Juan Diego Correa Quirós*

Regular la propaganda electoral en las redes sociales (RRSS) es un asunto complejo. La tecnología avanza mucho más rápido que el proceso de creación de las normativas incumbentes y durante el proceso electoral, especialmente durante la campaña, suelen presentarse situaciones, tanto inéditas como inesperadas, difíciles de controlar.

Así quedó de relieve en un foro donde miembros de tres ONG analizaron las elecciones recientes llevadas a cabo en Chile, Argentina y México, a partir de los hallazgos generados por la herramienta Publi-Electoral, una aplicación móvil y una extensión para navegadores que permite recolectar información sobre propaganda electoral en RRSS.

En el evento, Vladimir Cortés, vocero de la organización mexicana Artículo 19, destacó las imprecisiones en los reportes de los gastos hechos en propaganda electoral. Relató que la cantidad declarada ante la autoridad electoral no concordaba con la informada por los candidatos, según lo expuesto en la Biblioteca de Anuncios de Facebook, una herramienta que permite ver quién, cuándo y cuánto se paga por los avisos en esta plataforma.

Por su parte, Vladimir Garay, de la organización chilena Derechos Digitales, explicó que en su país casi no había restricciones en las campañas digitales y que, además, la fiscalización era muy débil. Mencionó que hubo candidatos que hicieron campaña en tiempos de veda electoral y que, sin embargo, no se habían tomado medidas legales.

La vocera de la organización argentina Asociación por los Derechos Civiles, Sara Soubelet, destacó la imposibilidad de distinguir, en medio de la veda, cuándo se trataba o no de propaganda electoral, debido a que algunas publicaciones eran gratuitas.

¿Cómo ha evolucionado el código electoral panameño sobre esta materia?

Esta pregunta resulta pertinente debido a la actualización del código electoral en febrero de 2022, y a la convocatoria oficial de la Elección General del 5 de mayo de 2024, hecha el 1 de junio pasado.

Medios digitales y RRSS: de 2017 a 2022

El día de la inauguración de la Comisión Nacional de Reformas Electorales 2020, el magistrado del TE y presidente de la Comisión, Alfredo Juncá,  recordó la creación del Pacto Ético Digital (PED), un compromiso suscrito entre los ciudadanos y los actores políticos con el objetivo de respetar la veda electoral, evitar las campañas sucias, y «no hacer uso de cuentas falsas y bots para desinformar o guiar maliciosamente al electorado a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos y partidos políticos”.

Como su nombre lo indica, el PED es un pacto, no una ley de cumplimiento obligatorio.  Por ello, debido a la emergencia de campañas coordinadas mediante el uso de call centers, estrategias de desinformación y noticias falsas, entre 2018 y 2019 el TE emitió varios decretos que procuraban actualizar la normativa, detectar los usos abusivos, tramitar las denuncias ciudadanas y mejorar las capacidades sancionatorias.

Como se recordará, en las elecciones de 2019, además de haberse detectado call centers que operaban desde el extranjero (Bin, 2019), hubo campañas coordinadas en RRSS, como la impulsada con la etiqueta #NoALaReelección. Aunque, como ha señalado Urribarri (2020), no es posible establecer relaciones de causalidad entre ésta y los resultados de los comicios, algunos de los diputados cuestionados no fueron reelegidos, además de que cinco candidatos por la libre postulación obtuvieron escaños en la Asamblea Nacional y uno de los aspirantes a la Presidencia, postulado como independiente, acabó de tercero en la contienda, superando al candidato del partido de gobierno.

Por su parte, Acosta y Brown Araúz (2022) encontraron que la etiqueta #NoALaReelección no había sido una expresión casual, sino “la manifestación virtual de un actor político constituido por políticos no partidistas que movilizaron a la población, buena parte de ella joven, con un discurso anticorrupción”.

De cara a las elecciones de 2024, el TE enfrentará una realidad que no sólo afecta a Panamá, sino al resto de los países de la región: un proceso complejo para crear y –muy importante– implementar las normativas que regulen el uso abusivo de las RRSS y plataformas digitales.

Sin duda, el nuevo código electoral es mucho más específico, con un capítulo dedicado a la propaganda electoral, definida en el artículo 257 como  “el conjunto de actividades pagadas que desarrollan específicamente los partidos políticos, precandidatos y candidatos durante un periodo determinado, destinadas a captar el apoyo del electorado, antes de un evento electoral”

El nuevo código (artículo 288) incluso dispone que los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos están en la obligación de suministrar al TE “su cuenta oficial en cada red social, así como las cuentas que han sido pagadas por ellos para ejecutar su propaganda”, así como registrar “a la persona que administrará sus medios digitales”.

Figura 1. Evolución del Código Electoral en torno a la regulación de las RRSS.

Rumbo a las elecciones de 2024

Las reformas al Código Electoral en torno a la propaganda en RRSS demuestran que el TE trata de regular su uso inadecuado; no obstante, muchos asuntos parecen ser irresolubles. Para tener una mejor idea acerca de cómo se prepara este órgano de cara a 2024, entrevistamos al licenciado Néstor Solís, quien dirige el Centro de Estudios y Monitoreo Digital (CEMD) desde abril de 2022.

Lo primero que aclara el director del CEMD es que, si bien una de las tareas más importantes de esta dependencia es el monitoreo de la propaganda electoral durante el periodo de veda, de ocurrir alguna transgresión de la normativa, las potestades sancionatorias corresponden a la Dirección Nacional de Organización Electoral, la encargada de todos los trámites.

Sin embargo, destacó Solís, dar de baja un contenido corresponde a las plataformas que tienen sus propias normas comunitarias; ellas, por supuesto, deben tomar en cuenta las leyes electorales de cada país. Por eso mismo, añadió, las alianzas con las plataformas fueron tan importantes en el torneo de 2019 y se está en trámites para renovarlas.

Frente a las campañas coordinadas, promovidas o ejecutadas por actores políticos no partidistas durante la veda electoral, Solís manifestó que, aunque era un problema real, en la práctica resulta muy difícil de controlar. Como ejemplo mostró la publicación de una persona conocida como influencer, que publicó un video de un precandidato por la libre postulación estando (como estamos actualmente) en periodo de veda. Pareciera una pieza propagandística, dijo, «pero no tenemos la manera de determinarlo; es decir, de saber si el precandidato pagó por ella».

Es esta la razón, argumentó, por la cual la nueva normativa dispone que los partidos políticos, precandidatos y candidatos están en la obligación de “suministrar las cuentas que han sido pagadas por ellos para hacer propaganda electoral, de modo que se pueda hacer una fiscalización eficiente del dinero destinado a este fin”.

Sobre el problema que posiblemente afecte en mayor grado el próximo torneo electoral, Solís se refirió a “la publicación de noticias falsas» como parte de la orquestación de campañas de descrédito y desinformación, lo cual lamentablemente «es un asunto muy difícil de atacar”. El TE lo ha hecho a través del Pacto Ético Electoral, “una herramienta de educación cívica que, consideramos, ha incidido en que esa práctica no haya proliferado más”, aseguró.

Quedan por delante dos años antes de iniciar formalmente el periodo de campaña hacia las elecciones generales del 2024. ¿Cómo aseguramos un proceso democrático justo y limpio? Esta es una pregunta para el Tribunal Electoral, pero también para los partidos políticos, los candidatos, los responsables de las campañas —que deberían tener marcos éticos—, para la sociedad civil y, por supuesto, para los ciudadanos.

 

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*Juan Diego Correa Quirós es estudiante panameño, candidato a la doble Licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno, y Periodismo, en Saint Thomas University (Canadá). El texto es resultado de su pasantía académica bajo la orientación y supervisión de la Dra. Raisa Urribarri, investigadora del CIEPS.