En Panamá, como en muchas sociedades fragmentadas, la imagen presentada puede ocultar muchas realidades invisibles. La Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS (2023) estudia, entre otros temas, la desigualdad estructural que existe en el país y le asigna una medida. Sirve para revelar que, mientras que en las áreas urbanas algunos hogares tienen acceso a tecnología muy avanzada, alta conectividad y bienes de confort, otros ni siquiera tienen acceso a lo básico. En las áreas rurales, la pobreza es más uniforme e impactante: un rango más amplio de bienes básicos, como agua potable y sistemas de saneamiento, están, de hecho, ausentes.

Todo esto es importante porque estas desigualdades no solo dividen a las poblaciones, sino que también fomentan una situación de profunda marginación que hace imposible la movilidad social y económica real.

Por mucho tiempo, los economistas y sociólogos han argumentado que la posesión de bienes materiales es un indicador más claro del estatus socioeconómico de una persona que sus ingresos autoinformados. R. Filmer y L. Pritchett (2001) argumentaron que, en ausencia de información detallada sobre ingresos, indicadores como las condiciones de vivienda y el nivel de bienes poseídos pueden ser mejores proxies para el bienestar. V. Vyas y A. Kumaranayake (2006) mejoraron este enfoque con el uso del Análisis de Componentes Principales (ACP), técnica estadística que permite la construcción de índices de riqueza a partir de datos con múltiples dimensiones. Entonces, es usando este enfoque que estamos abordando las desigualdades urbanas y rurales del país.

Hemos desarrollado un nuevo Índice Multidimensional de Riqueza que fija los niveles de bienestar en función de la tenencia de veintidós bienes y servicios básicos, representando un avance en la estrategia mencionada del CIEPS, que ofreció un primer acercamiento a la medición de la vulnerabilidad social en Panamá.

Nuestro Índice mejora esta metodología al utilizar los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2023 y no solo dimensiona la tenencia de bienes, sino también relativiza la magnitud de las carencias estructurales en el acceso a recursos y el esfuerzo que representa la movilidad entre estratos de riqueza, haciendo posible la profundización en la estratificación socioeconómica y ofreciendo un panorama más complejo sobre las condiciones sociales del país.

Además, la carga censal contenida en el índice hace posible un diseño a nivel de persona, vivienda y hogares. Por tanto, además de ofrecer el contraste entre rural y urbano, facilita el desglose de las disparidades a nivel provincial, distrital, de corregimiento, de barrio y de lugar poblado. Asimismo, analiza variaciones basadas en profesiones, ocupaciones y nivel de educación. Sin embargo, continuamos trabajando con relación a estas variaciones, con el objetivo de interpretar las desigualdades estructurales en el país.

Un primer resultado es que el índice, en su carácter relativo, muestra la diferencia entre lo urbano y lo rural. Mientras que en lo urbano la variación del índice es mucho más alta entre su población, en lo rural la variación es mucho menor. Es decir, es probable que encontremos más diferencia de riqueza entre personas de la ciudad que entre personas del campo.

Un hallazgo importante del índice es qué tipo de bienes diferencian más a la población: en las zonas urbanas lo son el acceso a bienes tecnológicos y costosos, tales como internet y aire acondicionado. Por otro lado, en las áreas rurales, los bienes esenciales como refrigeradores y combustibles para cocinar tuvieron un mayor peso discriminante. Mientras que, en áreas urbanas, es la disponibilidad de tecnologías avanzadas y bienes de lujo lo que marca la brecha entre la población, en las zonas rurales, y debido a la menor variabilidad, es la carencia de necesidades básicas lo que destaca a un estrato de otro, resaltando las condiciones precarias que afectan a esa población.

Uno de los hallazgos más reveladores del estudio es la dimensión de la movilidad social y sus marcadas diferencias entre las zonas rurales y urbanas. En las áreas rurales, el mayor desafío es salir de la pobreza extrema. Ascender del estrato más bajo al medio-bajo requiere un esfuerzo tres veces mayor que avanzar entre otros niveles socioeconómicos.

Aún más significativo es que, en las zonas urbanas, la movilidad entre estratos es más homogénea y demanda solo la mitad de ese esfuerzo inicial requerido en el entorno rural. Esto sugiere la presencia de barreras estructurales que dificultan enormemente la mejora en las condiciones de vida de esa población. En lo urbano pueden existir mayores brechas socioeconómicas, pero la posibilidad de avanzar de un estrato a otro requiere menos esfuerzo, reflejando un entorno más dinámico para la movilidad social.

Así, el Índice Multidimensional de Riqueza se puede posicionar como una herramienta innovadora para analizar y orientar la formulación de políticas públicas en Panamá. Su utilidad radica en la capacidad de proporcionar un diagnóstico detallado sobre las desigualdades en el acceso a bienes y servicios, permitiendo así la toma de decisiones informadas. Lo que se observa es que asegurar el acceso a bienes y servicios fundamentales no solamente es una cuestión de bienestar, es una obligación que no se puede postergar si se desea reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de la gente. Un diagnóstico apropiado que utilice datos concretos es fundamental para el diseño de políticas que respondan a los problemas de cada sector y que propicien un desarrollo equilibrado y sostenible en el país.

Nadal es investigadora de QLU y Moreno del Cieps.