En los estudios de vulnerabilidad un principio fundamental ha sido que no se puede responsabilizar solamente a la amenaza, sino que en una sociedad también se debe considerar la sensibilidad y capacidad de adaptación. Y ha sido en este último punto que Panamá ha quedado en deuda al dejar de dar seguimiento a los esfuerzos emprendidos entre 2015-2016 por mejorar su resiliencia y seguridad hídrica implementando cambios necesarios como el ahorro y almacenamiento de agua, mejoras en las prácticas agrícolas y reforestación de nacientes. Ya hoy se están dando los impactos, y más allá de seguir lamentándonos debemos analizar lo que ha pasado a fin de evitar situaciones iguales o peores en el futuro cercano.

La conservación de los recursos hídricos, y el acceso universal al agua potable y al saneamiento, constituyen verdaderos desafíos para todos los pueblos del mundo, y el éxito o fracaso no ha dependido tanto de la cantidad de recursos sino más bien de los modelos de gestión pública. Como en varios otros países de la región, en Panamá ha sido virtualmente imposible acordar la construcción de una nueva institucionalidad, desde la Autoridad del Agua anunciada en 2011 hasta las variadas propuestas que hoy afloran en el calor de la campaña electoral. Esto le da mayor prestancia a la alternativa presentada recientemente por la Iniciativa Ciudadana Pro-Rescate del Agua – la creación de un Autoridad Nacional de los Recursos Hídricos siguiendo el modelo corporativo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

A medida que se van secando los reservorios, charcos y tanques de agua antes de mayo de 2024, se hace urgente propiciar una reflexión profunda, amplia y participativa sobre la gestión del agua a fin de que se pueda garantizar este preciado bien para las presentes y futuras generaciones, aprovechando las lecciones aprendidas de otros países y superando el enfoque ingenieril, economicista y tecnocrático que ha inspirado la construcción de masivas infraestructuras durante todo el Siglo XX. Como fuese reconocido por Stacey Langsdale y Hal Cardwell del propio Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos – United States Army Corps of Engineers (USACE) en 2022: Los actores claves deberían desempeñar un papel en las decisiones mayores sobre el suministro del agua y la gestión de recursos debido a que el agua es un bien público que afecta directamente sus vidas y su comunidad. Las decisiones acerca del agua necesitan reflejar los valores de la comunidad.

El análisis de los académicos norteamericanos reverbera en Panamá con la reciente crisis de la minería y los variados conflictos que se están dando con poblaciones indígenas en Panamá Occidental. A pesar de ello la gestión pública sigue adoleciendo de la capacidad de escuchar, analizar e incorporar las opiniones de diversos actores, incluso las de las propias instituciones gubernamentales que poseen diferentes misiones, visiones y mandatos.

El ordenamiento territorial es una de las área de política que refleja con mayor claridad la desarticulación de la gestión de los recursos hídricos, y el caos que se genera de anteponer las agendas particulares por encima del interés público – siendo la ciudad de La Chorrera quizás sea la muestra más fehaciente del desenfreno urbanístico. Al Plan Metropolitano le han sucedido instrumentos adicionales de gestión que parecieran estar completamente desvinculados como el Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Ambiental (Piota) de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de La Chorrera del Miviot y la Alcaldía de La Chorrera.

A pesar de la profusión de planes, normas y proyectos, al examinar la intersección con el sector de agua potable y saneamiento, saltan a la vista muchas preguntas aún sin responder: ¿Cómo garantizar el suministro de agua potable para la multitud de barriadas que hoy día están ahogando a La Chorrera? ¿Cómo lograr la restauración ecológica del río Caimito con los desagües que se vierten a todo lo largo de su cauce? ¿Cómo asegurar la salud de la población con los tóxicos agroquímicos que caen en los ríos, quebradas y humedales que abastecen las tomas de agua?¿Cómo evitar inundaciones si las barriadas y centros comerciales han invadido las servidumbres de los cursos de agua? ¿Cómo acomodar las necesidades de vivienda de todas las familias de Coclé y Capira que han estado creando asentamientos informales en Panamá Oeste incluso antes de empezar cualquier nueva construcción en la cuenca del río Indio?

Como recomendara el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, en su informe de julio de 2023: En la medida en que se trata de gestionar un bien común del que dependen los derechos humanos, los Estados deben garantizar la gobernanza democrática del agua adoptando un enfoque de derechos humanos, por lo que deben garantizar la transparencia, la participación pública y la rendición de cuentas durante las fases de planificación y ejecución, evitando cualquier discriminación intencionada o no.

Al pensar en construir una nueva institucionalidad del agua y enfrentar los desafíos del cambio climático, quizás lo mejor sea escuchar las voces de quienes viven en la marginación y pueden sufrir los impactos de cualquier equivocación. Esto no solo nos permitiría descubrir las responsabilidades que subyacen bajo la variabilidad climática sino mucho más importante, buscar en conjunto soluciones innovadoras, justas y participativas para la economía del Siglo XXII.

 

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Originalmente publicado en el diario La Prensa el 22 de enero de 2024.