Soy Alexis Alfredo Gómez Tan, actual estudiante de primer año de Derecho y pasante en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS). Iniciando mi formación,he podido participar del curso internacional de autoritarismo y crimen organizado en América Latina, de la fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), y del taller sobre crisis regional de inseguridad y gobernabilidad del CIEPS.

El problema del narcotráfico dentro de la política es alarmante porque representa una amenaza directa a la estabilidad institucional y a la legitimidad de los Estados de la región. Cuando el dinero y la influencia del crimen organizado penetra las estructuras del Estado, los procesos electorales, las decisiones judiciales y las políticas públicas dejan de responder al interés ciudadano y comienzan a servir a redes criminales que buscan impunidad y poder. Esto es preocupante, porque demuestra que la corrupción no sólo corroe los gobiernos, sino que debilita la confianza social y deja a los ciudadanos sin garantías reales de justicia. En muchos casos, las instituciones dejan de actuar como mecanismos de control y se convierten en cómplices, lo que consolida un círculo vicioso de violencia, clientelismo y miedo que pone en riesgo el futuro de América Latina.

Casos concretos de una influencia creciente
En Venezuela, diversos informes internacionales han señalado la existencia del llamado “Cartel de los Soles”, una presunta red de narcotráfico vinculada a miembros de las fuerzas armadas y acusada de facilitar el tránsito de cocaína hacia Europa y el Caribe (periódico El Mundo, 2020 y ABC Internacional, 2020). Aunque la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha sido cautelosa al respecto, y el exdirector de las Naciones Unidas en Viena y exdirector del programa de control de drogas de Naciones Unidas, Pino Arlacchi, ha negado la existencia de pruebas concluyentes, lo cierto es que el país ha sido reiteradamente vinculado a operaciones de contrabando y lavado de dinero que giran en torno al poder político.

México, por su parte, ofrece una imagen distinta pero igual de preocupante. Investigaciones académicas recientes, como la publicada en 2024 por Roxana Gutiérrez-Romero (Political Geography, 2024), muestran que entre 2000 y 2021 se incrementaron los asesinatos de candidatos y funcionarios locales, muchos de ellos impulsados por grupos del crimen organizado que buscan controlar gobiernos municipales o proteger sus rutas ilícitas. En las elecciones de 2024 se repitieron los patrones: amenazas, secuestros y homicidios de aspirantes políticos, demostrando que el narcotráfico no solo corrompe la política, sino que impone sus propias reglas (Reuters, 2024)

Además para Centroamérica (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2007) se debe destacar la existencia de la Lista Engel (U.S. Department of State, 2024) , publicada anualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos desde 2021 (U.S. Department of State, 2024), que ha puesto en evidencia cómo altos funcionarios, legisladores y empresarios de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua han sido señalados por corrupción, narcotráfico o por socavar los procesos democráticos. Esta lista, creada bajo la Ley de Compromiso Mejorado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, no solo restringe el ingreso a territorio estadounidense de las personas incluidas, sino que visibiliza el vínculo entre redes criminales y estructuras políticas (La Prensa Latina, 2024). Su impacto político ha sido profundo, ya que congresistas y exfuncionarios han sido destituidos o investigados tras su inclusión (Centroamérica 360, 2024) (Canal Antigua, 2023), evidenciando que el narcotráfico y la corrupción operan desde los niveles más altos del poder.

Y si volvemos a nuestra nación, Panamá, aunque con una institucionalidad mucho más estable que nuestros vecinos, no está ajena a este panorama. La Operación Jericó expuso redes de lavado de dinero y financiamiento político irregular mediante empresas fachada (Ministerio Público, 2024) . Las investigaciones señalan vínculos entre empresarios, políticos y presuntos narcotraficantes que habrían usado contratos públicos y donaciones para mover fondos ilícitos (Policía Nacional, 2024) (La Prensa, 2024). Estos hechos demuestran que incluso en países con marcos legales sólidos, el crimen encuentra vacíos para filtrarse y operar desde las sombras, aprovechando la debilidad de los controles y la falta de rendición de cuentas.

Un problema estructural y moral
El narcotráfico en la política no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de una fragilidad institucional profunda. Los gobiernos latinoamericanos enfrentan el desafío de impedir que el dinero del crimen capture al Estado. Además el hecho es que mientras los sistemas judiciales no sean independientes y la transparencia no sea una práctica cotidiana, el narcotráfico seguirá encontrando caminos para permanecer dentro de la política

Se debe recuperar la confianza en el Estado

Se debe mantener la confianza ciudadana en las instituciones. No basta con encarcelar a unos cuantos responsables: se necesita reformar los sistemas de control, asegurar la independencia judicial y garantizar la transparencia en el financiamiento de campañas. Además, los candidatos locales deben contar con protección real frente a la violencia criminal que intenta silenciarlos.

Por: Alexis Alfredo Gómez Tan, pasante del CIEPS.
*Inicialmente publicado en el diario La Prensa*