Cuando faltaban pocos días para el 10 de enero, fecha prevista para el acto de juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, con el apoyo del Instituto de Estudios Democráticos (INED) del Tribunal Electoral, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) organizó un acto académico Venezuela en la encrucijada dirigido a examinar lo que podría significar esta nueva etapa.
Como es sabido, el 28 de julio pasado se llevó a cabo una elección presidencial y, hasta hoy, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha presentado resultados detallados, tal y como lo como dispone la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela. La legislación vigente señala que el ente —y así se había venido haciendo en anteriores comicios— tiene la obligatoriedad de publicar todas las actas de escrutinio con resultados desglosados por mesa electoral, proceso conocido como de totalización, en un lapso de cuarenta y ocho (48) horas.
Sin embargo, trasgrediendo la ley, el CNE proclamó a Nicolás Maduro como ganador de la elección. El Centro Carter, el único organismo al cual el gobierno de Nicolás Maduro permitió la observación electoral, afirmó que este hecho —declarar que había habido un ganador sin haber presentado los resultados desglosados por mesa electoral— infringió “preceptos de la propia legislación nacional, no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática.”
Varios países del globo, entre ellos Panamá, calificaron esta elección como fraudulenta. No obstante, Nicolás Maduro se juramentó el pasado 10 de enero, prácticamente como un presidente de facto. De hecho, como hicieron notar varios observadores, el acto protocolar de investidura de Nicolás Maduro para un tercer periodo en la presidencia se hizo en un lugar distinto al históricamente señalado —un pequeño salón de la Asamblea Nacional—, no se permitió el acceso directo a la prensa, y sólo contó con la presencia de dos Presidentes, los de Cuba y Nicaragua.
Luego de estos breves párrafos de contexto, volvamos entonces a la pregunta que nos hicimos el 12 de diciembre. ¿Qué encrucijada se abre ahora para Venezuela?
La encargada de brindar un panorama retrospectivo y prospectivo en este evento fue la doctora Margarita López Maya, profesora e investigadora emérita de la Universidad Central de Venezuela, expresidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), y científica social con rigurosos estudios sobre el proceso venezolano. En su disertación, la doctora López Maya sostuvo la idea de que lo primero que debía hacerse era caracterizar debidamente al régimen autoritario de Nicolás Maduro “porque no todos los regímenes autoritarios son similares”.
La profesora, quien además de doctora en Ciencias Políticas es historiadora, se paseó por la ya larga historia que se inició en 1998, con la ruptura populista de la cual emergió como presidente el teniente coronel Hugo Chávez, y calificó al régimen de Maduro como uno de “naturaleza neopatrimonial con tendencias totalitarias y sultánicas”.
Con base en algunos autores clásicos de la ciencia política, como Juan Linz, la conferencista explicó que el de Maduro era un régimen autoritario sustentado en la idea de que quienes gobiernan tienen el derecho de hacerlo porque son los herederos y continuadores del legado de Hugo Chávez. Los valores que les dan el derecho de gobernar, agregó la investigadora, son la lealtad y el afecto al padre fundador de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se transmiten al entorno cívico y militar al que exigen la misma lealtad para Maduro.
Entre las características de este régimen político, que en su criterio se reforzarían a partir de la juramentación del pasado 10 de enero, se encuentran la institucionalización del nepotismo y el clientelismo como estrategias para lograr la estabilidad política. De allí que se espere la profundización del patrimonialismo, que consiste en la utilización de los bienes públicos como si fueran privados, y una mayor naturalización del nepotismo, es decir, del gobierno de un grupo de familiares, amigos y socios leales al régimen.
Con base en sus análisis, López Maya indicó que era posible que las tendencias totalitarias y sultánicas del régimen de Maduro se hicieran mucho más evidentes. Es posible esperar —aseveró— la profundización de las estrategias de control absoluto de la población mediante la coerción y la instalación de un aparato de propaganda muy sofisticado, así como el reforzamiento de un cuerpo militar como instrumento personal del Jefe del Estado, sumado al uso de colectivos civiles armados (paramilitares) para infundir terror a la población civil.
Las desapariciones forzosas del excandidato presidencial Enrique Márquez y del defensor de derechos humanos Carlos Correa, ocurridas el 7 de enero, tres días antes del acto de juramentación, son hechos que parecen confirmar los vaticinios de la investigadora. Mientras que los distintos órganos del Estado afirman desconocer el paradero de estas dos figuras públicas, funcionarios de alto rango se ocupan de estigmatizarlos a través de medios de comunicación y redes sociales.
Según López Maya, este tipo de regímenes se caracterizan por una total ausencia de estado de derecho. El control social se logra con base en una actuación desembozada y sin ningún tipo de frenos, lo cual genera una alta incertidumbre en una población que no sabe a qué atenerse.
Publicado originalmente en el diario La Estrella el 15 de enero de 2025.
Investigadora del CIEPS. Periodista con maestría en Tecnologías de la Información (TIC) y Doctora en Ciencias Humanas. Profesora e investigadora emérita de la Universidad de Los Andes (Venezuela). Consultora en temas relacionados con la libertad de expresión e información en el entorno digital, y con las TIC para el desarrollo.
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