Las instituciones políticas no funcionan en el vacío. Aunque, como nos enseña el politólogo costarricense Hugo Picado, el diseño de las instituciones electorales en América Latina tiene un importante componente de imitación, éstas son sobre todo producto de su contexto y la correlación de fuerzas de los actores políticos. La institucionalización de los procesos de reformas electorales en Panamá no escapa de esta premisa.  

Hemos disfrutado tanto del éxito de nuestro proceso de reformas electorales que no fue necesario preguntarnos por qué funcionaba. Quizás también por ese éxito, ante la evidencia de que nuestra legislación electoral es cada vez más problemática, a pesar de que cada cinco años supuestamente la mejoramos, nos cuesta pensar que es precisamente el proceso de reformas lo que está fallando. 

El libro “Acontecer electoral” del exmagistrado Eduardo Valdés relata las recurrentes reformas que planteaban los políticos panameños desde principios del siglo pasado para tener una ventaja indebida sobre sus competidores. Las reformas electorales, como las conocemos hoy, consiguieron institucionalizar y, por lo tanto, neutralizar la trampa de ese irrefrenable impulso reformador. Esa institucionalización no habría sido posible fuera del contexto de estabilidad de la competencia electoral que hubo entre los años 1994 y 2004. 

Las normas electorales contenidas en la Constitución y el Código Electoral ordenaban la competencia entre los dos partidos dominantes de la transición a la democracia, el Partido Revolucionario Democrático y el Partido Arnulfista. Por ejemplo, las normas para realizar alianzas eran las que necesitaban ambos para articular el apoyo de los partidos pequeños, como he demostrado en varias publicaciones los circuitos y la fórmula electoral les favorecía, se instauró un financiamiento público generoso porque serían sus principales beneficiarios, la introducción de las primarias respondió a la necesidad del PRD de crear credenciales democráticas y definir sus candidatos sin una organización externa que lo hiciera por ellos, y no hay paridad porque para ganar no han necesitado abrirle el espacio electoral a las mujeres. Tampoco necesitaban poner límites al financiamiento privado porque movilizaban más recursos que nadie, aunque finalmente lo hicieron al aparecer Cambio Democrático, que se abrió a billetazos espacio en la competencia.  

Precisamente, la correlación de fuerzas empezó a cambiar en el 2009 con la aparición del “martinellismo”. Ese cambio podría haber culminado con la aparente consolidación de un nuevo actor con problemas de coordinación, pero exitoso en la elección presidencial a través del partido Movimiento Otro Camino y en las elecciones legislativas mediante la coalición “Vamos”.  

De cualquier forma, tenemos ahora partidos históricos que conviven con fuerzas emergentes en un sistema electoral que fue diseñado para dos partidos dominantes. De allí el desbarajuste actual: reservas en las primarias, miembros de partidos que acuden a la libre postulación, “independientes” que se organizan como partido y postulaciones múltiples, entre otros dislates. Dicho en otras palabras: para abrirse espacio, los actores emergentes han buscado romper el sistema o negarlo, mientras que los actores clásicos han quedado desorientados, intentando vincularse a los actores emergentes que disfrutan del favor del electorado.  

Las reformas electorales se han realizado en Panamá sin objetivos explícitos. Por eso han consistido en una revisión de artículos en la que todos los actores, incluyendo a la sociedad civil, intentan ganar, aunque sea un poquito. Esa práctica no puede continuar porque produce el mamotreto que ahora tenemos. Por lo tanto, la primera medida de la Comisión de Reformas Electorales debería ser reformarse a sí misma. La segunda debería ser definir objetivos. Según el nuevo contexto descrito, el gran objetivo de la próxima reforma electoral podría ser: hacer funcionales las normas a la nueva correlación de fuerzas de la competencia electoral panameña. Quiero pensar que abordar este objetivo es posible porque en este momento ningún actor electoral está cómodo con la legislación vigente. A los otrora partidos hegemónicos que, aunque abatidos, consiguieron bancadas significativas, les conviene abrir el sistema ahora a los actores que ya han demostrado ser representativos, porque como van las cosas una siguiente reforma electoral podría ser sin ellos.  

Ha empezado una nueva era en el Tribunal Electoral. La reforma debe tener objetivos claros y el organismo electoral debe encabezarla, una posibilidad es entenderla como un pacto político entre actores con poder de decisión. Además de los partidos con sus bancadas legislativas y el órgano ejecutivo, según las encuestas del CIEPS, estos actores son: los medios de comunicación, la iglesia, los empresarios y su contrapeso sindical. El rol de la sociedad civil sería de veeduría para garantizar el carácter democrático de esas reformas. Con este modelo habría mayores posibilidades de superar el impasse entre la Comisión y la Asamblea Nacional.  

Con la reforma acordada políticamente, entonces los técnicos del organismo electoral redactarían los artículos que reflejarían lo pactado. Un sistema electoral funcional y legítimo no necesita reformas significativas cada cinco años. Por lo tanto, ganaríamos certidumbre en las reglas del juego y las normas electorales pasarían a ser, como en las democracias avanzadas, algo que no se toca.