El próximo 1 de julio se instalará el nuevo Gobierno panameño que fue elegido en los comicios del pasado 5 de mayo. Laurentino Cortizo Cohen será el sexto presidente electo después de la invasión estadounidense con la que el país transitó a la democracia. Como es obvio, el nuevo Ejecutivo lleva sobre sus hombros las expectativas de la ciudadanía y debe afrontar una gran cantidad de retos. Para facilitar su identificación y seguimiento, podemos dividir la gestión gubernamental en tres grandes áreas: las políticas públicas, la institucionalidad y la gestión política.

Las políticas públicas (los resultados de la gestión)

Un pantallazo de los retos que tendrá el nuevo Gobierno en la gestión de las políticas públicas y su impacto en el bienestar de la población debe incluir asuntos como el empleo, el coste de la vida, la seguridad ciudadana, la salud y la educación. Estas seis cuestiones plantean desafíos enormes, y aquí nos referimos a cuatro de ellos.

Según fuentes oficiales, en Panamá solamente el 6% de la población económicamente activa está desempleada, pero esta deslumbrante cifra oculta el 43% de trabajo informal que hay en el país. Una persona que trabaja informalmente es víctima casi segura de relaciones laborales injustas, no goza de seguridad social y carece de estabilidad laboral, por lo que uno de los retos más grandes del nuevo Gobierno es que la trepidante dinámica económica panameña sirva para generar trabajos decentes que sean la base del bienestar de la población.

Otro de los grandes retos es la educación. Los últimos resultados que tiene Panamá de su participación en la prueba PISA son de 2009, cuando ocupó el puesto 62º de 65 participantes. Los asuntos que hay que atender son varios: entre ellos, el mantenimiento y adecuación de los centros educativos existentes y la construcción de nuevos y mejores; la nutrición de los estudiantes, sobre todo los rurales; las condiciones de trabajo de los docentes y su formación. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Panamá es uno de los países de Latinoamérica que menos invierte en su educación (alrededor del 3% del PIB). El reto es acercarse lo más posible al 6%.

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Por otro lado, una buena manera de acercarse rápidamente a la calidad de los servicios de salud es conocer la tasa de mortalidad infantil. Una sociedad que descuida a su niñez menor de un año, hasta el punto de dejarla morir, no es saludable. Después de una disminución en 2013 y 2015, la mortalidad infantil aumentó a una tasa de 14 por cada 1.000 en 2018, lo que coloca a Panamá junto a países como Honduras, Nicaragua, Guatemala, Bolivia o Venezuela. Superar la escasez y reducir el exorbitante coste de los medicamentos, además de rescatar la Caja de Seguro Social, serán desafíos que pondrán a prueba la capacidad del nuevo Gobierno para gestionar conflictos.

En cuanto a seguridad ciudadana, Panamá no es un país inseguro para los estándares latinoamericanos. Sin embargo, según datos del Barómetro de las Américas, la ciudadanía del país considera la inseguridad como el principal problema del país.

En este sentido, la tasa de homicidios es útil para poner en perspectiva la situación de inseguridad en el país, porque es un delito que siempre se registra. El año 2018 cerró con una tasa de 11 por cada 10.000 habitantes, lo cual es un gran avance si se toma en cuenta que en el año 2011 fue de 21. No obstante, las corrientes de opinión críticas del Gobierno complicaron la narrativa sobre la inseguridad al introducir temas como la violencia contra las mujeres, o argumentando que el hurto es el delito más denunciado en Panamá –en lugar de los homicidios–, aunque éste también disminuyó un 31% entre 2013 y 2018. El reto del nuevo Gobierno es que estas cifras continúen disminuyendo, teniendo en cuenta que la comprensión de la ciudadanía de este problema es ahora un poco más sofisticada.

La institucionalidad (el marco de la gestión)

La institucionalidad es la gran debilidad de Panamá. Así ha sido indicado recurrentemente en los informes de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, donde se puede ver que la situación del país es comparable con la de Jamaica y Colombia. Esta dimensión debe incluir el desempeño del país en cuanto a la percepción de corrupción, la eficiencia de la Administración pública, el respeto de las libertades políticas y civiles y la rendición de cuentas.

La corrupción y la ausencia de transparencia en todos los ámbitos son problemas graves en el país, que actualmente se encuentra en la posición 93ª de 180 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional (2018). Concretamente, la opinión pública ha señalado la Ley de Contrataciones Públicas y la ausencia de una ley de conflictos de interés como dos de las grandes fuentes de este fenómeno en el país; por ende, el nuevo Gobierno podrá dar señales inmediatas de su vocación por la transparencia abordando estos asuntos.

Otro gran problema institucional es la escasa rendición de cuentas. Aunque los gremios mediáticos más importantes del país insisten en calificar como “ataques a la libertad de expresión” hechos que no lo han sido, el Gobierno saliente no tuvo roces graves con los periodistas, por lo que la rendición de cuentas social es razonablemente vigorosa. El gran talón de Aquiles es la legal, que se expresa principalmente en los procesos de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y procuradores que, aunque hayan cumplido con los requisitos constitucionales, se han alejado de los procedimientos acordados en el Pacto de Estado por la Justicia, acordado en el año 2005.

Por último, aunque en general las libertades civiles y los derechos políticos son respetados en Panamá (Freedom House clasifica al país como libre), el país ha estado teniendo dificultades para reconocer los de las mujeres, los afro-descendientes y las minorías sexuales, entre otros.

La gestión política (la política de la gestión)

La opinión pública panameña se ha equivocado al señalar las políticas públicas como la principal debilidad del Gobierno saliente. En realidad, el problema central fue la gestión política, un aspecto fácilmente despreciado en Panamá debido a la obsesión de las principales corrientes de opinión con el crecimiento económico. Un rápido entendimiento de la gestión política del Ejecutivo implicaría evaluar las relaciones con el órgano legislativo (el principal problema del saliente), relativas a la alianza de gobierno, el cumplimiento de los principales compromisos de campaña, la gestión de los conflictos y la gestión de las comunicaciones.

En comparación con los dos gobiernos anteriores, la gran ventaja del entrante es que tendrá una mayoría legislativa propia, gracias a un aliado que se prevé poco exigente; por lo tanto, habrá unas relaciones más fluidas entre el órgano ejecutivo y el legislativo. En este sentido, su gran reto es gobernar sin asfixiar a la disidencia que se exprese institucionalmente; es decir, a la oposición. La consecuencia de usar la mayoría legislativa como una apisonadora podría ser que la oposición social al Gobierno se encuentre obligada a expresarse exclusivamente de manera extra-institucional y en las calles, lo cual genera otro reto: la gestión de la conflictividad.

Al contrario de lo que piensa la ciudadanía y de lo que comúnmente se cree en los países vecinos, la sociedad panameña es muy conflictiva. Tanto es así que la última medición conocida, hecha por el PNUD en 2012, arrojó que el país, cuya economía es la que más crece en Latinoamérica, era también el país más conflictivo ‘per cápita’ en la región. La recurrente –y al mismo tiempo explosiva– conflictividad panameña es producto de la combinación de un bajo capital social y una batalla sin cuartel por los recursos, en un país que produce mucha riqueza pero la distribuye mal. La anunciada inversión en minería, la ya mencionada necesaria reforma de la Seguridad Social y la crisis permanente del sector agropecuario son algunos de los asuntos que podrían generar movilizaciones conflictivas en los próximos años.

Luego de enumerar algunos de los principales retos del nuevo Gobierno, podría parecer redundante finalizar señalando el cumplimiento de los compromisos de campaña como uno de ellos, pero no lo es. Habiendo mencionado el déficit de rendición de cuentas, hay que añadir que, desde 2008, los gobiernos están legalmente obligados a presentar un Plan Estratégico de Gobierno (PEG) que suele coincidir menos de lo deseable con el presentado durante la campaña electoral.

De esta forma, uno de los principales retos del Gabinete entrante es no sólo formular un PEG equilibrado que atienda estratégicamente los principales problemas del país y que sea una herramienta útil para la planificación, sino lograr que el documento también descanse sobre la legitimidad política otorgada al plan de gobierno presentado, discutido y votado en las elecciones del 5 de mayo.

 

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Artículo originalmente publicado el 28 de junio de 2019 en Agenda Pública.