Sergio García Rendón 

Investigador del CIEPS 

 

(Columna publicada en La Prensa el 5 de agosto de 2024) 

 

Propongo que cualquier discusión de hoy sobre Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro se haga primero a la luz del debate entre democracia y autoritarismo, porque es mi postura que todos los discursos políticos sobre ese país deben resolver primero el compromiso ético de posicionarse ante esta cuestión. No quiere decir esto que no existan otras cosas por discutir, por supuesto, sino que creo que mal hacemos en hacerlo sin esclarecer nuestra actitud en torno a lo primero, la cuestión democrática.  

 

Mi tesis principal al respecto es que en Venezuela ya no existe una democracia, pero no lo digo solamente por los resultados de las elecciones del pasado domingo 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país presentó un boletín favoreciendo a Maduro, pero sin actas electorales de mesa como soporte, como si pudieras contar votos pero luego no poder decir de dónde vienen. Y no lo digo, tampoco, por los porcentajes y votos presentados en ese primer y segundo boletín del CNE, que resultaron matemáticamente inusuales, casi como si hubiesen decidido un porcentaje y luego encontrasen un número de votos que correspondiera a ellos. 

 

Lo digo no solo por esto, repito, sino también porque desde hace más de una década están amenazados a un nivel dramático el conjunto de derechos civiles y políticos que configuran un régimen democrático. Robert Dahl expuso hace décadas que en una democracia uno debe tener un soporte de libertades y derechos que permitan formular las preferencias políticas, manifestarlas y recibir igualdad de trato una vez que las publicita. De nada sirve votar si estoy siendo coaccionado a hacerlo por una de las opciones políticas, o si luego de hacerlo soy castigado por mis preferencias. 

 

Atendiendo a esta consideración teórica la democracia venezolana no desapareció con los hechos de la semana pasada, sino que su erosión y el posterior desvío a un régimen autoritario ha venido sucediendo desde hace ya varios años. Existen múltiples reportes sobre el frágil estado de las libertades civiles y políticas de aquellos que no están con el régimen, señalando con detalle la persecución, la tortura y la desaparición forzada como denominadores en común. Ejemplos de ello son este reporte de Humans Rights Watch, y este reporte de Amnistía Internacional, que prueban que en Venezuela ya hace tiempo que puedes pagar con tu libertad y tu vida si disientes con el régimen. 

 

Hoy además saltan a la vista las recientes detenciones tanto de manifestantes en contra del gobierno como de testigos electorales del pasado domingo, y el posterior llamado de Maduro a reeducarles y hacerles trabajar de manera forzada. Se anunció también la opción de denunciar a los manifestantes y opositores del gobierno en la misma aplicación de móvil en la que la ciudadanía participa para recibir bonos y ayudas estatales, haciendo que la fuerza pública detenga en sus casas a rivales políticos. Además de ello Maduro, el presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez y el hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, amenazaron con detener al candidato Edmundo González y a María Corina Machado, por considerarles incitadores de las manifestaciones ocurridas desde la semana pasada. 

 

En adición a esto, en Venezuela no existe una estructura institucional que vele por garantías constitucionales y legales de manera imparcial, ya que el régimen controla todos los poderes del Estado y los usa para su sostenimiento en el poder. En 2015, por ejemplo, la oposición venezolana ganó 112 de los 165 escaños de la Asamblea Nacional, pero como respuesta a ello Maduro denunció fraude en las elecciones, y eventualmente convocó y conformó de manera ilegal una Asamblea Constituyente que usurpó sus funciones. En esa misma dirección de ruptura del equilibrio de poderes, el gobierno decidió anteponer la semana pasada un recurso no contemplado en la ley ante el Tribunal Supremo de Justicia, conformado por militantes chavistas, con el propósito de resolver judicialmente la proclamación de un presidente sin soportes de votos desde el organismo electoral. 

 

El punto es que no es acertado esperar a ver qué suceda con el CNE o con el Tribunal Supremo de Justicia para reconocer que el régimen de Maduro ya no funciona dentro de un conjunto de garantías plurales e igualitarias para la toma de decisiones políticas. En este momento el pueblo venezolano atraviesa el drama humano, social y político que ha creado un régimen que no solo prometió un cambio político y terminó hundiendo al país en una condición aún peor que la que existía, sino que le quitó al mismo pueblo venezolano la capacidad de decidir sobre ello, ignorando su demanda en las urnas.