. Esto ha significado sesgos y retrasos en la información y en los procesos que debieran entablar estos organismos, a la vez que han generado anécdotas tan pintorescas como aquella del fin de semana del 1 de mayo: cuando comenzó la violencia contra los manifestantes, el defensor del pueblo estaba de paseo en una finca. El lunes siguiente, al ser cuestionado en torno a las cifras de muertos y desaparecidos por las acciones de la policía, dijo que no tenía información a la mano[8].

Además, el gobierno colombiano se negó a recibir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algo que tuvo que revertir posteriormente ante la mala prensa generada por la decisión. Por este motivo, los datos con los que se reconstruye lo sucedido descansan no solo en la futura labor de la CIDH, sino en el reciente informe de Human Rights Watch (HRW) y en la labor de organizaciones no gubernamentales, como Temblores e Indepaz. El balance que hacen estas es desolador, pues se reconoce que la policía colombiana sí ha ejercido violencia sistemática contra los manifestantes.

Según HRW, durante las recientes protestas han muerto 68 personas, incluidos 2 policías y 1 investigador judicial. La mayoría de las víctimas murieron a mano de las fuerzas policiales, fuera por medio de disparos directos o por golpizas. Más de 5,500 personas fueron privadas de libertad temporalmente, y 1,200 fueron detenidas por cometer presuntos delitos durante las protestas. Al momento del informe de HRW, 115 personas continuaban desaparecidas y había registro de 2 casos de violación sexual por parte de la policía y 14 de agresión sexual, entre ellos uno perpetrado por un manifestante hacia una policía[9].

También hay decenas de videos de los disparos de la policía y de civiles armados al lado de la policía en contra los manifestantes[10]. La respuesta inicial del gobierno de Duque frente a estos hechos fue negarlos, a pesar de las pruebas[11]. Conforme aparecieron reportes internacionales de la represión estatal, comenzaron a sumarse reacciones internacionales condenando lo sucedido, por lo que el gobierno decidió cambiar su postura y decir que los casos serían investigados y juzgados[12]. Aun así, el daño a las garantías democráticas ya estaba hecho.

¿Y la democracia qué?
Una de las dimensiones fundamentales de la democracia moderna es el Estado de derecho, o la garantía de que las acciones del gobierno y las personas estén reguladas por la Constitución y las leyes, permitiendo así que todos comprendamos el marco en que se desarrolla nuestra vida en comunidad. Entonces, que el gobierno de Duque haya cruzado gradualmente el límite legal en la respuesta violenta a la protesta, y que los organismos de control y las cortes no hayan señalado y condenado tal exabrupto, son señales muy  negativas en torno al mantenimiento del Estado de derecho en la actual democracia colombiana.

En una región donde existe un descontento social y político en ascenso, como lo demuestran el descenso en las cifras de apoyo a la democracia y la ola previa a la pandemia con movilizaciones y protestas en Chile, Ecuador, Panamá, Bolivia y Colombia, entre otros países, es fundamental que velemos por que la respuesta estatal frente a la acción colectiva no traspase los límites del Estado de derecho, sino que se utilice esta como expresión y señal de las demandas por atender. La protesta no puede ser atribuida a tramas conspiratorias a priori ni puede derivar en la muerte, la desaparición o el arresto ilegal de quienes la protagonizan.

 

[1] https://elpais.com/internacional/2021-05-22/duque-intenta-cambiar-la-narrativa-y-culpa-a-petro-de-las-protestas-en-colombia.html

[2] https://universocentro.com.co/2021/06/11/dias-de-resistencia-noches-de-plomo/

[3] https://pacifista.tv/notas/los-jovenes-que-sostienen-el-paro-si-tienen-propuestas-y-la-primera-es-que-los-dejen-de-matar/

[4] https://lasillavacia.com/primera-linea-primeros-protesta-ultimos-politica-81667

[5] https://razonpublica.com/cali-la-protesta-las-varias-violencias/

[6] https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/capturas-por-peajes-ilegales-durante-el-paro-nacional-590495

[7] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57016978

[8] https://www.las2orillas.co/la-vergonzosa-entrevista-que-dio-el-defensor-del-pueblo-en-la-w/

[9] https://www.hrw.org/es/news/2021/06/09/colombia-brutalidad-policial-contra-manifestantes

[10] https://www.nytimes.com/2021/05/27/video/colombia-protests-cali-police-video.html

[11] https://www.bluradio.com/nacion/ministro-de-justicia-dice-que-es-totalmente-falso-que-muertos-sean-consecuencia-del-paro-nacional

[12] https://www.bluradio.com/nacion/marta-lucia-ramirez-promete-que-los-responsables-de-muertes-durante-protestas-iran-ante-la-justicia