Originalmente publicado en Agenda Pública el 16 de abril de 2020.

 

Panamá no cuenta con las herramientas tradicionales de las políticas monetarias y cambiarias para sobrellevar los efectos económicos de la pandemia. Esto ha creado la necesidad de implementar de manera casi inmediata una gran variedad de medidas de gasto y cambios de regulaciones.

En efecto, dos días después del anuncio del primer caso de contagio de la Covid-19, el presidente, Laurentino Cortizo, envió un claro mensaje de estar dispuesto a hacer todo lo posible para disminuir la velocidad del brote. Luego de decretar un estado de emergencia acional, el Gobierno empezó a imponer gradualmente una serie de restricciones de las actividades comerciales y del movimiento de los ciudadanos que, en menos de 15 días, se convirtió en una cuarentena casi total. Para contrarrestar los efectos sociales y económicos de estas medidas, el Gobierno abrió la posibilidad de relajar las reglas fiscales, de reducir las restricciones en los procesos de contratación pública y de utilizar el fondo soberano de ahorro.

Una encuesta del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) entre 1.310 personas, realizada durante la segunda y tercera semanas del periodo de emergencia, sugiere que estas medidas han sido bien recibidas por los panameños. En efecto, un 71,9% de los encuestados considera que la actuación gubernamental ha sido buena o muy buena, y un 79,6% ofrece la misma valoración sobre las acciones específicas del Ministerio de Salud. Sin embargo, este mismo estudio revela que un 89,7% de los encuestados opina que la situación económica de Panamá quedará mal o muy mal después del coronavirus.

Estas cifras nos sugieren que, a pesar de sentirnos confiados en la capacidad del Gobierno de responder a las necesidades inmediatas que surgen como resultado de la pandemia, intuimos que las medidas no son lo suficientemente profundas como para afrontar los cambios estructurales-productivos a medio y largo plazos.

Políticas fiscales en tiempos de austeridad

Con una economía dolarizada y sin un banco central con herramientas tradicionales bajo su control, Panamá no puede emular las acciones de manejo de flujo de capitales para reducir la volatilidad de su moneda, como están haciendo países como Argentina. De igual forma, no puede intervenir directamente en las tasas repo o reducir los tipos de interés bajo su control para ajustar la liquidez del sistema bancario, como han hecho Costa Rica, Brasil y Chile, entre otros.

Esto genera un contexto de alta dependencia en las evaluaciones de los mercados internacionales para poder colocar bonos y manejar su deuda a tasas bajas de interés. Esto limita la voluntad política de, por ejemplo, renegociar o suspender temporalmente pagos de su deuda, como ha hecho Argentina, lo que liberaría alrededor de 3.000 millones de dólares para encarar la crisis en Panamá. En su lugar, el Gobierno ha reasignado recursos para fortalecer la resiliencia del sector de salud pública y contener a corto plazo los efectos de la caída de la demanda y oferta agregada. En menos de un mes, se han implementado más de 27 medidas económicas y se ha anunciado están siendo diseñadas un mínimo de otras 70 más. Todo esto será puesto en marcha bajo un nuevo plan de contención de gastos de 2.000 millones de dólares, aproximadamente el 8,7% del Presupuesto General para el 2020.

Esta reducción en los gastos de funcionamiento e inversión anticipa una caída significativa de ingresos públicos. En efecto, la desaceleración económica afectará fuertemente el flujo de caja de todos los gobiernos alrededor del mundo, pero en Panamá partimos de un contexto en el que el peso de los impuestos en términos del PIB es uno de los más bajos de Latinoamérica (el 14,7%, comparado con el promedio de América Latina de 22,8%). Por otra parte, las actividades del Canal de Panamá, que a corto plazo se verán afectadas por la reducción en el comercio internacional, representan alrededor de 7% del Presupuesto anual.

Con estas limitantes, el Gobierno ha implementado el programa Panamá Solidario, que incluye una serie de bonos o vales de comida y medicamentos para personas afectadas. Se ha activado también una red de voluntarios y funcionarios públicos para repartir bolsas de comida por todo el país y se ha declarado un compromiso de mantener los programas de transferencias monetarias a personas de bajos recursos y adultos mayores. Igualmente, el Gobierno ha extendido a personas naturales y jurídicas el plazo para el pago de tributos y de servicios de electricidad, telefonía y agua, sin que esto conlleve pago de intereses, recargos o multas, y ha ordenado altas sanciones para la especulación de precios.

Para aumentar la liquidez bancaria, el Gobierno ha ordenado a la Superintendencia de Bancos (SIB) levantar la prohibición del uso de la provisión dinámica de los bancos, liberando potencialmente alrededor de 1.200 millones de dólares. La SIB aún no ha anunciado oficialmente cómo los bancos usarán estos fondos.

Políticas de desarrollo económico en tiempos de incertidumbre

El Gobierno ha buscado priorizar el bienestar de las personas en sus medidas de salud pública. A diferencia de las reacciones iniciales de países como Ecuador y México, las de distanciamiento social y económico apuestan por salvar la mayor cantidad de vidas posible y crear el tiempo y espacio para que el sistema de salud pueda adaptarse a los efectos de la pandemia. Igualmente, el compromiso de mantener las redes y programas de transferencias monetarias para los cientos de miles de personas vulnerables, así como el enfoque de brindar alivio económico por medio de bonos a personas desempleadas y trabajadores independientes, reducen las probabilidades de que cientos de miles de personas entren o regresen a un estado de pobreza extrema en las próximas semanas. El reto gubernamental tras esta primera ronda de medidas es planificar para los próximos 12 a 14 meses, un marco en el que el pensamiento macroeconómico tradicional no será suficiente.

Aunque los epidemiólogos difieren sobre la posible duración de la pandemia, es muy probable que, sin una vacuna, pruebas virológicas y serológicas masivas y tratamientos comprobados, estaremos entrando y saliendo de diferentes brotes por lo menos hasta junio 2021. Es decir, no estaremos afrontando un día después de la pandemia, sino una serie de repuntes y frenazos de actividad económica. Sin los datos de contagios e inmunidad a nivel masivo, será un mundo donde tendríamos que salir a la calle con mascarillas, lentes protectores y guantes, cambiar nuestros hábitos de consumo, y desarrollar nuevas prácticas de limpieza personal y del hogar. Esto crea una extraña mezcla de cambios culturales (o de modo de hacer las cosas) acelerados en un contexto de “incertidumbre anticipada” en términos productivos. Así, es poco probable que las empresas, bajo la premisa de que buscan maximizar ganancias, se sientan confiadas para expandirse y adaptarse a las necesidades de sus clientes y la sociedad en general.

Este periodo tiene que verse no sólo como un choque macroeconómico, donde la caída de la producción y la reducción de la demanda agregada rompen los ciclos en gran parte de la economía. Esta crisis es eso y más. Los próximos 12/14 meses representarán cambios estructurales profundos. Y en este sentido, y a pesar de ser necesarias para garantizar el bienestar de los ciudadanos, las medidas existentes no podrán ni restaurar la producción que se pierde como resultado del distanciamiento social y económico ni suplir los bienes y servicios a la escala necesaria.

A medio y largo plazo, es necesario replantear las medidas para que ayuden a resolver las deficiencias en nuestras capacidades productivas y nuestra alta dependencia en importaciones, una realidad de nuestro modelo económico que la pandemia sólo ha venido a exacerbar.

Por ejemplo, después de ingresar, en 1997, en la Organización Mundial de Comercio, el peso de la actividad de manufactura en el PIB pasó del 11,9% a sólo el 5% en 2019. De la misma forma que Panamá logró enfocar la mayoría de sus recursos a maximizar los retornos de la Zona del Canal cuando le fue devuelta por los Estados Unidos en 1999, es ahora necesaria una política industrial en la que el sector de la manufactura desempeñe un papel fundamental en el procesamiento de alimentos producidos localmente, y pueda suplir la creciente demanda de equipos y vestuarios de protección. Igualmente, con crecientes restricciones a las exportaciones en los Estados Unidos y Europa, se deben reasignar recursos no sólo para la investigación de nuevas pruebas virológicas y serológicas, sino también para su desarrollo y comercialización a nivel nacional y regional.

Los medios de comunicación ya han identificado casos de pequeñas empresas, estudiantes y centros de investigación que por propia iniciativa están respondiendo a las nuevas necesidades de la sociedad. En otros tiempos, podríamos confiar en las señales que envían los precios para que estos productos lleguen eventualmente a las personas que los necesitan. Pero en este periodo de incertidumbre se requiere de un claro direccionamiento de recursos que indiquen, de manera estratégica, la necesidad de usar el fondo soberano, las reservas de los bancos comerciales y préstamos de organismos internacionales para brindar créditos blandos a compañías que puedan replantear sus modelos de negocio, al igual que ofrecer fondos a organizaciones sin fines de lucro que puedan brindar apoyo en programas de ajustes culturales, reinserción laboral en nuevas industrias y bienestar psicológico.

Panamá debe tomar ventaja de no contar con una banca central tradicional para afrontar estos problemas. Al contar con las herramientas macroeconómicas tradicionales, la gran mayoría de los países verán el problema como uno de choque de demanda y oferta agregada. Sin estas restricciones cognitivas, en Panamá podemos utilizar los limitados recursos con los que contamos para afrontar exitosamente los próximos 14 meses, repensando nuestro modelo productivo de manera inclusiva y solidaria.