Luego de meses de presentaciones, diálogos y debates, la comisión multisectorial encargada de proponer cambios a los más de 30 salarios mínimos que rigen nuestro mercado laboral no logró llegar a un consenso. Como resultado, el Gobierno ahora tiene la potestad de proponer antes del 31 de diciembre ajustes a estos salarios, o congelarlos.

A pesar de que las grandes diferencias de intereses de los miembros de la Comisión impidieron nuevamente una propuesta de país sobre esta importante política pública, parece existir un consenso entre ellos de que esta decisión debe tener fundamentos técnicos. Para un economista formado, que lee reportes de evaluación de políticas públicas y revisa datos administrativos y estadísticas oficiales, este consenso es un gran avance en nuestro entendimiento de cómo se deben desarrollar e implementar este tipo de decisiones.

Diversidad de visiones: ¿Para qué necesitamos un salario mínimo?

Desafortunadamente, es imposible embarcarnos en un análisis técnico si no tenemos una visión consensuada sobre el objetivo del salario mínimo. En general, existen 3 visiones sobre esta política pública.

Las declaraciones del sector empresarial expresadas en los medios de comunicación parecen indicar que para ellos, esta política busca recompensar a los trabajadores que han aumentado su productividad. Es decir, que en lugar de que cada empresa realice esta tarea independientemente, la Comisión sirve como un mecanismo eficiente y colectivo de revisión de productividad laboral que ayudaría a decidir sobre ajustes salariales individuales.

Por su parte, los representantes de gremios de trabajadores apuntan a la necesidad de remediar fallos en el mercado que hacen que los salarios sean estáticos y no respondan con suficiente agilidad ni a cambios de productividad ni a los aumentos de precios. Es decir, que en lugar de acuerdos sectoriales, la Comisión viene a remediar el limitado poder de negociación que tienen muchos sindicatos panameños, en particular en el sector agropecuario y de ocupaciones profesionales que requieren de estudios universitarios.

Por último, el fundamento legal de este salario mínimo (que encontramos tanto en la Constitución y en el Código de Trabajo) apunta a la necesidad de reducir injusticias sociales y desigualdades que entendemos crea el sistema de mercado laboral.

Con tal diversidad de objetivos, simples cifras a secas no serán suficientes para tomar una decisión de esta envergadura. Hace falta una visión de Estado sobre el salario mínimo -quizá la ya planteada en nuestra Constitución- que sea reconocida, valorada y comunicada asertiva y constantemente por el Gobierno.

Limitadas fuentes de datos

La petición de utilizar un fundamento técnico para tomar esta decisión enfrenta otra gran barrera. Mientras que las estadísticas oficiales nos ofrecen una visión completa –aunque desactualizada– de los ingresos, costos y capital de las empresas, las cifras disponibles sobre los trabajadores continúan siendo de limitado acceso al público en general o no existentes.

Sí sabemos, por ejemplo, que de 2012 a 2017 (las últimas cifras oficiales disponibles), las remuneraciones por trabajador de las más de 8,000 empresas participantes en la Encuesta a empresas no financieras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) aumentaron en un 29.8%. Sin embargo, los estimados sobre el costo total de la vida, capacidad de ahorro, inversiones y acceso a transferencias de ingresos de los trabajadores están guardadas en repositorios oficiales que requieren de extensos procesos para poder ser adquiridos y luego analizados, creando múltiples interpretaciones y estimaciones. En efecto, la falta de datos en sí misma nos obliga a enfocar esta política en los datos con los que sí contamos.

Por ejemplo, una de las pocas cifras de fácil acceso sigue siendo el reporte del precio de la canasta básica del Ministerio de Economía y Finanzas. Por estar disponible para todos los ciudadanos en Internet, esta cifra se utiliza como el más importante indicador del costo de la vida de los panameños. En efecto, muchas de las discusiones en los medios sugieren que el salario mínimo debe ser similar a la factura de supermercado de la compra de ciertos alimentos que el MEF ha determinado son suficientes para la subsistencia de una familia. Es decir, alrededor de $310 por mes en Panamá y San Miguelito. A pesar de lo limitado de este concepto de costo de la vida, este suelo salarial beneficiaría a los 113,459 trabajadores que, según el INEC, generan menos de $250 al mes y no pueden siquiera costear el mínimo nivel de sobrevivencia alimenticia.

Por último, sabemos que el incremento en ingresos por empresa fue de un 6.3% de 2012 a 2017, muy por debajo del incremento en remuneraciones. Sin embargo, el valor del patrimonio o capital por empresa incrementó en un 54.2% en el mismo periodo. Estas cifras explican los resultados del más reciente análisis de la participación del ingreso laboral en nuestro Producto Interno Bruto que realizó la Organización Internacional del Trabajo en Julio 2019. Este reporte encuentra que luego de grandes avances en el peso de los salarios en nuestra economía durante la década de los 90, entre 2004 y 2017, esta contribución se desplomó de un 46.1% a un 30.3%. En este mismo periodo, el promedio para América Latina se mantuvo entre un 47% y un 51%. Esto a pesar de que Panamá registró uno de los niveles más altos de productividad de toda América Latina en este periodo, según el Penn World Table.

 

 

Esta dinámica nos puede ayudar a entender cómo las mejoras en el desempeño macroeconómico de los últimos veinte años no se han traducido en incrementos proporcionales en ingresos de los trabajadores. Para ser claros, los datos sugieren que desde 2004 hay una mayor participación de capital en el PIB. Esto se asocia con una mayor desigualdad en la distribución personal de ingresos, una posible erosión en el apoyo a las políticas económicas orientadas al mercado, reducción en el consumo de los hogares, y baja inversión en el sector privado. Aún más, esto podría aumentar la necesidad de transferencias de efectivo a hogares que no pueden cubrir sus necesidades básicas de vivienda, salud ni alimentos.

Conclusión: Políticas públicas con visión consensuada

A falta de una visión consensuada y un débil sistema estadístico, nuestras políticas públicas padecen del anecdotismo y son informadas por cualquier estadística que podamos encontrar en el Internet sin demoras. En el caso del salario mínimo, el espíritu planteado en la Constitución del rol del Estado en intervenir en las actividades privadas para “hacer efectiva la justicia social” (artículo 284) es poco reconocido y valorado. Este vacío de liderazgo crea una ambigüedad sobre los objetivos de esta política y sobre cómo medir sus costos y beneficios. Por su parte,  las limitadas estadísticas disponibles tienen el efecto de enfocar el debate nacional en las muy necesarias consideraciones sobre productividad, pero dejando a un lado temas como el bienestar general de los trabajadores, su estabilidad financiera y vulnerabilidad a cambios macroeconómicos.