Desempleo, inflación y finanzas son temas que entran en las consideraciones de los ciudadanos durante los procesos electorales. Según varios estudios, los latinoamericanos castigan en las urnas las promesas económicas no cumplidas y un desempeño político que ellos perciben haya afectado negativamente su presupuesto individual o familiar. Estos mismos estudios sugieren que una estrategia de campaña presidencial efectiva incluye atribuir cualquier problema económico a un contrincante en particular de manera contundente.

En efecto, 57% de los panameños esperan que este año electoral les traerá una situación económica mucho o un poco mejor, según la encuesta internacional de opinión Latinobarómetro. Esto representa un incremento de 6 puntos porcentuales de 2017, sugiriendo el nivel de expectativa que causan las elecciones presidenciales entre los panameños. En 2017, un 30% de los panameños consideraban que los problemas más importantes para ellos y su familia estaban relacionados a la economía, según la misma encuesta, lo que colocaba estos temas por encima de problemas como la inseguridad y la delincuencia (24%).

Recientemente, los 7 candidatos presidenciales publicaron sus prioridades y planes de acción de gobierno, incluyendo sus propuestas económicas. Los documentos varían considerablemente en su cobertura y profundidad de análisis, reflejando en parte la disparidad de fondos disponibles entre las campañas. Por ejemplo, los 3 candidatos de libre postulación elaboraron documentos escuetos con un limitado diagnóstico para fundamentar sus planes. Sin embargo, todas las propuestas reflejan el entendimiento de los candidatos sobre las problemáticas económicas que enfrenta el país y sus posibles soluciones. En las siguientes secciones comparo los diagnósticos que informan estas propuestas económicas y las herramientas más distintivas que utilizarían, e identifico a los grupos sociales que estos candidatos estarían priorizando.

Diagnósticos
Solo Rómulo Roux y Saúl Méndez incluyen un detallado diagnóstico sobre el entorno económico local y mundial, aunque llegan a conclusiones vastamente diferentes. Para Roux, una combinación entre la disminución de depósitos extranjeros en bancos locales y los cambios en la política monetaria estadounidense, entre otros factores, ha afectado la economía panameña negativamente. A su vez, considera que las medidas implementadas por el gobierno actual (como reducir la inversión en capital y aumentar los gastos públicos en servicios personales) han sido las causantes de la desaceleración económica que enfrentamos, lo que ha impactado negativamente en el ánimo de los ciudadanos y en sus intenciones de compra e inversión (Plan de acción de Rómulo Roux, págs. 13-16).

Por su parte, el diagnóstico de Saúl Méndez  sugiere que Panamá sufre las consecuencias de haber concentrado sus políticas y recursos públicos y privados en actividades improductivas y especulativas, como la banca de inversión y comercio. Estos sectores, en lugar de crear valor económico como lo harían el agro y la industria, lo extraen. Para Méndez, no es lo mismo maximizar  utilidades o ganancias a corto plazo que generar valor real en una economía de manera sostenible. Como sucede en otros países similares, esta extracción de valor crea las condiciones para que se concentren los ingresos y la riqueza en manos de un grupo limitado de personas (Plan de gobierno del Frente Amplio por la Democracia, págs. 15-18).

Para los otros cinco candidatos, el gran cuello de botella de la economía panameña es la institucionalidad. Debemos suponer, por el énfasis que dan a este tema en sus propuestas, que la institucionalidad es la razón por la que Panamá ha crecido más de un 184% desde 1990 en términos del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita real, pero solo ha podido lograr una disminución de la desigualdad de un 15%, según el coeficiente de Gini para ingresos en ese mismo periodo (basado en datos del Banco Mundial). Para la mayoría de los candidatos, si lográsemos manejar los tres órganos del Estado de manera eficiente, transparente y siguiendo las reglas del juego, lograríamos un mejor desempeño económico y social, aunque las propuestas no dejan del todo claro a qué se refieren con eficiencia. Los 3 candidatos por la libre postulación hablan de austeridad, pero en realidad se refieren a reducir gastos de viajes, eliminar planillas paralelas y prescindir de funcionarios a los que ellos describen como innecesarios (ver, por ejemplo, el Plan de gobierno de Marco Ameglio, pág. 22). Para los otros 4 candidatos, esta eficiencia institucional se define de manera tautológica, donde frenar el deterioro de la institucionalidad significa reforzar la institucionalidad, ser más eficientes y contar con reglas del juego más claras.

La deuda externa pública toma cierto protagonismo en la mayoría de los diagnósticos. Con excepción de Ana Matilde Gómez y José Blandón, existe una alta preocupación por un nivel de deuda pública externa que, según las propias propuestas explican, está por debajo de los límites que impone la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal, y que se compara favorablemente con los países de la región. Como piezas de comunicación política que son estas propuestas, las cifras de la deuda pública se presentan frecuentemente de manera alarmista al utilizar su valor en dólares, en lugar de usar su relación porcentual al PIB, o como la capacidad/necesidad de financiación de la administración pública (ver, por ejemplo, el Plan de acción de Laurentino Cortizo, pág. 19, y plan de gobierno de Saúl Méndez, pág. 18). 

Alimentando este tono político, ninguno de los diagnósticos explora el retorno social y económico de la inversión pública. Las consideraciones sobre el estado actual de las finanzas públicas tampoco incluyen que Panamá ha mantenido por los últimos 20 años uno de los más bajos niveles de recaudación de impuestos con relación al PIB de Latinoamérica (14.7%, comparado al 22.8% del promedio de Latinoamérica y del Caribe). Las propuestas de Saúl Méndez son las únicas que sugieren explorar en detalle las ventajas y desventajas de utilizar nuestras empresas estatales para generar los ingresos adecuados para suplir las necesidades de los grupos marginados.

Herramientas
Con diagnósticos que hacen tanto énfasis en la institucionalidad, es de esperar que las herramientas propuestas se enfoquen en la creación de nuevas instituciones. Ana Matilde Gómez y Laurentino Cortizo proponen reformar el Ministerio de Economía y Finanzas para que se encargue de la planificación y las finanzas nacionales. Cortizo añade a esta propuesta la creación de un Consejo del Futuro “para pensar estratégicamente en el futuro del país” (Plan de acción de Laurentino Cortizo, pág. 17). Ambos posicionan la planificación no solo como una herramienta para lograr eficiencias, sino también para conseguir una distribución de ingresos más equitativa. Por su parte, Rómulo Roux propone establecer procesos de planificación a 25 años para todas las provincias, pero no especifica cómo se sistematizaría ese proceso (Plan de acción de Rómulo Roux, pág. 38).

La preocupación por la deuda externa se traduce mayormente en políticas para manejar la deuda interna que mantiene el gobierno con proveedores y contratistas. Laurentino Cortizo y Rómulo Roux proponen mejoras administrativas en estos procesos y prometen realizar pagos en menos de 60 días (Plan de acción de Laurentino Cortizo, pág. 19). Por su parte, Saúl Méndez sí utiliza el diagnóstico sobre la deuda externa para plantear propuestas más profundas sobre nuestro sistema de finanzas públicas. Para Méndez, es necesario crear una política sobre endeudamiento que se enfoque en lo que llama la “deuda social”, o la inversión en educación, salud, viviendas dignas y agua (Plan de gobierno de Saúl Méndez, pág. 32). En lugar de simplificar el sistema tributario, como propone Marco Ameglio, o revisar algunos impuestos, como propone Ricardo Lombana, Saúl Méndez plantea un compromiso a un sistema tributario más progresivo. Por ejemplo, Méndez regresaría a las tasas de impuestos sobre la renta para personas jurídicas que regían en Panamá antes de 1991. (pág. 30). Según la OCDE, estas tasas para personas naturales con los ingresos más altos rondaban el 56% entre 1985 y 1986.

Por último, la influencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es palpable en las propuestas económicas de 5 de los candidatos. Con la excepción de Saúl Méndez y José Blandón, la llamada economía naranja –o el sector cultural y artístico– es parte de la lista de sectores económicos prioritarios de estas propuestas. Siguiendo varios años de promoción de este sector por el BID, estos candidatos han propuesto crear becas, leyes, fondos y centros de oportunidades para apoyar negocios naranja o becas para estudios en estas áreas (compromisos de Ricardo Lombana, sección de economía). En este caso se hace evidente la importancia de realizar diagnósticos para informar propuestas, ya que estos candidatos no parecen haber evaluado las decenas de estudios que apuntan a la precariedad de la mayoría de los trabajadores de este sector en países con economías culturales mucho más desarrolladas que las nuestras.

Podemos suponer que estos candidatos desconocen los posibles efectos sociales, en términos de gentrificación y desigualdad de ingresos, que se han documentado en gran detalle como producto de políticas de urbanización cultural. En realidad, solo la publicidad, la arquitectura y el desarrollo de software, incluidas en esta economía naranja, generan ingresos para los inversionistas de capital en estos sectores. Gran parte del resto del sector cultural enfrenta barreras para conseguir economías de escala y replicabilidad, que requieren de una fuerte y constante inversión pública. Por su parte, José Blandón y Saúl Méndez (Plan de gobierno de José Blandón, pág. 29) posicionan la inversión en la cultura y las artes en términos de su valor de generación de habilidades blandas, desarrollo de capacidades ciudadanas, cohesión social y apoyo a procesos de predistribución de dotaciones para acelerar procesos de aprendizaje entre niños y niñas de bajos recursos.

Grupos priorizados
La mayoría de las propuestas buscan mayor inclusión social para las mujeres, los afrodescendientes y los pueblos originarios. Los planes de José Blandón y Ana Matilde Gómez posicionan el tema de la igualdad de género no solo como un derecho humano, sino también como una herramienta clave para incrementar la productividad y reducir la desigualdad de ingresos (ver, por ejemplo, página 44 del Plan de acción de Laurentino Cortizo). Rómulo Roux habla de la democratización de la productividad, con un componente de género (pág. 12).

Pero realmente, los grupos priorizados en términos económicos en todas las propuestas son los jóvenes y los niños. Las propuestas muestran un compromiso firme con un mejor sistema educativo, pero los candidatos parecen entender que un título académico no es suficiente para reducir la exclusión laboral y financiera que muchos jóvenes enfrentan. Por ejemplo, Ana Matilde Gómez propone un programa de primer empleo para jóvenes aprendices que se lograría con colaboración público-privada (Programa electoral de Ana Matilde Gómez, punto 11.3). Laurentino Cortizo y Ricardo Lombana plantean crear puntos de encuentro entre inversionistas y emprendedores, y fondos financieros para acompañar a emprendedores, con énfasis en proyectos de mujeres y jóvenes (Plan de acción de Rómulo Roux, pág. 45). Por último, existe un consenso sobre la necesidad de invertir de manera más efectiva en la predistribución, incluyendo programas de alimentación suplementaria para menores de 5 años para que más niños y niñas puedan iniciar su vida escolar con buen pie (Plan de gobierno de José Blandón, pág. 15).

Conclusiones
6 de los 7 candidatos están apostando a que existe un bajo apetito por cambios radicales a nuestro modelo de producción, consumo y distribución. A pesar de mostrar preocupación por el estado de las finanzas públicas, la mayoría propone seguir utilizando el mismo sistema tributario y de empresas estatales, solo que de manera más eficiente. En efecto, las propuestas económicas dan por sentado que el rol del presidente es similar a la de un administrador de empresas que busca eficiencias, dar buena atención al ciudadano e incrementar la productividad del sector público. Es interesante entonces que ninguno de los candidatos incluya una estimación en dólares de los costos y beneficios de sus largas listas de propuestas.

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Referencias
Corporación Latinobarómetro. Informe 2018. 2018. Web.

OCDE, CEPAL, CIAT, BID. Estadísticas Tributarias de América Latina y el Caribe. 2019. Web.

OCDE, CEPAL, CIAT, BID. Estadísticas Tributarias de América Latina y el Caribe. 2018. Web.

FRED Economic Data. Banco de la Reserva Federal de St Louis. 2019. Web. 15 de abril 2019.

Johnson, Gregg B., y Sooh-Rhee Ryu. “Repudiating or Rewarding Neoliberalism? How Broken Campaign Promises Condition Economic Voting in Latin America.” Latin American Politics and Society, vol. 52, no. 4, 2010, pp. 1–24.

McRobbie A. Be Creative: Making a Living in the New Culture Industries. Polity. 2016. Impreso.

Rojas-Suárez, L. Financial Inclusion in Latin America. Banco Interamericano de Desarrollo. 2016. Web.

Valdini, M. y Lewis-Beck, M. “Economic Voting in Latin America: Rules and Responsibility”. American Journal of Political Science. Vol 62, pp. 410-423.

World Bank Data. Banco Mundial. 2019. Web. 15 de abril 2019.