Para cualquier sociedad democrática, las elecciones son una gran oportunidad de reafirmar importantes principios y discursos que permitan al electorado sentirse representado o identificado. En este sentido, los derechos humanos, que son la base de los valores democráticos, deberían tener un papel central en las campañas electorales, toda vez que forman parte de la relación ciudadano–Estado que se manifiesta al momento de la elección. La responsabilidad de proteger estos derechos (y por ende, su vulneración) recae enteramente en el Estado, y a pesar de que el país aún enfrenta grandes y numerosos desafíos en esta temática, no fue lo suficientemente abordada durante esta campaña electoral.

La intención de este artículo no es dar cuenta de la integralidad de los planes de gobierno o de los derechos humanos, sino sintetizar el espíritu en el cual las distintas candidaturas han abordado el tema.

Las candidaturas y los derechos humanos

El interés y la prioridad acordada por las candidaturas en torno a los derechos humanos es altamente variable. A modo de ilustración, el término “derechos humanos” aparece 2 veces en el plan de gobierno de Marco Ameglio, 3 en el de Ricardo Lombana, 4 en los de Rómulo Roux y Ana Matilde Gómez, 7 en los de Laurentino Cortizo y José Isabel Blandón, y 55 en el de Saúl Méndez, quien evidentemente hace un uso más intensivo del concepto.

En general, la mayoría de las candidaturas apuntan a cumplir con los compromisos internacionales existentes en materia de derechos humanos; sin embargo, José Isabel Blandón propone “trazar el camino desde Panamá” (p.7), una posición que muestra algo de recelo frente al sistema internacional de derechos humanos, pues coincide con lo expresado por los movimientos antiderechos que han surgido en el país. Por su parte, Laurentino Cortizo propone revisar los compromisos ratificados en materia de migración (p. 41), mientras Marco Ameglio propone la revisión de tratados en general, lo que podría incluir documentos relativos a los derechos humanos (p.17). Ameglio también propone la cooperación directa con Singapur y la presidencia de Brasil (p.29 y 60), gobiernos notoriamente violadores de derechos humanos. Solamente Saúl Méndez (p. 196) propone adquirir mayores compromisos mediante la ratificación de la Convención 169 sobre pueblos indígenas, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Defensoría del Pueblo solamente es citada en los compromisos de Ricardo Lombana, que propone asignarle un observatorio de violencia mediática, y en el de Ana Matilde Gómez, quien propone fortalecer a la institución. Pero en general, la Defensoría del Pueblo, que es la encargada de velar por los derechos humanos en Panamá, está ausente en los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia.

Derechos civiles y políticos: poca limitación al poder del Estado

Los derechos civiles y políticos (a menudo llamados “derechos de primera generación” por haber sido los primeros en transcribirse en normas jurídicas), fueron concebidos para limitar el poder del Estado hacia el ciudadano, e incluyen el derecho a la expresión, al voto, a la libertad religiosa, a un juicio justo, a no sufrir discriminación, entre otros.

En este sentido, Ricardo Lombana propone “blindar a los ciudadanos de los abusos del poder” (p.30), pero no deja claro a qué tipos de abuso se refiere, ni especifica qué tipo de medidas aplicaría para evitarlos. Laurentino Cortizo pretende imponer límites al Consejo de Seguridad (p. 37), mientras José Isabel Blandón menciona garantías de no desaparición y medidas contra el tráfico de personas (p.30). Este último, al igual que Cortizo (p. 37) y Méndez (p. 117), propone mejorar la infraestructura penitenciaria en cumplimiento de los estándares internacionales. Sobre este mismo tema, resulta preocupante la propuesta de Rómulo Roux de instaurar un servicio policial penitenciario (p. 31), lo que sería un retroceso, ya que toda la política penitenciaria moderna reposa sobre una administración civil de la detención que ofrece mayores garantías y resguarda los derechos humanos. Además, Roux propone considerar a niños, niñas y adolescentes “no solamente como sujetos de derecho sino también de responsabilidades” (p.8), lo que tiende a reproducir los prejuicios habituales que criminalizan a la juventud, tal como ha sido señalado por el Comité de los Derechos del Niño en su último informe sobre Panamá (2017).

Algunos planes de gobierno proponen la intensificación o el aumento de las fuerzas de seguridad (Cortizo, p. 38 y Roux, p. 31), sin que queden claras las garantías disponibles en caso de abusos, y a pesar de que el Comité para la Prevención de la Tortura ha señalado que existen preocupantes arbitrariedades y acciones discriminatorias por parte de estas fuerzas.

Tanto Rómulo Roux (p.8) como Ricardo Lombana (p.19) proponen el aumento de las penas de cárcel, a pesar de que ningún estudio ha demostrado un efecto disuasivo en este tipo de medidas, y ninguno de los dos candidatos ha propuesto soluciones al consecuente aumento del hacinamiento en las cárceles panameñas. José Isabel Blandón propone instalar cámaras de seguridad (p.29), mientras Rómulo Roux habla de drones, sin entrar en detalles sobre la garantía del derecho a la privacidad.

La expresión “certeza del castigo”, presente en la mayoría de los planes, revela en los candidatos una concepción punitiva, pues parecen preferir una “certeza del castigo” a una “certeza de la justicia”. Al contrario de esta filosofía, Saúl Méndez propone combatir las violaciones de derechos humanos a manos de agentes estatales, así como la reestructuración de los órganos de seguridad para este fin (p. 112 y 117).

Servicios públicos: ¿impulsar la economía o promover los derechos económicos, sociales y culturales?

Los derechos económicos, sociales y culturales, también llamados derechos de segunda generación, son los relativos a las condiciones de vida, tales como educación, salud, trabajo, agua, vivienda, seguridad social, alimentación y cultura.

Para Ana Matilde Gómez, la salud es un derecho humano (p. 5). José Isabel Blandón habla de derechos sociales como derechos humanos (p. 31), y Saúl Méndez concibe todas las políticas sociales (alimentación, salud, vivienda, movilidad, deporte, educación, agua, cultura, entre otros) como derechos que deben ser garantizados por el Estado.

Sin embargo, la mayoría de los planes de gobierno mencionan estos servicios sin un enfoque en DDHH. El ejemplo más claro es la educación, que en los planes de gobierno aparece entendida principalmente como un instrumento para suplir mano de obra cualificada al mercado de trabajo: “que genere profesionales, mano de obra calificada y prepare para el trabajo” (Cortizo, p. 14); “materias que sean de utilidad local” (Ameglio, p. 34); “modelo basado en competencias” (Roux, p. 9); “formar el capital humano para responder a la demanda y los perfiles de empleabilidad” (Blandón, p. 16). A simple vista, estas visiones no garantizarían una política educativa basada en DDHH; es decir, disponible (infraestructura adecuada y suficiente; personal debidamente capacitado y remunerado), accesible (no-discriminación, accesibilidad material y económica), aceptable (relevante, de buena calidad, culturalmente apropiada) y adaptable (que responda a los cambios de la sociedad y a las necesidades de los estudiantes). En este sentido, una propuesta interesante y enmarcada en los derechos humanos es la de formar profesores bilingües en español e idiomas indígenas, planteada por Ana Matilde Gómez (p.5) y Saúl Méndez (p.198).

En cuanto al derecho laboral, Rómulo Roux propone una mayor flexibilización del trabajo (p. 47), lo cual suele significar su precarización. A la inversa, Saúl Méndez (p. 42) propone aumentar los derechos laborales para permitir el acceso a un empleo digno: disminución de horarios, eliminación del trabajo infantil, aumento de la baja de maternidad e instauración de la baja de paternidad.

Algunos de los candidatos proponen extender la cobertura de la seguridad social a trabajadores informales (Blandón, p.10;  Gómez, p.7), también a amas de casa (Blandón, p.10) e incluso a todas las mujeres independientemente de su situación laboral, como lo ha propuesto Saúl Méndez (p.185), quien también propone profundizar dicha seguridad social implementando un seguro de desempleo (p. 44).

Los llamados derechos “de tercera y cuarta generación”

Finalmente, los derechos de tercera y cuarta generación se refieren a los relacionados con preocupaciones más recientes en la historia de la humanidad: el derecho a la paz, a un ambiente sano, al desarrollo, a la libre determinación de los pueblos, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas discriminadas, entre otros. El matrimonio igualitario ha sido objeto de debates recientes en Panamá, con lo cual la ciudadanía ha podido conocer las posturas de los distintos candidatos, que además quedan claras en sus planes de gobierno: ninguno se compromete con este avance, y 2 candidatos (Ameglio y Blandón) se han opuesto abiertamente. En cuanto al derecho a la comunicación, resulta interesante que el candidato Saúl Méndez propone plantear el derecho al internet (p. 180).

El medio ambiente es un tema explorado en todos los planes de gobierno con un enfoque de gestión de recursos naturales, a excepción del de Saúl Méndez (p. 57), quien lo plantea como una condición fundamental para la sostenibilidad de la vida humana. Adicionalmente, existen propuestas contradictorias en cuanto a la minería; por ejemplo, Rómulo Roux (p.28) y Laurentino Cortizo (p. 48) proponen continuar con este tipo de extracción, pero no hacen referencia a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas.

En cuanto a la paridad de género, esta con frecuencia es vista como un medio para producir mayores riquezas, pero no como condición para la democracia y para el libre ejercicio de derechos: “contribuye al crecimiento económico”, “beneficios económicos y sociales”, “presencia de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones mejoran las empresas y por ende, la economía del país” (Cortizo, p. 98); “crear condiciones para una mayor y mejor participación en actividades productivas, el desarrollo social y la política” (Roux, p. 46); “incrementar la participación femenina en el mercado laboral” (Blandón, p. 16). En cuanto a la representación institucional, ninguno de los candidatos se compromete a impulsar cuotas electorales, a pesar de que estas han sido identificadas como un instrumento necesario para lograr la paridad en el órgano legislativo. Rómulo Roux (p. 47) y José Isabel Blandón (p. 37) se comprometen a gobiernos paritarios, mientras Laurentino Cortizo (p. 100) y Ana Matilde Gómez (p. 7) proponen la creación del Ministerio de la Mujer.

Conclusión
En general, 6 de los 7 planes de gobierno denotan poco interés en el fortalecimiento de derechos civiles y políticos. En cuanto a derechos económicos, sociales y culturales, todos los candidatos se comprometen a fortalecer servicios básicos como la educación, el agua, la salud o la seguridad social, pero a menudo, estos no son concebidos como derechos, sino como formas de dinamizar la economía. Los derechos de tercera y cuarta generación son con frecuencia abordados con terminología tan vaga y superficial, que difícilmente se puede considerar que sean tomados en serio por las candidaturas. Parece que las demandas y debates existentes sobre el avance de ciertos derechos humanos, se han vuelto a quedar sin una representación en las candidaturas.