Uno de los impactos más notorios de la pandemia ha sido la virtualización acelerada de muchas actividades, incluida la difusión de información a través de los medios de comunicación. En Panamá, la llegada del coronavirus “ha adelantado todas esas circunstancias que antes no se veían”, resumió el director del periódico más antiguo del país en un seminario web convocado para examinar la crisis de la verdad y los retos del periodismo de cara al Covid-19.
En ese mismo foro, Rita Vásquez, directora del diario La Prensa, aseguró: “Con esta pandemia hemos corroborado que el futuro de los medios de comunicación está en el mundo digital y hemos logrado lo que hace algunos meses pensábamos que era impensable”. Otros panelistas aseveraron que los productos digitales habían tenido un crecimiento sustantivo, al igual que las suscripciones y las audiencias.
Quizás los destinatarios estaban mejor preparados que los emisores. A finales del 2019, la ‘Encuesta de Ciudadanía y Derechos’ del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) reveló que la mayoría de la población panameña se informaba de los asuntos del país mediante la televisión (90,7%), medio seguido por Internet y redes sociales (73,5%), canales que progresivamente han venido desplazando a los periódicos (68,5%) y a la radio (68,2%).
Los números obtenidos en esta consulta evidencian que existe una superposición en las formas de informarse. Una proporción sustantiva de personas lo hace a través de todos los canales, o mediante una combinación de ellos. Internet y redes sociales, en general, abarcan un universo de opciones que la medición en esta oportunidad no precisó, pero lo destacable es que ya aparecen con claridad en el horizonte del consumo informativo de los panameños.
Debido a la pandemia, este fenómeno ha cobrado una importancia central. De hecho, el pasado domingo 19 de abril ningún periódico tuvo ediciones impresas (Saltiel, 2020), pero siguieron informando a través de sus plataformas en línea y redes sociales (en adelante, RR.SS.).
Pero además de la versión digital de los medios tradicionales que comienzan a afincarse en la arena digital, en Panamá también están surgiendo nuevos medios con vida exclusiva en la red que usan intensivamente las RR.SS. para distribuir sus contenidos. Aunque en algunos portales dedicados a mapear estas iniciativas (SembraMedia y Datéame) sólo aparezcan una decena, en el país ya funciona una Asociación de Medios Digitales (Amedipa) en cuyo sitio web se registran más de 30.
Aún más, existe un conjunto de experiencias que no aparecen en ninguno de los tres directorios, como la revista de periodismo narrativo Concolón; el portal Panamá Oeste, un medio dirigido a informar en exclusiva sobre una zona poco asistida por los medios, o apuestas como Foco o ClaraMente, medios dirigidos por jóvenes, que comienzan a expandir sus canales a partir de sus pinitos en redes.
Estos cambios podrían tener un impacto significativo en la democracia informativa y, por ende, en la política, sobre todo en un país altamente desigual como Panamá, donde la brecha digital (como ha quedado expuesto en medio de la pandemia) constituye un serio problema con expresiones educativas y culturales. Autores como Lugo-Ocando y Harkins, 2020 (Is the Objectivity, Stupid! Why the Digital Revolution has meant so little for the voice of those in poverty in the Global South. In Global Media Ethics and the Digital Revolution: Contested Narratives and Conflicting Views. Abingdon, Oxfordshire: Routledge) ya han advertido de que la brecha digital de acceso ha restringido la tanto la libertad de expresión como la de información de vastos segmentos de la sociedad.
Aunque pudiese afirmarse que en Panamá existe un alto índice de penetración a Internet, cercano al 70%, lo cierto es que, de acuerdo con los datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep, 2019), los panameños conectados podrían describirse como citadinos que usan el móvil bajo la modalidad de prepago. Según datos referidos en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2024 (Senacyt, 2020), solo un 11% de la población cuenta con suscripciones de banda ancha fija. No obstante, según el último informe de la empresa HootSuite (2019), el uso de RR.SS. sobrepasa el 55%.
Estudios a escala global demuestran que se está afianzando el consumo de noticias a través de los teléfonos inteligentes. En el contexto panameño, esta tendencia cobra una especial relevancia. Si bien los panameños que habitan en las ciudades pueden tener acceso a estos dispositivos y a las RR.SS. (donde circula cualquier tipo de información), no tienen la misma posibilidad de conectarse a redes fijas de banda ancha, que son las requeridas para usos más relevantes como los vinculados con la educación.
El surgimiento de medios digitales y el uso extendido de las redes tiene al menos dos caras. Puede ser una oportunidad para que la ciudadanía se informe mejor a través de diversas fuentes informativas, o bien ser una vía para que sectores sociales canalicen sus demandas e intereses, sin la participación de intermediarios. No obstante, también es posible que esta nueva plaza sea contaminada con piezas desinformativas, creando tendencias a favor de intereses opacos que una población con condiciones desiguales de educación sea incapaz de discernir.
En enero de 2018, el Tribunal Electoral de Panamá creó una unidad especializada dirigida a monitorear el uso de medios y RR.SS. durante los comicios de mayo de 2019, para aplicar las disposiciones del Código Electoral en esta materia. Posteriormente, en junio del mismo año, 11 meses antes de la celebración de las elecciones generales, el organismo electoral lanzó la iniciativa ‘Pacto Ético Digital’, mediante la cual aspiraba a que tanto los candidatos como sus comandos de campaña y seguidores, así como la ciudadanía en general, se comprometieran a no realizar campañas sucias ni a utilizar ‘bots’ para manipular la voluntad del electorado.
La iniciativa tuvo efectos positivos y esta unidad pudo detectar el uso de call centers por parte de una de las candidaturas presidenciales. Gracias al acuerdo suscrito con las plataformas (Twitter, Facebook e Instagram), el Tribunal Electoral pudo establecer las sanciones respectivas, aunque el procedimiento fue largo y complicado en algunos casos (Bin, 2019).
En ese mismo periodo, también fue notorio el surgimiento de campañas ciudadanas con expresión política en redes como la de #NoALaReelección, mediante la cual un grupo de ciudadanos instaba a no reelegir a un conjunto de diputados con varios períodos de ejercicio en sus curules y objeto de denuncias por hechos de corrupción.
Sin querer establecer relaciones de causalidad entre esta campaña y los resultados de los comicios, es preciso subrayar que algunos de esos diputados cuestionados no fueron reelegidos, y que cinco candidatos por libre postulación obtuvieron escaños en la Asamblea Nacional. Asimismo, cabe señalar que uno de los candidatos a la Presidencia, postulado como independiente, acabó tercero en la contienda, superando al candidato del partido de gobierno.
Otro tipo de manifestaciones en redes (con reflejo en la vida real) se han producido recientemente en el contexto de la pandemia. Durante la primera semana de mayo, la etiqueta #SinCarrizoPorFavor, con la que un grupo de personas exigía transparencia en el uso de los fondos públicos en medio de la emergencia sanitaria, ocupó los primeros lugares de los Trending Topics de Twitter. El domingo 3 de mayo, la tendencia fue acompañada por un pailazo que se escuchó en amplios sectores de la capital. En contra de esta campaña surgió otra, con la etiqueta #MovinChantaje, para acusar al movimiento político de ese nombre de presionar indebidamente al Gobierno. Según los portavoces de ese movimiento, la campaña habría sido orquestada desde la Secretaría de Comunicaciones del Ejecutivo.
En 2024, cuando se celebren nuevas elecciones en Panamá, tendremos indudablemente una población mucho más familiarizada en el uso de los medios y canales digitales para informarse sobre los asuntos nacionales. Con ese evento en el horizonte, hay que comenzar a observar este ecosistema de medios y a prestar atención a las advertencias que se vienen haciendo en torno a la manipulación informativa a través de las redes. Este tipo de estrategias, ya implementadas en Brasil, Venezuela, México, Ecuador y Argentina, por mencionar algunos países de la región, se desarrollaron de forma incipiente en el último proceso electoral de Panamá.
Estudiar el comportamiento de los nuevos medios y prácticas de comunicación digital que emergen en el país permitiría generar alertas tempranas sobre hechos que pudiesen lesionar la democracia, así como también generar insumos para el desarrollo de estrategias de alfabetización mediática que permitan a los ciudadanos consumir información de manera crítica, así como producir mensajes autónomos que se correspondan con sus necesidades.
Más allá de todo lo deseable, también cabría preguntarse: ¿cómo fortalecer un sistema de medios que contribuya a la edificación del clima democrático? ¿Cómo sacar provecho de las ventajas democratizadoras de la digitalización? En suma, ¿cómo preservar el derecho de acceso a la información de calidad como pivote de la democracia?
En medio del seminario web que mencionábamos al inicio de este artículo, el moderador deslizó una idea alentadora que podría servirnos de guía para una respuesta: “La pandemia ha contribuido a revalorizar el periodismo clásico”. Quizás la fórmula sea ésa, simple pero no fácil: volver al periodismo.
Investigadora del CIEPS. Periodista con maestría en Tecnologías de la Información (TIC) y Doctora en Ciencias Humanas. Profesora e investigadora emérita de la Universidad de Los Andes (Venezuela). Consultora en temas relacionados con la libertad de expresión e información en el entorno digital, y con las TIC para el desarrollo.
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