Un reciente artículo de Flavia Freidenberg y Camilo Saavedra (2020) evalúa las democracias latinoamericanas en un período que comprende el inicio de la transición a finales de la década de los setenta del siglo pasado, hasta 2019. En él, los autores encuentran que la democracia viene haciéndose más fuerte en la dimensión electoral, y que hoy más que nunca se realizan elecciones periódicas, libres y competitivas en la región, dando señales de institucionalización democrática. Sin embargo, también hallan que existen diversas asignaturas pendientes, entre las cuales están la vigencia del Estado de derecho y la protección de los derechos políticos de la ciudadanía.

Al momento en que los autores escribieron el artículo, aún no había tenido lugar la pandemia de COVID-19, que ha obligado a todos los países a establecer limitaciones de movilidad con miras a contener la expansión del virus. Estas limitaciones de movilidad han adquirido distintas formas en toda América Latina, pero en general han sido de las más extendidas del mundo, y restringen derechos como los de asociación y libre tránsito, estableciendo multas y penas para las personas que violen las medidas de cuarentena. Hay diferencias de grado entre cada país de América Latina, pero desde entonces las fuerzas armadas y de la policía han tomado bajo esas figuras de emergencia un papel protagónico en el control de los ciudadanos.

Esta situación no deja de ser preocupante para el Estado de derecho y las libertades políticas de las democracias, por dos razones en particular. Primero, porque no hay un plazo definido con respecto a cuándo dejaría de ser necesario el control de la movilidad ciudadana, una consecuencia apenas normal debido a la incertidumbre de la pandemia, que ya obligó a varios países de Europa a regresar a las cuarentenas. Luego, al no haber una fecha clara en que deje de ser necesario que los gobiernos controlen y restrinjan la movilidad, se entra en conflicto con las provisiones constitucionales que permiten estas medidas de excepción, siempre pensadas para períodos cortos y sujetas a un control de otras instancias estatales que en algunos casos no se están cumpliendo. De esta forma estamos siempre propensos a los abusos de parte de las fuerzas del orden dentro de marcos legales no muy claros, diseñados para emergencias con plazos fijos y que en algunos casos ni siquiera están siendo constitucionalmente coherentes.

Todo esto es importante para la democracia de la región, pues fue bajo la figura de los estados de sitio indefinidos como se cubrieron por mucho tiempo un gran número de abusos civiles y políticos contra la sociedad civil latinoamericana (Millett & Gold-Biss, 1996). En países como Argentina, Colombia, Ecuador y Panamá ya ha habido denuncias de abuso policial en los controles de la cuarentena, mientras que en Perú, por ejemplo, murieron trece personas en un operativo con motivo de una fiesta clandestina.

A su vez es importante porque en contextos de elevada movilización social y política, justo como se encontraba la región antes de la pandemia, estas restricciones se pueden volver una herramienta que deslegitime y defina como peligrosa la acción colectiva. Este es el caso de Estados Unidos, donde el presidente Trump y sus partidarios reaccionaron con represión y acusaron de propiciar el contagio a quienes protestaron por la muerte de George Floyd; o de Colombia, donde el gobierno de Iván Duque acusó a la marcha de la Minga de ser un peligro contra la salud pública , con el movimiento indígena hacia Bogotá. En este sentido, América Latina está viviendo un despertar en términos de movilización que puede chocar con el aumentado rol de las fuerzas del orden.

En esa dirección, ciertos episodios se suman a la alerta por la militarización y la relevancia dada a las fuerzas de seguridad. En Argentina se levantan las críticas por la militarización de los barrios más afectados por la pandemia; en Brasil el presidente Bolsonaro ha aumentado significativamente el número de militares en cargos civiles, despertando dudas sobre el carácter civil de su gobierno; en México el presidente López Obrador ha legado más funciones y poder a las fuerzas militares y dejado bajo el control de estas el orden público, luego de hablar prometido lo contrario en campaña; en Colombia la policía disparó y asesinó a catorce personas durante protestas contra la brutalidad policial, sin que haya habido rechazo por parte del presidente Duque o su ministro de defensa; y en varios países se ha reforzado el presupuesto de las fuerzas militares y policiales.

Luego si Freidenberg y Saavedra (2020) encontraron que el Estado de derecho y la mejora de algunas libertades civiles y políticas era una asignatura pendiente para la democracia, entonces ahora más que nunca se debe recordar que en el marco constitucional y legal de las democracias existen provisiones y garantías que son tan importantes como las condiciones sanitarias de las personas. Descuidar estas provisiones y garantías es descuidar la democracia misma.

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Bibliografía

Freidenberg, F., & Herrera, C. S. (2020). La democracia en América Latina. Revista de Derecho Electoral, (30), 1.

Millett, R., & Gold-Biss, M. (Eds.). (1996). Beyond Praetorianism: the Latin American military in transition. North-South Center Press, University of Miami.