Es Halloween. Imaginemos un grupo de comunidades aisladas que resisten la lucha contra un grupo de zombis inteligentes. En esas comunidades se ha escogido a los más fuertes y con mejor puntería para ser la línea de defensa ante los ataques. Ellos velan día y noche, por turnos, y si ven llegar a un par de zombis, pueden identificarlos, aislarlos y resolver el problema.

Sin embargo, imaginemos que en algunas de esas comunidades los zombis que llegan no son pocos ni identificables, sino hordas innumerables que exigen de manera excepcional a esa primera línea de defensa. De súbito, aquellos que deberían cuidar la ciudad son el primer objetivo de los zombis: son sobrepasados en fuerza y convertidos, dejando a la comunidad a merced no solo de la horda original, sino también de quienes se suponía debían defenderla. Y si jugamos un poco más con la imaginación, y pensamos que estos zombis son racionales, capaces de comunicarse y planear, podemos imaginar que en esas comunidades será muy difícil escapar al control de quienes poseen los recursos y las armas.

En cierta manera, así funciona ser una agencia anticorrupción en contextos donde la corrupción no es aislada, identificable y fácilmente castigada, sino donde la magnitud del fenómeno resulta avasalladora: arrastra a todo el que se le enfrenta y convierte a quienes debieran protegernos en sus primeras víctimas y replicadores del problema. La más reciente Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS, cuyos resultados se publicarán pronto, logró captar con un par de preguntas la percepción ciudadana de que quienes deberían cuidarnos ya están más del otro lado que del de la comunidad.

Para comenzar, por tercer año consecutivo, la corrupción es el principal problema del país para la ciudadanía panameña. En esta ocasión, así lo señaló el 37.0% de las personas encuestadas. Este valor está quince puntos porcentuales por encima del registrado en 2023 y es el más alto desde que el CIEPS realiza esta pregunta.

Además, cuando preguntamos a la ciudadanía si cree que la corrupción “ha aumentado”, “sigue igual” o “ha disminuido”, un 62.4% escogió la primera opción, un 27.3% dijo que seguía igual y solo uno de cada diez entrevistados (9.6%) afirmó que había disminuido. No podemos dejar de pensar que esta percepción ha llegado para quedarse y se ha convertido, justamente o no, en la razón que parte de la población esgrime para explicar por qué las cosas no mejoran.

Entre quienes señalan la corrupción como el principal problema del país destacan, en términos relativos, las personas con estudios superiores (44.8%) y aquellas con mayor acceso a bienes y servicios (41.4%). En informes y artículos del CIEPS hemos mencionado que esto podría deberse a que son grupos poblacionales con preocupaciones menos inmediatas que otros más vulnerables, lo que les permite identificar la corrupción como causa raíz de otros problemas, como las malas condiciones laborales, la educación o la salud.

Preguntamos además cómo evalúan la extensión de la corrupción en diversas instituciones y actores. La percepción del fenómeno abarca a todos los ámbitos, pero es marcadamente mayor en el sector político (partidos políticos, Asamblea, Presidencia) y en la función judicial. Es decir, la ciudadanía cree que quienes deberían cuidarnos de la amenaza zombi, como en el ejemplo inicial, ya están convertidos o están por serlo.

En la misma línea, cuando preguntamos si al denunciar un acto de corrupción este sería investigado de forma rápida y efectiva, un 78.5% respondió que no; además, un 74.6% cree que denunciar podría afectarles personalmente. De acuerdo con esto, se percibe que el “virus” de la corrupción ha penetrado diversas instituciones, incluyendo las de justicia y las que deberían velar por los recursos públicos. No en vano, el Vance Center publicó en 2020 un informe sobre esfuerzos anticorrupción, basado en encuestas a firmas de abogados, empresarios y académicos, que ubicó a Panamá en el noveno lugar entre diez países de la región, solo por encima de Guatemala.

No será fácil ni rápido revertir esa percepción ciudadana, sobre todo si, como sospechamos, tiene fundamento en una cultura de debilidad de lo público. Sin embargo, desde hace años se ha insistido en la necesidad de fortalecer esa primera línea de defensa —las agencias que deben luchar contra la corrupción— y entender por qué se convierten tan fácilmente en aquello que deberían resistir. También es necesario identificar qué puede hacer la comunidad para que quienes están al frente puedan cumplir su labor.

El esfuerzo debe ser multidimensional: crear nuevas normativas que hagan más costoso ser corrupto, tanto legal como socialmente; promover una comunicación pública que restaure el valor de lo público y movilice a toda la sociedad contra la corrupción; emprender acciones tangibles que demuestren el compromiso de recuperar lo que es de todos; y mejorar las condiciones sociales y económicas para que amplios sectores de la población no entren en el juego.

Inicialmente publicado en La Prensa.*