Los Pandora Papers son un conjunto de filtraciones producto de la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Más de 650 periodistas revelaron millones de documentos de 14 empresas de servicios finacieros en países como Estados Unidos, Suiza, Singapur, Panamá, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Belice y las Islas Vírgenes Británicas. Como resultado se ha conocido que políticos, empresarios y grandes figuras de la farándula han estado involucrados en la conformación de sociedades en el extranjero, en una conducta que en general se asocia con evasión fiscal, tramas de corrupción y/o lavado de dinero para el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional.
Evidentemente, nada de esto es nuevo para Panamá, pues ya en 2016 los Panama Papers habían puesto al país en el centro de la discusión sobre cómo la firma de abogados Mossack-Fonseca prestaba servicios para facilitar el ocultamiento de dinero –y la identidad de sus propietarios– en paraísos fiscales. En aquella ocasión, el gobierno del presidente Varela rechazó la inclusión del país en la lista de paraisos fiscales y lamentó que la imagen del país fuera empañada, a la vez que anunció la toma de acciones para comprometerse con la transparencia de los servicios financieros del país.
¿Cómo afrontar como gobierno y opinión pública algo que vuelve a suceder? Con ocasión de los Panama Papers ya se ha advertido que la consecuencia de las revelaciones está ligada a la forma en que se presenta la información (Kobis y Starke, 2017)[1]. No es el momento de listar nombres y personas involucradas, para entonces acostumbrarnos a la dinámica y esperar la siguiente filtración con nuevos nombres. Por el contrario, es momento de discutir el núcleo de la cuestión y la forma en que estos informes señalan el rol que tienen sectores específicos del país en este fenómeno. Proponemos, entonces, tres ideas que deben estar presentes en cualquier reflexión sobre el tema.
1. No es una campaña internacional contra Panamá.
Contrario a lo que algunas de la reacciones insinúan, los Pandora Papers no han sido parte de una campaña internacional contra el país y no son un ataque a la soberanía panameña. Son producto de un trabajo periodístico amplio que incluye a más países y que sucede además en un contexto de preocupación mundial por la corrupción y la desigualdad como fenómenos políticos y económicos. Esto último alimentado por la crisis financiera de 2008, la crisis de los commodities, y la reciente crisis social y económica producto de la pandemia del COVID-19 (González-Ocantos e Hidalgo, 2019).
Reaccionar a lo sucedido asumiendo una postura de víctima frente a los medios internacionales facilita que se cometan al menos dos errores. En primer lugar, las revelaciones se asumen como un señalamiento a todo el país, cuando solo apuntan a los actores políticos y económicos panameños que permiten que lo denunciado siga sucediendo. Panamá comprende una comunidad mucho más amplia y que, de hecho, está siendo perjudicada por los efectos internacionales que trae la defensa de la opacidad financiera que algunas firmas legales y sus adláteres políticos promueven.
En segunda instancia, la actitud de victimización impide que el país tenga una discusión crítica en torno a aquello que está siendo comprobado en la filtración: que luego del escándalo de Mossack-Fonseca sigue existiendo una prestigiosa firma de abogados panameña (Algocal) que es denunciada como facilitadora de la opacidad de dineros internacionales involucrados en corrupción y lavado de dinero (Medina, Escudero y Díaz-Struck, 2021).
2. Es más que un atajo fiscal.
Otra de las reacciones más comunes ha sido decir que no hay ilegalidad alguna en lo que está presentado en los Pandora Papers, y que por lo tanto entra en el ámbito de los atajos fiscales válidos que cualquier persona con dinero puede escoger. Por ejemplo, Alcogal manifestó en su respuesta a la filtración que la constitución de empresas “es solo un aspecto” de sus servicios legales y que opera en “pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en cada jurisdicción en la que trabajamos”. Esta visión se traslada entonces al plano ideológico, en el que algunos abogan por una menor intervención del Estado en la economía y por menores tasas fiscales, señalando que lo que buscan los Pandora Papers es limitar la libre circulación de capital. Pero, si bien muchas de las movidas realizadas encajan dentro del marco legal de los países en que tienen lugar, y si bien existen posturas políticas sobre cómo ordenar fiscalmente los Estados, lo cierto es que la discusión debe pasar ante todo a un plano ético, tanto en el nivel internacional como en el nivel local.
En el plano internacional, los circuitos explicitados en la filtración están facilitando la opacidad de dineros relacionados con tramas de lavado de dinero, corrupción, narcotráfico y otros crímenes organizados como la trata de personas y el terrorismo internacional. Todos estos fenómenos ocultan y mueven su dinero por los mismos circuitos que aquellos que dicen solo beneficiarse de un atajo legal para obtener beneficios fiscales. Que se defienda la legalidad de espacios que promueven la opacidad financiera equivale, en el mejor de los casos, a defender directamente los canales por los que están sucediendo fenómenos como Odebrecht y la corrupción de altos mandos venezolanos, y eso solo entre los ejemplos de los que estamos al tanto (Medina, Escudero y Díaz-Struck, 2021). No deja de ser paradójico que, en una defensa ideológica de la libertad financiera, se esté facilitando la salida de grandes cantidades de dinero desde Venezuela, ayudando con ello a la degradación política, económica y social de un país que es blanco de críticas por la falta de libertad económica.
En el plano local, es una señal de alarma la revelación de listas de relevantes actores políticos y económicos que participan de las decisiones tomadas por el país en torno a las regulaciones financieras y comerciales. Esto alcanza incluso el nivel de expresidentes, no solo en Panamá, sino en otros países del mundo. Surge entonces el cuestionamiento de qué se puede esperar de los liderazgos de este tipo. Es decir, ¿qué medidas están tomando en defensa de lo público quienes utilizan circuitos financieros para evadir controles fiscales de los propios países donde son parte de la élite política y empresarial? ¿Cómo están estos liderazgos, por ejemplo, enfrentando la evasión fiscal empresarial?
Como añadidura, es necesario reconocer que estos arreglos de opacidad financiera no están al alcance de los sectores medios y bajos, sobre los cuales sí recae con toda severidad la carga fiscal. Que en un país los más favorecidos evadan tributar y los menos favorecidos tengan que pagar, debe ser una señal de alarma para la idea de una comunidad nacional que tenga un proyecto colectivo consistente.
3. Es una oportunidad para el país.
Panamá ha sido nombrado como un país de tránsito, y su posición en términos geopolíticos lo obliga a mantenerse conectado con las circunstancias globales. Al mismo tiempo, los Panama Papers, los Pandora Papers y las consecuencias que estos escándalos traen consigo, advierten que los vientos internacionales en favor de la opacidad financiera están cambiando en el mundo. Que el gobierno, las élites y la opinión pública del país ignoren este hecho, traerá consecuencias políticas y económicas que sufrirá toda la ciudadanía, a la vez que representará el crecimiento de una mancha sobre la identidad nacional.
En cuanto a lo primero, al mantener y defender a este sector que ofrece los servicios legales y financieros revelados en las filtraciones, se mantiene y se profundiza un enfrentamiento internacional que ha sido costoso y que lo seguirá siendo para el país. Esto implica un desgaste diplomático y de recursos que ni siquiera garantiza una victoria final, puesto que no puede asegurar que se evite la inclusión de Panamá en las actuales listas de paraísos fiscales ni en las que están por aparecer, afectando con ello el carácter de Centro Bancario, la inversión extranjera directa y el turismo. Como con el freno de un buque, solo si se toman medidas oportunas podemos esperar una reacción a futuro; ni siquiera para este momento. Por ello, escoger el mantener esa batalla en lugar de exigirle al sector de servicios que abandone estas prácticas de opacidad financiera, es en el mejor de los casos un error de cálculo.
Los Pandora Papers constituyen una oportunidad única para que el gobierno, sus élites y la ciudadanía en general se replanteen la connivencia con los sectores políticos y económicos que defienden estas actividades, y que pretenden venderlas en términos de opinión pública como un ataque, como una discusión sobre lo legal y lo ilegal, o como un debate ideológico. Es imperante que los retos éticos y de construcción de país sean el centro del debate sobre esta nueva –y no última– oleada de filtraciones periodísticas.
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Referencias:
[1] Dicen los autores: “While episodic news frames rather focus on single events, instances, and certain individual actors, thematic news frames provide more background information and cover an issue in a more analytical way (Papacharissi & Oliveira, 2008; Starke & Flemming, 2015). Thus, both types of news frames tend to attribute both causal (Who is responsible for causing the problem?) and treatment responsibility (Who is responsible for solving the problem?) differently. Iyengar (1991, pp. 15–16) concludes that “episodic framing tends to elicit individualistic rather than societal attributions of responsibility, while thematic framing has the opposite effect”” (Kobis y Starke, 2017: 74).
Köbis, N., & Starke, C. (2017). “Why did the Panama Papers (not) shatter the world? The relationship between Journalism and Corruption”. How to research corruption?, 69.
Medina, Escudero y Díaz-Struck (3 de octubre de 2021). “El despacho panameño donde las élites latinoamericanas ocultaban sus riquezas”. El País.
Gonzalez-
Politólogo, Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Sus temas de investigación son la calidad de la democracia, las instituciones informales y la corrupción. Tiene experiencia profesional en Colombia, Ecuador y España.
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