Recientemente se hicieron públicos los resultados para 2019 del Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe, una encuesta que Transparencia Internacional ya realiza por décima vez en la región. En Panamá, la difusión de los resultados del Barómetro está a cargo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que recientemente se ha asociado con el CIEPS para el análisis de esta información. Con ocasión de lo anterior, pretendemos llamar la atención sobre dos aspectos de los resultados.

En primer lugar, que la distancia entre percepción de la corrupción y experiencia directa con la corrupción ha aumentado en la región y en Panamá. Este aumento de la percepción puede estar ocasionado por distintas razones, como el escándalo de Odebrecht o la insatisfacción de la población con los resultados sociales y económicos de los gobiernos, pero lo cierto es que las altas cifras son motivo de alarma para la legitimidad del sistema político.

En segundo lugar, frente a la idea de la corrupción como producto de un lobo solitario que se desvía de sus funciones en la oficina pública, viene tomando fuerza el reconocimiento de que en algunos lugares la corrupción pública no es producto de una anomalía o desviación, sino que en ocasiones es esperada por todos los actores, y que incluso puede volverse la regla de juego (Teorell, 2007; Köbis et al, 2016; Carson y Prado, 2016; Abbink et al, 2018). Las nuevas preguntas del Barómetro arrojan algo de luz sobre esta otra forma de concebir la corrupción.

Percepciones y experiencia directa con la corrupción

Un 56% de los panameños cree que la corrupción ha empeorado (la media de la región es de 53%). Además, resalta en los resultados que las respuestas a las preguntas de percepción y victimización directa tengan tanta distancia entre ellas. Por un lado, los resultados son alarmantes frente a la pregunta de cuántas personas pertenecientes a una institución cree que están involucradas en actos de corrupción, si “ninguna”, “algunas de ellas”, “la mayoría de ellas” o “todas ellas”. La oficina presidencial, el congreso, los oficiales de gobierno, los gobernantes locales, la policía, los jueces y los empresarios figuran con más de un 90% de percepción de que al menos “algunos de ellos” están involucrados en el fenómeno. Este número solo se reduce un poco en periodistas, líderes religiosos, ONG y banqueros. Pero a su vez, en lo que respecta a los resultados por experiencia directa, solo un 12,8% de todos los encuestados manifestaron pagar un soborno o favor ante la prestación de un servicio público. El porcentaje dista mucho de las cifras de percepción descritas en torno a las instituciones, lo cual revela un reto teórico y metodológico ya conocido: que las percepciones pueden ser explicadas por muchas otras razones distintas a la magnitud del fenómeno, y que la victimización directa puede no ser expresada en toda su dimensión debido a varios factores.

Por un lado, la evidencia recogida en torno a las percepciones podría responder solo a las diferencias en el nivel de cinismo frente al fenómeno, la identificación ideológica o no con el gobierno de turno, o la percepción de injusticia en torno a las relaciones políticas, sociales o económicas del lugar (Treisman, 2007: 215). Asimismo, puede consistir simplemente en un cuerpo de visiones establecidas que se validarían y se reforzarían gracias a la repetición entre los expertos. Si a todo esto sumamos los casos de corrupción de Odebrecht y la insatisfacción con los resultados sociales y económicos, tendremos pistas sobre el aumento de la percepción de la corrupción no solo en Panamá, sino también en el resto de la región.

En el caso de las preguntas de victimización directa, se debe advertir que no todas las personas querrán reconocer que han estado envueltas en intentos de soborno o en una dinámica corrupta, y que los reportes falsos no pueden ser controlados. El número de denuncias por exigencias de soborno puede variar de un país a otro, no solo por la recurrencia del fenómeno, sino también por la percepción de los actores de que denunciar no logra nada o puede implicar problemas (Svensson, 2005; Treisman, 2007; Olken y Pande, 2012), algo que la encuesta concibe al preguntar por ello. Solo el 11% de quienes pagaron un soborno lo denunció a las autoridades, y hasta un 59% de los encuestados teme represalias en torno a denunciar la corrupción.

La corrupción interpersonal y la corrupción como regla de juego

Köbis (2016) y otros autores creen necesario distinguir entre la corrupción interpersonal y los actos de corrupción donde un agente abusa de su poder público para obtener ganancias privadas. En la corrupción interpersonal, son múltiples agentes los que abusan del poder público para alcanzar ganancias privadas. Si toda acción corrupta implica un ejercicio de prospección y cálculo, entonces estos dos escenarios implican ejercicios psicológicos y sociales diferentes.

El Barómetro tiene una pregunta muy interesante para Panamá, y en el cuestionario está ubicada justo después de la que se refiere al pago de favores o regalos para recibir un servicio público: “¿Cuál fue la principal razón para pagar un soborno, dar un regalo o hacer un favor al servidor público?” Entre las respuestas posibles está el que el soborno fue pedido directamente (35%), que no se pidió, pero estaba implícito informalmente que debía realizarse el acto (17%), que se hizo para acelerar o mejorar el servicio (19%), y que se quería expresar gratitud (22%). Ante esto vale la pena recordar que en ciertos contextos la corrupción puede ser “la forma de hacer las cosas”, una práctica que es esperada o interiorizada por los actores involucrados, tal y como puede verse en algunas de las respuestas a esta pregunta.

Para Teorell (2007), lo que existe en común entre distintos casos de corrupción es un mecanismo informal que permite entender el uso de la oficina pública de esa forma por parte de los actores. En este caso, la corrupción dejaría de ser vista como resultado de un actor desviado, y más como una propiedad de la estructura de interacciones, explicando a su vez lo endémico de su existencia en ciertos espacios y por qué no existen soluciones rápidas o sencillas al fenómeno. De hecho, si a la interiorización del acto de corrupción añadimos una sanción no oficial en caso de no cumplirse el acto, estamos acercándonos al concepto de “institución informal de corrupción”, la idea de la corrupción como una regla de juego (García Rendón, 2018).

Que la encuesta se acerque a esa forma de corrupción es un paso al frente en el ejercicio de entender mejor la corrupción en nuestros contextos y cómo enfrentarla: ¿cuánto de un problema de control y cuánto de un problema de corrupción interpersonal compone el fenómeno de la corrupción en Panamá? ¿Se han desarrollado instituciones informales de corrupción en el país?

Un último punto es de especial preocupación para Panamá. Para que las instituciones informales se desarrollen y se consoliden, se necesita que en las expectativas de los actores esté presente que “todos se comportarán” de una forma en particular. Puede que no sea el caso; puede que la práctica esté mucho menos generalizada, pero la expectativa de que “es la forma de hacer las cosas” es suficiente para que todos los actores comiencen a comportarse así.

Un 90% de los encuestados cree que “la corrupción es un gran problema en el país”, la segunda cifra más alta de la región luego de Venezuela. En el caso de Perú, la inestabilidad y erosión de la legitimidad del sistema político, explicadas en gran medida por la desafección ciudadana y las denuncias constantes de corrupción, alarman sobre los riesgos que puede tener para la democracia panameña no atender a las crecientes cifras de percepción. Estas altas cifras pueden convertirse en una profecía autocumplida, en una bola de nieve que agrave las circunstancias en lugar de ayudar a resolverlas, afectando incluso la legitimidad de la democracia del país.

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Referencias

Abbink et al (2018). “The effect of social norms on bribe offers”. Journal of Law Economics and Organization, Volume 34, Issue 2, May 2018.

Carson, L. D., & Prado, M. M. (2016). “Using institutional multiplicity to address corruption as a collective action problem: Lessons from the Brazilian case”. The Quarterly Review of Economics and Finance, 62, 56-65.

García Rendón, Sergio (2018). Institucionalización informal de la corrupción en España. Tesis doctoral, Universidad de Salamanca.

Köbis, N. C., van Prooijen, J. W., Righetti, F., & Van Lange, P. A. (2016). “Prospection in individual and interpersonal corruption dilemmas”. Review of General Psychology, 20(1), 71.

Olken, B. A., & Pande, R. (2012). “Corruption in Developing Countries”. Annu. Rev. Econ., 4(1), 479-509.

Svensson, J. (2005). “Eight questions about corruption”. The Journal of Economic Perspectives, 19(3), 19-42.

Teorell, J. (2007). “Corruption as an institution: Rethinking the nature and origins of the grabbing hand”. QoG working paper series, 5.

Treisman, Daniel. (2007). “What Have We Learned About The Causes Of Corruption From Ten Years Of Cross-National Empirical Research?” Annu. Rev. Polit. Sci, 10, 211-44.