Por: Saniya Karimova – Investigadora Asociada.

Panamá, una vez más, confirma su condición de país de tránsito. En mayo, el gobierno creó un nuevo Régimen Especial y Temporal de Tránsito para ciudadanos de países hispanohablantes de América incluidos en programas internacionales de cooperación en repatriación. El Decreto Ejecutivo No. 8 del 13 de mayo de 2026 reafirma que Panamá no es un país de destino ni un tercer país seguro. Bajo este régimen, los migrantes pueden transitar por el territorio panameño por un máximo de 30 días, tras lo cual deben regresar a su país de origen o dirigirse a un tercer país.

Debido a su ubicación estratégica, Panamá ha desempeñado históricamente un papel clave como centro de tránsito para bienes y personas. Desde el comercio transatlántico colonial hasta su rol actual como corredor crítico para la migración de sur a norte a través del Tapón del Darién —y más recientemente como parte de flujos inversos—, el país sigue una trayectoria marcada por su geografía. A pesar de su creciente papel como destino para capitales y ciertas categorías de migrantes, Panamá continúa siendo un país de tránsito para personas con menos recursos.

Como país pequeño, gestionar el paso de más de medio millón de personas en 2023 —y, más recientemente, flujos hacia el sur— supone un reto considerable. Aunque el nuevo régimen puede interpretarse como un mecanismo para reducir la vulnerabilidad de los migrantes frente a la violencia y la explotación, este artículo busca teorizar los conceptos de “migración de tránsito” y “país de tránsito”, así como analizar cómo las dinámicas regionales podrían redefinir el papel de Panamá.

El concepto de “país de tránsito” surgió en la década de 1990 para describir patrones migratorios complejos hacia Europa y otros destinos, y fue promovido por organizaciones como la OIM y agencias de la ONU. La migración de tránsito ha estado marcada por restricciones crecientes a las vías legales hacia destinos como EUA y Europa, así como por el fortalecimiento de los controles fronterizos. Aunque la movilidad humana no es nueva, la categoría de “país de tránsito” está estrechamente vinculada a políticas de externalización de fronteras. Tradicionalmente, los países se clasificaban como de origen o destino, pero las dinámicas migratorias y los intentos de controlarlas han dado lugar a una tercera categoría.

Inicialmente, este concepto describía flujos específicos —principalmente desde países vecinos de regiones desarrolladas—, pero hoy tiene un alcance global más amplio. La investigación actual incluye a países situados a lo largo de rutas migratorias, como Panamá, cuyas políticas migratorias y exteriores se centran cada vez más en la gestión del tránsito. Como resultado, más Estados comienzan a asumirse como países de tránsito dentro del sistema migratorio global.

Sin embargo, el concepto sigue siendo debatido. Algunas definiciones incluyen países con mayor emigración que inmigración, lo cual no aplica al caso panameño. Asimismo, aunque los países de tránsito suelen entenderse como lugares de residencia temporal, Panamá solo cumple parcialmente con esta definición. En realidad, ocupa una posición singular: mediante políticas como el flujo controlado, el Estado ha desarrollado un modelo en el que facilita y acelera activamente el movimiento de migrantes a través de su territorio. El nuevo Régimen Especial puede entenderse como una continuación de este enfoque, aunque con mayor flexibilidad y menor intervención estatal en el traslado de migrantes. Para acogerse a este régimen, los migrantes deben presentar un itinerario de salida dentro del plazo establecido.

No obstante, surge una pregunta clave: ¿por cuánto tiempo Panamá podrá seguir siendo un país de tránsito en los términos actuales? Cada vez más, los países de tránsito se convierten de facto en destinos, como muestran casos como Turquía, Túnez y México. Panamá también está experimentando transformaciones socioeconómicas debido a los cambios en los flujos migratorios. La disminución de llegadas ha afectado las economías locales en el Darién, donde muchas comunidades dependían de actividades vinculadas al tránsito migratorio. Este cambio probablemente incrementará la migración interna y acelerará la urbanización hacia la Ciudad de Panamá.

Al mismo tiempo, presiones externas podrían dificultar la gestión de los flujos, entre ellas el cierre de rutas hacia EUA, la limitada capacidad de países como Guatemala y México para reintegrar retornados, y el aumento de la violencia y de los eventos climáticos en Colombia y Ecuador. Estas dinámicas podrían impedir la contención migratoria, como se prevé en informes de la OIM. En este contexto, Panamá podría enfrentar una mayor presión para absorber e integrar a parte de estos migrantes, evitando el crecimiento de una población en situación irregular. De no ocurrir, el futuro del país como espacio de tránsito resulta incierto. ¿La securitización actual dará paso a enfoques menos restrictivos? ¿Podría la integración de migrantes impulsar el reequilibrio regional y promover estrategias de desarrollo más allá de una economía basada en el transitismo? Solo el tiempo lo dirá.

Inicialmente compartido en La Prensa*